Hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios del estado Lara contra personas defensoras de derechos humanos

Desde el 10 de octubre 2019 se han intensificado las intimidaciones y amenazas por parte de altos funcionarios regionales e integrantes de la policía contra miembros de la REDHELARA. Estos ataques se dan en un contexto de crisis económica y humanitaria en la que el trabajo de los defensores y defensoras se muestra crucial para informar a la población y defender sus derechos.

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La Red de Derechos Humanos del Estado Lara (REDHELARA) agrupa a 17 organizaciones no-gubernamentales en el estado de Lara, Venezuela. La red actúa coordinando esfuerzos para promocionar los derechos humanos y acompañando a personas defensoras de derechos humanos en un estado que ha sufrido de particularmente las repercusiones de la crisis política y humanitaria en Venezuela. REDHELARA apoya a defensores y defensoras que han enfrentado ejecuciones extrajudiciales de familiares, detenciones arbitrarias, y represión policial en el ámbito de la libertad de expresión y asociación.

El 10 de Octubre de 2019, Alcides Pérez acudió a documentar los trabajos de mantenimiento y recuperación de los alimentadores de agua que habían sido pedidos por los ciudanos de Iribarren después de 9 meses. Cuando se encontraba realizando el registro fotográfico y audiovisual de las labores, fue abordado por un grupo personas vinculadas al Partidos Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dependientes de la Gobernación del Estado Lara y de la Alcaldía del municipio Iribarren. Los mismos le insultaron por sus denuncias en medios de comunicación por la falta de acceso a energía y agua e intentaron despojarlo de su teléfono.

El 15 de octubre de 2019, el defensor de derechos humanos, José Miguel Romero organizó una protesta por el cambio arbitrario y sin consulta de nombre de una parroquia importante en Barquisimeto. Días después, la integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se acercaron a su comunidad, preguntando repetidamente a vecinos y familiares por una persona con su descripción física como forma de intimidación. En pasado, José Miguel Romero ha sido detenido por más de 8 horas por participar en protestas pacíficas y obligado a firmar un documento en el cual se le impedía participar en asunto políticos, marchas, ni protestas.

Omar Escalona ha realizado denuncias por el retraso de las investigaciones y la impunidad en casos de personas ejecutadas extrajudicialmente tras realizar protestas en El Tocuyo. El 15 de octubre de 2019, recibió un acercamiento por parte de un alto funcionario de la alcaldía del municipio Morán quien le advirtió de cuidarse, porque existe una lista de 40 “Guarimberos” (Guarimba - término que en la actualidad venezolana refiere a una protesta organizada) realizada por la alcaldesa del municipio, Gisela Rodríguez, a los cuales les enviaría el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales - un comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela).

Es de especial preocupación el uso de las FAES para intimidar y amenazar a personas defensoras de derechos humanos. Según datos a los que ha tenido acceso Front Line Defenders, entre agosto de 2018 y 2019, dichas fuerzas armadas han asesinado extrajudicialmente a 238 personas en el estado de Lara. Es importante recordar que durante la última visita de la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, solicitó al Estado venezolano la disolución de este cuerpo y la respectiva investigación para los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, así como de los colectivos armados, en su Informe al Consejo de Derechos Humanos.

Asimismo, Front Line Defenders muestra su preocupación ante el hecho de que los jefes de Estado y funcionarios públicos hagan uso de su autoridad para amenazar e intimidar a personas defensoras de derechos humanos, ya que esto genera un clima desfavorable para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Asimismo, Front Line defenders muestra con especial preocupación que, de forma sistemática, las autoridades han minado la libertad de expresión, lo que afecta a todas las personas defensoras de derechos humanos que han hablan o documentan de manera pública sobre violaciones a los derechos humanos, llegando a incidir en las esferas privadas de los mismos, por medio de vigilancia e intimidación con sus familiares.