Tribunal ordena liberación inmediata de defensores indígenas y ambientales de Huehuetenango

El 22 de julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo de ciudad de Guatemala ordenó la liberación inmediata de los Sres Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Mynor López, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez. Los siete líderes indígenas y defensores de derechos ambientales estuvieron detenidos entre uno y tres años bajo cargos infundados motivados por su oposición pacífica a proyectos extractivos e hidroeléctricos en Huehuetenango. Los casos de los 7 de Huehuetenango fueron recientemente agrupados en un solo proceso y las audiencias públicas empezaron el 6 de julio de 2016.

Los defensores de derechos humanos han sido mediadores en conflictos entre pueblos indígenas y autoridades estatales, en particular en lo que concierne la construcción de hidroeléctricas con apoyo gubernamental en Santa Cruz Barillas. La compañía Hidro Santa Cruz, subsidiaria guatemalteca de una companía española, empezó estas construcciones en el 2008.

En septiembre de 2013, el defensor de derechos humanos Mynor Manuel López fue arrestado después de que acusaciones sin fundamento fueron hechas en su contra por trabajadores de la subsidiaria local de la compañía energética Ecoener Hidralia Energía. El defensor estuvo detenido en la prisión de Huehuetenango por casi tres años. Entre enero y junio de 2015, los defensores de derechos humanos Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez también fueron arrestados en base a acusaciones sin fundamento en lo que parece haber sido una forma de represalia en su contra debido a su trabajo pacífico a favor de los derechos humanos y su rol como autoridades indígenas tradicionales en sus comunidades.

Las acusaciones hechas en contra de los defensores estuvieron aparentemente motivadas por su participación en varias protestas pacíficas en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Trabajadores de la empresa Hidro Santa Cruz, funcionarios públicos del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia y el ex alcalde del municipio de Santa Eulalia interpusieron denuncias contra los defensores. La Fiscalía basó ampliamente su investigación en un documento que les facilitó la compañía Hidro Santa Cruz; en este documento se acusa a los defensores de derechos humanos de formar parte de una red criminal en Huehuetenango. Los defensores permanecieron en prisión por la totalidad del proceso judicial.

El 22 de julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo en ciudad de Guatemala, presidido por la Jueza Yassmín Barrios, ordenó la liberación inmediata de los 7 de Huehuetenango. Por decisión unánime, los jueces absolvieron a Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar y Mynor López de todos los cargos. Por decisión mayoritaria, los jueces declararon culpable a Bernardo Ermitaño López del delito de "obstrucción a la acción penal" y a Rigoberto Juárez culpable de "coacción". Sin embargo, los jueces ordenaron la liberación de ambos defensores dado al tiempo que ya habían pasado en prisión. La Jueza Presidenta Yassmín Barrios, una jurista de renombre internacional quien hizo historia con su veredicto en el caso de genocidio en contra del General Efraín Ríos Montt, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de los otros jueces de declarar culpables a los dos defensores de tales delitos. La Jueza Barrios también recalcó el rol de los jueces en lo que respecta la búsqueda de la verdad, la aplicación de la ley y el deber de operadores de justicia de no actuar en beneficio de intereses privados.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar todavía deben hacer frente a otras acusaciones relacionadas a una protesta anterior que habrían organizado frente a la hidroeléctrica de San Luis. La primera audiencia está prevista para abril de 2017.

Los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala están sistemáticamente sujetos a hostigamientos judiciales sin fundamento con el solo propósito de socavar su trabajo, deslegitimar las causas que defienden y dañar su credibilidad. El trabajo pacífico de defensoría de derechos humanos centrado alrededor de organizar y movilizar comunidades para abogar por intereses comunes ha sido estigmatizado por medios de comunicación y autoridades gubernamentales en numerosas ocasiones. La Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas ha notado que "una de las deficiencias más serias en términos de protección de derechos humanos en los últimos años es la tendencia a usar leyes y el sistema judicial para penalizar y criminalizar la protesta social y las demandas legítimas formuladas por organizaciones indígenas y movimientos en defensa de sus derechos".

Las observaciones de la Relatora coinciden con los hallazgos presentados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos", en el cual se identifica el uso de detenciones arbitrarias como un mecanismo que impide el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en momentos cruciales para las causas por las cuales luchan. La Comisión también identificó una estrategia a través de la cual a los defensores se les imputan cargos serios, tales como homicidio o secuestro, para asegurarse que permanezcan en detención preventiva durante todo el proceso judicial.

Front Line Defenders recibe con agrado la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de liberar a los siete defensores de derechos humanos después del período prolongado e injustificado de detención; sin embargo, condena la decisión de confirmar los cargos en contra de Bernardo Ermitaño López y Rigoberto Juárez. Front Line Defenders espera que, de acuerdo a las normativas internacionales a las que Guatemala ha suscrito, el Estado compense de forma apropiada a los defensores, quienes permanecieron injustamente en prisión.