Falta de investigación sobre las amenazas de muerte dirigidas a defensores y defensoras de derechos humanos
El 28 de enero de 2017, el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Díaz, recibió un correo electrónico de parte de un grupo autodenominado “Comando Gral Pedro Barneix”. En el correo electrónico, el grupo amenazó de muerte a trece personas, incluyendo una autoridad estatal, dos operadores de justicia y diez defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan directamente en casos sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura en Uruguay. Ha transcurrido más de un año desde la primera vez que se tuvo conocimiento de las amenazas, pero la investigación no ha producido ningún tipo de resultados, a pesar de las múltiples comunicaciones que las personas amenazadas han dirigido a la autoridades, con el fin de que se sancionen a los responsables.
El Dr. Pablo Chargoñia es abogado especializado en casos de Terrorismo de Estado en Uruguay. Él trabaja en procedimientos judiciales de crímenes de lesa humanidad y acompañamiento de víctimas desde el año 2000. En Uruguay, graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985) continúan en la impunidad, en parte debido a la actuación ilegítima de servicios de inteligencia militar que protegen a los autores de los crímenes. En años pasados, Pablo ha recibido amenazas por el trabajo que realiza. En febrero de 2017, el autodenominado “Comando Barneix” amenazó con asesinar a 13 personas vinculadas a los DDHH, entre los que se encuentra el Dr. Chargoñia. El caso motivó la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La justicia uruguaya no ha identificado a los autores de las amenazas y el Estado uruguayo no ha adoptado ninguna medida de protección respecto de su integridad física. Durante años el Dr Pablo Chargoñia ha colaborado con el Observatorio “Luz Ibarburu”, una red de organizaciones sociales de Uruguay que tiene como finalidad promover causas penales por violaciones a derechos humanos durante la dictadura uruguaya, así como garantizar el acceso a la información del público general.
El 28 de enero de 2017, el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Díaz, recibió un correo electrónico de parte de un grupo autodenominado “Comando Gral Pedro Barneix”. En el correo electrónico, el grupo amenazó de muerte a trece personas, incluyendo una autoridad estatal, dos operadores de justicia y diez defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan directamente en casos sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura en Uruguay. Ha transcurrido más de un año desde la primera vez que se tuvo conocimiento de las amenazas, pero la investigación no ha producido ningún tipo de resultados, a pesar de las múltiples comunicaciones que las personas amenazadas han dirigido a la autoridades, con el fin de que se sancionen a los responsables.
Pablo Chargoñia, Louis Joinet, Jair Kirshke, Belela Herrera y Francesca Lessa son algunas de las personas defensoras de derechos humanos que han recibido amenazas de muerte, ellos han estado vinculados al Observatorio Luz Ibarburu, una organización que monitorea y apoya los casos de justicia transicional sobre violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la dictadura en Uruguay, además de promover el cumplimiento efectivo de decisiones, tanto nacionales como internacionales, sobre dichas violaciones. Otras de las personas que fueron amenazadas de muerte en el correo electrónico son Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, y Hebe Martínez Burlé; ellos han trabajado de manera independiente representando a personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, tales como tortura, abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura en Uruguay. Asimismo, también fueron señalados en el correo, el actual Ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, el Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Jorge Díaz y la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay Mirtha Guanze, quien en su antiguo cargo de fiscal, presentó una apelación en un caso sobre un asesinato cometido durante la dictadora donde solicitó la derogatoria de la ley de amnistía.
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Las amenazas de muerte fueron enviadas a través de una dirección de correo electrónico diciendo lo siguiente: “El suicidio del Gral. Pedro Barneix no quedará impune”. El General Pedro Barneix, quien fue asignado como responsable de la investigación de detenciones y desapariciones durante la dictadura, se suicidó el 2 de septiembre de 2015. El Fiscal Jorge Díaz, una de las personas amenazadas, compartió que en el mismo mensaje señalaba también: “no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista". El mensaje fue enviado a través de una plataforma tecnológica llamada TOR, que dificulta las posibilidades de rastrear el origen del mensaje, ya que pasan por servidores ubicados en distintos países.
A pesar de que ha pasado más de un año, el gobierno uruguayo no ha proporcionado ningún tipo de información sobre el estatus de la investigación en relación a las amenazas recibidas o los responsables de las mismas. La investigación ha sido limitada e insuficiente, además de que el Estado no ha proporcionado ninguna medida para la protección de las personas amenazadas. Francesca Lessa se fue de Uruguay, ya que no existían las medidas de seguridad necesarias para garantizar su seguridad personal y así poder continuar su trabajo en el país.
Varias organizaciones a nivel nacional e internacional han condenado dichas amenazas de muerte. El 1 de marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación a través de un comunicado de prensa, en el cual instó a Uruguay a adoptar medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad de las personas amenazadas. Más aún, el 25 de mayo de 2017, la CIDH sostuvo una audiencia pública para discutir las amenazas al ejercicio de la justicia en Uruguay, sin embargo, la delegación uruguaya no asistió a dicha reunión. La CIDH calificó como “preocupante” la ausencia de la delegación uruguaya.
Se está desarrollando un patrón de amenazas de muerte en contra de aquellas personas, incluyendo defensoras y defensores, que trabajan en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Uruguay. En 2016, personas desconocidas robaron información y evidencias de la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Universidad de la República. El equipo de investigación ha realizado excavaciones de cuerpos que fueron objeto de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura. Este grupo de antropólogos también ha recibido amenazas de muerte. Asimismo, en octubre de 2017, personas desconocidas intentaron acceder en varias oportunidades a las áreas de excavación en donde los antropológos estaban exhumando cuerpos de víctimas, que sufrieron desapariciones forzadas en el Batallón 13 y el Grupo de Artillería Antiaérea N°1. De igual manera, el 18 noviembre 2017, Jorge Díaz recibió otra amenaza de muerte de un grupo que se autodenomina “Comando de Restauración Nacional.” A través de una llamada telefónica, un vocero de este grupo afirmó que el Fiscal iba “a morir en la calle”. Hasta la fecha, estos incidentes no han sido debidamente investigados y sancionados por parte de las autoridades uruguayas.
Front Line Defenders condena categóricamente las amenazas de muerte en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como también en contra de operadores de justicia en Uruguay. Asimismo, Front Line Defenders expresa su preocupación sobre la existencia de un clima de impunidad y la falta de un ambiente seguro para las defensoras y los defensores de derechos humanos que trabajan específicamente en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Uruguay.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Uruguay a que:
1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pablo Chargoñia, Louis Joinet, Jair Kirshke, Belela Herrera, Francesca Lessa, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, Jorge Menéndez, Jorge Díaz y Mirtha Guianze, en concordancia con las necesidades y preferencias de las defensoras y los defensores;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte en contra de Pablo Chargoñia, Louis Joinet, Jair Kirshke, Belela Herrera, Francesca Lessa, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, Jorge Menéndez, Jorge Díaz y Mirtha Guianze, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Garanticen, bajo cualquier circunstancia, que los defensores y defensoras en Uruguay puedan seguir con sus actividades de defensa de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.
