Persecución judicial contra Miller Dussán
La próxima audiencia en el juicio a el Sr. Miller Dussán, defensor de derechos humanos colombiano, tendrá lugar el 6 de febrero de 2017 en la Corte Municipal de Garzón, Huila. El defensor del derecho del ambiente y a la tierra, Miller Dussán enfrenta dos cargos por causa de sus tareas pacíficas, y actualmente enfrenta dos cargos y corre riesgo de ser encarcelado por más de diez años.
Miller Dussán es un líder de la comunidad, profesor de la Universidad Sur Colombiana y presidente de ASOQUIMBO (Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo). Esta organización consiste de un colectivo de campesinos, pescadores, trabajadores y familias locales que desde el 2009 resisten la construcción de la represa El Quimbo mediante protestas pacíficas, piquetes, y campañas de incidencia.
El 6 de febrero de 2017, el fiscal recomendó, en la corte de Garzón, que se retirasen los cargos contra Miller Dussán Calderón y Elsa Ardilla, defensor y defensora de los derechos humanos. También informó que se dará a conocer el veredicto final el 22 de febrero próximo.
Miller Dussán Calderón y Elsa Ardilla son, respectivamente, director y ex directora de ASOQUIMBO, organización que protesta contra la represa de El Quimbo desde el 2009. Este proyecto hidroeléctrico es operado por la compañía local EMGESA, subsidiaria de la multinacional italiana ENEL. Más de 11.000 personas fueron desalojadas y miles de pescadores perdieron sus medios de vida por causa de la represa.
En noviembre de 2015, EMGESA acusó a Miller Dussán Calderón y Elsa Ardila de obstruir la vía pública y alterar el orden público. Estas acusaciones, que conllevan entre dos y cinco años de cárcel, se refieren a una movilización llevada a cabo en el 2012, organizada por varias ONG y organizaciones de la sociedad civil locales, entre ellas ASOQUIMBO, para protestar contra el daño causado por EMGESA a un puente ubicada en esa área.
Durante la audiencia del 6 de febrero de 2016, el fiscal manifestó que las acusaciones deberán ser dejadas sin efecto porque la obstrucción de la vía pública fue consecuencia de una manifestación pacífica y que no hubo acciones violentas ni ilegales. El Ministerio Público también precisó que proceder con el juicio constituiría una “limitación a la libertad de expresión, asociación y del derecho a la protesta”.
El abogado que representa a la compañía EMGESA declaró que aceptaría la decisión del juez y que no apelaría. En el comunicado de prensa publicado después de la audiencia, ASOQUIMBO manifiesta:
"Por su parte, Diego Fernando Rubiano Socadagui, actuando en representación de la supuesta “víctima” EMGESA S.A (Grupo Enel Colombia), expresó que no se oponía a la solicitud de preclusión y se atenía a lo que decida el Juez. Esta postura obedece a nuestro juicio a la campaña y presión ejercida por quienes suscribieron el Manifiesto de la Sociedad Civil, si se considera el comentario extra audiencia del abogado de EMGESA según el cual "por la mañana llegó un correo desde Italia, donde están los dueños de EMGESA, direccionando no hacer intervención alguna en la audiencia".
A pesar de que la acusación de obstrucción de la vía pública podría ser retirada en la próxima sesión de la corte, Miller Dussán Calderón todavía se enfrenta a otro cargo. EMGESA también le acusa de instigar a la ocupación de tierras de la compañía. Esta segunda acusación, que conlleva a una sentencia de hasta ocho años de cárcel, hace referencia a la ocupación de tierras del 2013 de parte de pequeñas comunidades campesinas, que protestaban contra el desplazamiento forzado y demandaban una compensación justa de la empresa en cuestión.
La próxima audiencia en el juicio a el Sr. Miller Dussán, defensor de derechos humanos colombiano, tendrá lugar el 6 de febrero de 2017 en la Corte Municipal de Garzón, Huila. El defensor del derecho del ambiente y a la tierra, Miller Dussán enfrenta dos cargos por causa de sus tareas pacíficas, y actualmente enfrenta dos cargos y corre riesgo de ser encarcelado por más de diez años.
En noviembre de 2015, la compañía local EMGESA, subsidiaria de la multinacional italiana ENEL, constructora de la represa El Quimbo, acusó a Miller Dussán y Elsa Ardila, expresidente de ASOQUIMBO (Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo) de obstruir el tránsito y alterar el orden público. Estas acusaciones, que implican entre dos y cinco años de prisión, se refieren a una movilización realizada en el 2012 organizada por varias ONG y organizaciones de la sociedad civil locales, entre ellas ASOQUIMBO, en protesta por los daños producidos por EMGESA a un puente ubicado en esa área.
EMGESA acusa también a Miller de instigar la ocupación de tierras, propiedad de la compañía. Esta segunda acusación, que acarrea hasta ocho años de cárcel, se refiere a las ocupaciones del año 2013 de parte de comunidades de pequeños campesinos que protestaban contra los desplazamientos forzados y exigían una compensación justa de parte de la compañía.
Miller Dussán es un líder de la comunidad, profesor de la Universidad Sur Colombiana y presidente de ASOQUIMBO (Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo). Esta organización consiste de un colectivo de campesinos, pescadores, trabajadores y familias locales que desde el 2009 resisten la construcción de la represa El Quimbo mediante protestas pacíficas, piquetes, y campañas de incidencia.
El Quimbo es una represa construida sobre el río Magdalena, departamento de Huila, en el sur de Colombia, operada por EMGESA, subsidiaria local de la compañía multinacional italiana de energía eléctrica ENEL. Durante el proceso de planeamiento del proyecto, no se consultó adecuadamente a la comunidad local. De acuerdo con Elsa Ardilla, ex presidente de ASOQUIMBO, los “procesos de consulta fueron una mera formalidad, ya que ni la compañía ni el gobierno tomaron en cuenta la opinión de las comunidades locales”. Debido a la represa, alrededor de 1500 personas fueron desalojadas de sus tierras y reubicadas lejos del río. Muchos campesinos y pescadores perdieron sus medios de vida, y no recibieron una compensación adecuada. Además, EMGESA no realizó una evaluación ambiental transparente antes de comenzar el proyecto ni respetó algunos de los compromisos asumidos respecto de la protección del ambiente. De acuerdo con la organización Democracy Centre, “El hecho de que Emgesa no cumplió con las regulaciones referidas a retirar biomasas del reservorio lo convirtió en una bomba de tiempo de metano, consecuencia de la vegetación en descomposición”.
