CCDA members were beaten and detained in Cobán
El 14 de agosto de 2018, los defensores de derechos humanos y miembros del Comité Campesino del Altiplano – CCDA, Edwin Choc y Martín Chub fueron detenidos arbitrariamente en Cobán, después de asistir a una reunión con funcionarios gubernamentales como parte del Diálogo Permanente entre las autoridades y las comunidades indígenas y campesinas.
Comité Campesino del Altiplano (CCDA) es una organización dedicada a las promoción del desarrollo rural de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala para mejorar sus condiciones de vida, a través de programas que tengan como objetivo crear igualdad y participación en procesos sociales, económicos, culturales y políticos. CCDA ha denunciado los avances por parte de finqueros y terratenientes en la apropiación de territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas, así como también ha solicitado continuamente el desarrollo de políticas inclusivas dirigidas a procurar el desarrollo rural. En 2017, CCDA reportó 12 desplazamientos forzados de familias indígenas y campesinas. CCDA es una de las organizaciones intergrantes de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition – ILC).
El 14 de agosto de 2018, los defensores de derechos humanos y miembros del Comité Campesino del Altiplano – CCDA, Edwin Choc y Martín Chub fueron detenidos arbitrariamente en Cobán, después de asistir a una reunión con funcionarios gubernamentales como parte del Diálogo Permanente entre las autoridades y las comunidades indígenas y campesinas.
Edwin Choc y Martín Chub son líderes comunitarios en Alta Verapaz y miembros del CCDA, organización dedicada a las promoción del desarrollo rural de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala para mejorar sus condiciones de vida, a través de programas que tengan como objetivo crear igualdad y participación en procesos sociales, económicos, culturales y políticos. CCDA ha denunciado los esfuerzos por parte de finqueros y terratenientes para apropiarse de territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas, así como también ha solicitado continuamente el desarrollo de políticas inclusivas dirigidas a procurar el desarrollo rural. Integrantes del CCDA han sido blanco de ataques, campañas de difamación, criminalización y asesinatos. Solamente en lo que va del 2018, tres integrantes han sido asesinados.
La Comisión Presidencial de Diálogo Permanente convocó una reunión para el 14 de agosto de 2018, entre campesinos de la comunidad Secopur ubicada en micro-región de la Laguna de Lachúa, representantes del CCDA y autoridades gubernamentales. El propósito de esta reunión era discutir el incremento de asesinatos, procesos de criminalización, amenazas y desalojos en contra de las comunidades indígenas y campesinas en la región. El Vice-Ministro para la Prevención del Delito, Axel Romero, asistió a la reunión en representación del Ministerio de la Gobernación para darle seguimiento a compromisos previos adquiridos por la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el Registro de Información Catastral (RIC) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH).
Cuando la reunión culminó, varios agentes policiales se encontraban fuera del edificio en el que se celebró la reunión. Los agentes policiales arrinconaron a un pequeño grupo de defensores de pertenecientes al CCDA y, sin presentar ninguna orden de aprehensión, procedieron a golpear y detener de manera violenta a los defensores. Mientras algunos defensores pudieron escapar del ataque, Edwin Choc y Martín Chub fueron detenidos. Según el CCDA, Edwin Choc y Martín Chub fueron acusados del delito de usurpación de territorios protegidos.
Éste no es un incidente aislado, varios integrantes del CCDA han sido acusados penalmente con el objetivo de restringir o impedir la legítima labor que ellas y ellos realizan para la protección de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. El 14 de septiembre de 2017, Juan Bautista Riveiro y José Manuel Coc Saquil, también miembros del CCDA, fueron detenido en Alta Verapaz y acusados de los delitos de homicidio e intento de homicidio. Los defensores han permanecen bajo detención preventiva en la cárcel de Cobán desde su arresto. Al igual que el caso de Edwin Choc y Martín Chub, Juan Bautista Riveiro y José Manuel Coc Saquil participaron activamente en reuniones dentro del marco del Diálogo Permanente, compuestas por el CCDA, autoridades nacionales y otros actores, para tratar los conflictos territoriales en la zona. Organizaciones locales que han acompañado el caso, han documentado irregularidades durante el proceso penal y falta de evidencia que para justificar los cargos de los cuales se acusa a los defensores.
Las personas defensoras de derechos humanos operan bajo un ambiente extremamente hostil en Guatemala. Según la ONG guatemalteca UDEFEGUA, las personas defensoras de derecho humanos se ven sometidas a demandas judiciales injustificadas. En la mayoría de los casos, las personas defensoras son notificadas de los cargos en su contra meses después de iniciado el proceso penal, afectando su derecho a una defensa adecuada y oportuna. Igualmente, a los defensores y las defensoras se les impone frecuente la medida de detención preventiva. Las audiencias judiciales frecuentemente son pospuestas o retrasadas por el Ministerio Público o los accionantes, un patrón preocupante con el objetivo de prolongar la detención de las personas defensoras acusadas y la incertidumbre de su situación.
Front Line Defenders ha reportado varios casos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, como lo son, Abelino Chub Caal, Juan Eduardo Caal Suram, María Magdalena Cuc Choc, entre otros.
Front Line Defenders expresa preocupación por el acoso judicial en contra de los defensores de derechos humanos Edwin Choc, Martín Chub, Juan Bautista Riveiro y José Manuel Coc Saquil, así como otros y otras integrantes del CCDA, ya que se cree que su criminalización está relacionada con la legítima labor que realizan por la defensa de los derechos humanos.
