Deportación de Ana Quirós
Las autoridades nicaragüenses deportaron a la mujer defensora de derechos humanos Ana Quirós, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, el 26 de noviembre de 2018. Su deportación ocurrió como parte de una campaña de desprestigio más amplia y represión contra los movimientos feministas en Nicaragua.
Ana Quirós es una defensora de derechos humanos feminista, experta en salud pública y directora de la organización no gubernamental Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS). Es ciudadana de Costa Rica y naturalizada nicaragüense, y trabajó los últimos 40 años en Nicaragua, donde promueve a los derechos socioculturales, especialmente el derecho a la salud.
Las autoridades nicaragüenses deportaron a la mujer defensora de derechos humanos Ana Quirós, de nacionalidad costarricense y nicaragüense, el 26 de noviembre de 2018. Su deportación ocurrió como parte de una campaña de desprestigio más amplia y represión contra los movimientos feministas en Nicaragua.
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La defensora de derechos humanos Ana Quirós recibió una citación para acudir a la Dirección General de Migración y Extranjería, en la cual fue esposada y detenida en la prisión junto a presos políticos El Chipote por más de cinco horas. La defensora fue deportada a Costa Rica el 26 de noviembre de 2018, sin que fuera aplicado un proceso formal o la posibilidad de defensa legal. Durante el período, no fueron dadas informaciones acerca de su paradero. El caso fue observado por el Consulado de Costa Rica, que argumentó en favor de Ana Quirós.
Se cree que dicha deportación es una represalia por su participación en una conferencia de prensa de los movimientos feministas de Nicaragua en Managua, donde anunciaron la suspensión de una protesta que había sido planeada para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2018. El 23 de noviembre de 2018, un número de líderes feministas fueron impedidas de entrar en la oficina de la policía en Managua, donde intentaban solicitar el permiso para la protesta.
La deportación de Ana Quirós ocurrió en seguida a intentos de debilitar a los movimientos feministas de Nicaragua. El 23 de noviembre, la vicepresidente de Nicaragua Rosario Murillo hizo un discurso en lo cual retrataba a las mujeres feministas como responsables por los crímenes cometidos en Nicaragua durante insurgencias recientes. Ella demandó punición por sus actos de “egoísmo, vanidad y ceguera interesada”.
El mismo día, fue prohibido un carnaval tradicional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que ha ocurrido en la ciudad de Matagalpa por los últimos 25 años. A pesar de haber consentido previamente a la marcha, la policía ocupó a los puntos de encuentro y a la sede del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, para impedir a la asociación de personas.
Las defensoras de derechos humanos feministas Ana María Ara y María Jesús Ara, de España, y Beatriz Uber, de Suiza, integrantes del Colectivo de Mujeres de Matagalpa, tuvieron sus cédulas de residencia revocadas y sus procesos de ciudadanía terminados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). También fueron forzadas a firmar un documento donde se comprometían a no participar en actividades políticas y a presentarse a las autoridades a cada 15 días.
Front Line Defenders expresa preocupación por el uso de la censura previa a las manifestaciones sociales por las autoridades nicaragüenses, y las acciones de la Dirección General de Migración y Extranjería de acoso a mujeres defensoras de derechos humanos. Front Line Defenders sigue especialmente preocupada por la deportación de la defensora de derechos humanos nicaragüense Ana Quirós, debido a la ausencia de un proceso formal en su caso y a la falta de cualquier previsión legal que permita la deportación de nacionales.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a:
1. Revocar de forma inmediata e incondicional a la deportación de Ana Quirós;
2. Restablecer de forma inmediata e incondicional a las cédulas de residencia de las defensoras de derechos humanos Ana María Ara, María Jesús Ara, y Beatriz Uber, y garantice su protección mientras estén en Nicaragua;
3. Tomar medidas para garantizar que los funcionarios públicos se abstengan de publicar comunicados o declaraciones que estigmaticen la legítima labor de las personas defensoras de derechos humanos;
4. Tomar todas las medidas necesarias para permitir el ejercicio de los derechos de libre asociación y reunión pacífica en Nicaragua, especialmente por las mujeres defensoras de derechos humanos;
5. Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
