Asesinato del defensor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientalista Juan Ontiveros Ramos

El 1 de febrero de 2017, el cuerpo del defensor de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente Juan Ontiveros Ramos, del pueblo Rarámuri, fue encontrado en la municipalidad de Guadalupe y Calvo, estado de Chihuahua.

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El 31 de enero de 2017, un grupo de hombres armados interceptaron el vehículo  que conducía Juan Ontiveros Ramos, en el cual su hermano también se encontraba a bordo. Ambos fueron golpeados brutalmente, el defensor fue secuestrado por los agresores y su hermano fue abandonado en el mismo sitio con el vehículo. El 1 de febrero de 2017, el cuerpo de Juan Ontivero Ramos fue encontrado en Guadalupe y Calvo.

Anteriormente, el 20 de enero de 2017, el defensor de derechos humanos había participado en una reunión con integrantes de las organizaciones no-gubernamentales Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), así como autoridades gubernamentales, incluyendo representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El objetivo de la reunión era discutir la situación de seguridad de la comunidad de Choreáchi así como las amenazas que pesan sobre sus tierras ancestrales.

El 2 de febrero de 2017, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua declaró que “ya se tiene plenamente identificado al autor material del crimen que pertenece a la misma etnia y otro cómplice, quienes ya son buscados por agentes ministeriales.” Asimismo, el comunicado señala que “(e)n la indagatoria realizada por el agente del Ministerio Público se establece que el crimen es de carácter personal”. Front Line Defenders expresa su honda preocupación respecto al tono definitivo de estas declaraciones del Fiscal General tan sólo un día después del asesinato del defensor, ya que indica la ausencia de una investigación exhaustiva, imparcial y transparente. Además, la familia del defensor no fue informada de estas alegaciones antes de que fuera hechas públicas por la FGE, contrario al protocolo establecido. En su Segundo Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció buenas prácticas para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derecho humanos, las cuales incluyen tomar en cuenta posibles represalias contra el trabajo de derechos humanos de personas defensoras como una línea de investigación así como la obligación de las autoridades de proteger a sus familiares.

El asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos se da tan sólo dos semanas después del asesinato del ganador del Premio Goldman 2005 Isidro Baldenegro, un defensor del medio ambiente y de los derechos del pueblo indígena Rarámuri quien también combatió la tala ilegal en la Sierra Tarahumara.

Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontivero Ramos, así como la persecución sistemática y la violencia contra defensores y defensoras indígenas y del medio ambiente y sus comunidades en Sierra Tarahumara. Front Line Defenders hace eco de las declaraciones del Relator Especial de la ONU para personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst. En su reciente visita a México este año, el Relator subrayó la importancia de llevar ante la justicia a los responsables del asesinato de Juan Ontivero Ramos e Isidro Baldenegro, así como combatir la impunidad por crímenes contra personas defensoras como medida preventiva ante futuras agresiones.

Front Line Defenders insta a las autoridades de México a que:

1. Condenen enérgicamente el asesinato de Juan Ontivero Ramos;

2. Efectúen una investigación inmediata, rigurosa e imparcial sobre el asesinato de Juan Ontivero Ramos, en vista a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de acuerdo con estándares internacionales, en particular estándares definidos por la CIDH en relación a la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos los cuales incluyen considerar posibles represalias contra su trabajo de derechos humanos como una línea de investigación y proteger a sus familiares a través de la investigación;

3. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con los defensores y defensoras, para salvaguardar la integridad física y psicológica de otros defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente trabajando en la Sierra Tarahumara, así como sus familiares, incluyendo a través de la implementación de las medidas cautelares no. 60-14 otorgadas por la CIDH;

4. Tomar todas las medidas necesarias para que funcionarios del Estado se abstengan de hacer declaraciones que comprometan la integridad, transparencia e imparcialidad de la investigación del asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontivero Ramos;

5. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en México puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.