Campaña de difamación contra Provea
El 21 de agosto de 2015, el Presidente venezolano, Nicolas Maduro, apareció en televisión nacional y acusó a la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – PROVEA de ser una organización política de la derecha financiada por el gobierno de los Estados Unidos.
Provea trabaja para mejorar las iniciativas ya existentes y desarrollar nuevos programas en la defensa de los derechos humanos. También trabaja para educar a la gente acerca de los derechos humanos y promover la difusión de los principios de derechos humanos en Venezuela.
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- 7 Octubre 2015 : Robo a mano armada en el domicilio del defensor de derechos humanos Marino Alvarado
- 28 Agosto 2015 : Presidente difama la organización de derechos humanos Provea
- 29 Mayo 2015 : Interceptación ilegal de las comunicaciones de ONGs por miembros del gobierno
- 27 Marzo 2015 : Nueva serie de actos de intimidación contra prominentes defensores/as de derechos humanos
- 23 Diciembre 2014 : Nuevas declaraciones difamatorias con objetivo de impedir el trabajo de defensores de derechos humanos
- 23 Abril 2013 : Campaña de difamación contra la organización de derechos humanos Provea
- 14 Febrero 2014 : Campaña difamatoria en contra del defensor de derechos humanos el Sr Humberto Prado Sifontes y detención arbitraria del Sr Inti Rodriguez
El 1 de octubre de 2015, aproximadamente a las 5.30 de la tarde, el defensor de derechos humanos,Sr. Marino Alvarado, junto con su hijo de nueve años de edad, fueron objeto de sun robo a mano armada en su domicilio. Este incidente ha tenido lugar tras declaraciones públicas realizadas en televisión por el presidente, Nicolás Maduro, en contra del defensor de derechos humanos en agosto de 2015.
Marino Alvarado es elex-coordinador general de la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos - PROVEA. Provea es una organización de derechos humanos de prestigio internacional que fue fundada en 1988 y trabaja de forma independiente para promover y defender los derechos humanos en Venezuela. Su objetivo es educar a la gente sobre los derechos humanos y promover la difusión de los principios de derechos humanos.
En el momento del incidente del 1 de octubre de 2015, Marino Alvarado y su hijo estaban en su casa en Caracas, cuando tres personas armadas entraron en su casa y les maniataron durante cuarenta minutos. Los asaltantes se llevaron consigo dos ordenadores portátiles, una tableta, dos teléfonos, una cámara y algo de dinero. Marino Alvarado recibió golpes en la cabeza que requirieron atención médica. El defensor de derechos humanos ha presentado una queja formal ante las autoridades.
Marino Alvarado había presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con anterioridad a este incidente, debido al acoso y la intimidación constante a la que ha sido sometido por parte de funcionarios de alto nivel del Estado venezolano.
El 21 de agosto de 2015, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció en televisión nacional e hizo declaraciones hostiles contra Provea, acusándoles de ser una organización política de la derecha que se presenta como una organización de derechos humanos, y de ser financiada por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), una organización financiada por el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, Provea no recibe fondos de este programa. Provea también ha indicado que Marino Alvarado ha sido objeto de falsas acusaciones que lo vinculan al paramilitarismo colombiano, la recepción ilícita de dinero y de actos de conspiración y desestabilización contra el país.
Las declaraciones del Sr. Maduro tuvieron lugar en el contexto de una evaluación llevada a cabo por Provea del nuevo plan de seguridad nacional, que es conocido como Operativo de Liberación del Pueblo. Provea ha destacado las consecuencias negativas de este programa, que ha sido implementado por las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad, y que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos.
Desde noviembre de 2014, los y las defensores/as de derechos humanos en Venezuela vienen enfrentando difamación en la televisión nacional en el programa "Con El Mazo Dando", presentado por Diosdado Cabello y que se transmite semanalmente. De hecho, el clima para los y las defensores/as de los derechos humanos en Venezuela se hace más difícil cada día. En mayo Front Line Defenders emitió un llamado urgente en relación con la interceptación de comunicaciones de defensores de derechos humanos, incluido el de Marino Alvarado. Front Line Defenders también hizo un llamado urgente en relación con la intimidación y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos tras su regreso a Venezuela después de asistir a una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el robo a mano armada en el domicilio de Marino Alvarado, ya que creemos está directamente relacionado con su trabajo pacífico en defensa de los derechos humanos. Front Line Defenders permanece profundamente preocupado por el clima hostil que enfrentan todo/as los y las defensores/as de derechos humanos en Venezuela.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Venezuela a que:
1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el robo a mano armada en el domicilio de Marino Alvarado con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Marino Alvarado, así como lade sus colegas y su familia, incluyendo la aplicación de caulquier medida cautelar que sea otorgada;
3. Cesen de difamar y hostigar a los y las defensores/as de los derechos humanos en Venezuela y, en cambio, reconozcan públicamente la valiosa contribución de su trabajo pacífico y legítimo;
4. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 21 de agosto de 2015, el Presidente venezolano, Nicolas Maduro, apareció en televisión nacional y acusó a la organización de derechos humanos Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos – PROVEA de ser una organización política de la derecha financiada por el gobierno de los Estados Unidos.
Provea es una organización no-gubernamental de prestigio internacional, fundada en 1988, que trabaja de forma independiente y objetiva en la promoción y defensa de derechos humanos en Venezuela. Además, trabaja en la sensibilización de la gente en materia de derechos humanos y en la difusión de principios de derechos humanos.
En sus declaraciones, hechas en el programa Último Minuto y transmitido en el canal de televisión Telesur, el Presidente señaló que Provea se presenta como una organización de derechos humanos para que pueda recibir financimiento de programas como el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y luego usarlo para fines políticos. Aunque Provea haya recibido financimiento de organizaciones de los EEUU, no recibe financimiento de esta organización. El President además respondió a lo que él dice es una campaña en su contra montada por Provea en la que él fue etiquetado anti-colombiano. Además comentó que no le pararía nadie.
Las declaraciones por el Sr Maduro vienen en el contexto de una evaluación hecha por Provea en cuanto al nuevo plan nacional de seguridad, conocido como el Operativo de Liberación del Pueblo. Provea ha señalado las implicaciones negativas del programa, el cual ha sido implementado por las fuerzas de seguridad del estado, mayormente en zonas populares, y que ha resultado en violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, ejecuciones extra-judiciales por policias, allanamientos ilegales, maltratos contra personas detenidas y una campaña xenofoba contra colombianos viviendo en el país.
Desde noviembre, defensores de derechos humanos han enfrentado difamaciones en televisión nacional en el programa Con el mazo dando, presentado por Diosdado Cabello, lo cual es transmitido semanalmente. Efectivamente, el clima para defensores de derechos humanos en Venezuela se vuelve más difícil diariamente. En mayo, Front Line Defenders emitió una acción urgente en cuanto a la intercepción de comunicaciones entre defensores de derechos humanos, inclusive de Marino Alvarado. Front Line Defenders también emitió una acción urgente en cuanto a intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos tras volver a Venezuela después de haber asistido a una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo.
Front Line Defenders está sumamente preocupado en cuanto a las declaraciones en contra de Provea pues, proveniendo del Presidente del país, podrían provocar más intimidación o hasta ataques en contra de miembros de la organización.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:
1. Tomen medidas para asegurar que funcionarios del gobierno u otras figuras públicas abstengan de hacer declaraciones estigamatizando la labor legítima de los y las defensores de derechos humanos;
2. Lleven a cabo una campaña de reconocimiento público de la labor importante y valorosa de los y los defensores de derechos humanos en el país;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 27 de mayo de 2015, representantes de las organizaciones venezolanas de derechos humanos Provea y Espacio Público presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la interceptación ilegal de sus comunicaciones privadas por parte del Gobierno venezolano.
El Programa de Educación-Accion en Derechos Humanos (Provea) fue fundado en 1998 para la promoción y protección de derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Espacio Público es una organización no-gubernamental que lucha en defensa de los derechos humanos, en particular sobre la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La denuncia fue presentada por el coordinador de Provea Sr Rafael Uzcátegui y el director de Espacio Público Sr Carlos Correa, en respuesta a unas declaraciones públicas realizadas por el Sr Diosdado Cabello,presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en su programa de televisión. Las declaraciones, que fueron difundidas el 13 de mayo de 2015, relataron detalles explícitos sobre viajes que habían sido planificados por dichas organizaciones en abril, para un encuentro con otras organizaciones latinoamericanas de derechos humanos en Chile y Perú. Parte de esta información sobre los itinerarios de viaje y las reuniones programadas con organizaciones no-gubermentales había sido publicada. Sin embargo, un encuentro entre representantes de Provea y Espacio Público y el Sr Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien actualmente se encuentra ubicado en Brazil, solamente habría podido ser descubierto a través de vigilancia ilegal. Las organizaciones habían estado en contacto con Marino Alvarado únicamente por medios digitales, lo que señala el monitoreo de sus comunicaciones en línea.
Provea y Espacio Público se encuentran entre muchas otras organizaciones de la sociedad civil quienes se han enfrentado a hostigamiento gubernamental a través del sistema nacional de medios públicos y en particular a través del programa semanal de Diosdado Cabello 'Con el Mazo Dando'. El intento de criminalizar y desacreditar el trabajo de las organizaciones ha ido aumentado, así como el acoso de sus integrantes. El 22 de marzo de 2015 Rafael Uzcátegui fue seguido a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolivar en Maiquetía
Las organizaciones de derechos humanos han formalizado su denuncia en base al artículo 48 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y que prohibe la violación del mismo derecho salvo en virtud de una orden judicial adoptada de conformidad con la ley.
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación ante la interceptación ilegal de las comunicaciones privadas de Provea y Espacio Público, la cual denota un intento directo de restringir su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:
1. Tomen todas las medidas necesarias para asegurar que miembros del gobierno u otras personas respeten la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de personas individuales y ONGs, en particular de los defensores y las defensoras de derechos humanos y organizaciones que trabajan legítimamente en defensa de derechos humanos.
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las personas que están involucradas en el monitoreo ilegal de correspondencias privadas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
Durante la semana pasada, varios defensores de derechos humanos informaron de haber sido objeto de intimidaciones y seguimiento en su viaje de regreso a Venezuela desde los Estados Unidos. Desde el 20 de marzo de 2015, varios prominentes miembros de organizaciones de derechos humanos han estado regresando de Washington D.C, donde asistieron al 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual tuvo lugar del 16 al 23 de marzo de 2015.
El 23 de marzo de 2015, el Sr José Gregorio Guarenas, coordinador general de la Vicaría de Derechos Humanos en Caracas, aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolivar en Maiquetía, donde fue seguido por hombres no identificados, quienes tomaron su fotografía sin su consentimiento. El 22 de marzo, la Sra Liliana Ortega, Presidenta del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 – COFAVIC, fue seguida por cinco personas desconocidas cuando regresó a Venezuela a través del mismo aeropuerto. Después de pasar los controles de inmigración sin problema alguno, al llegar a la puerta de llegadas del aeropuerto, Liliana Ortega se dio cuenta de que estaba siendo seguida por tres personas desconocidas, quienes parecían estar operando de manera conjunta con otras dos personas. Dos de las personas - uno de los cuales tenía apariencia de estar armado - procedieron a seguir a la defensora de derechos humanos desde la puerta de llegada y en la salida del aeropuerto, hasta su coche. Mientras le seguían, tomaron su fotografía de una forma que le pareció intimidatoria. Antes de la llegada del vuelo de Liliana Ortega, cuatro de sus colegas de COFAVIC, quienes estaban esperándole en la puerta de llegada, observaron la presencia de estas cinco personas, quienes parecían estar monitoreando la llegada de su vuelo. Las personas fueron vistas entrando y saliendo del área restringida de la aduana del aeropuerto a pesar de no tener ninguna identificación visible y sin que ninguna autoridad del aeropuerto les requiriera su identificación.
Otros defensores de derechos humanos, quienes llegaron en el mismo vuelo que Liliana Ortega, incluyendo el Sr Humberto Prado Sifontes, director del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP, y el Sr Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación y Protección de los derechos humanos – PROVEA, han informado de que fueron acosados de la misma manera a su llegada al aeropuerto.
El 20 de marzo, el Sr Jonathan Matheus de Venezuela Diversa y Sra Quiteria Franco de la Red de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Venezuela, regresaron de Washington, donde asistieron a sesiones sobre temas LGBT en la CIDH y sufrieron también la misma forma de intimidación a su llegada al aeropuerto.
Durante los últimos dos años, estos defensores de derechos humanos han sido objeto de constantes hostigamientos y amenazas públicas por parte de funcionarios estatales venezolanos en relación a su labor de defensa de los derechos humanos y por ser usuarios de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, esta situación de acoso ha escalado desde el 18 de marzo, cuando fue divulgada en el programa de televisión ''Con el Mazo Dando'', dirigido por el Presidente de la Asamblea Nacional, el nombre de las personas que participarían en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C, incluyendo a Liliana Ortega y otros reconocidos defensores de derechos humanos. El segmento fue acompañado de fotografías clandestinas del Sr Marco Antonio Ponce, Director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social – OVCS, las cuales fueron tomadas en el aeropuerto de Maiquetía el día de salida de su vuelo. Durante la misma emisión, se divulgó información precisa del día y hora de los vuelos de regreso desde Washington D.C que iban a tomar los defensores de derechos humanos. Más recientemente, el Presidente de la Asamblea Nacional también publicó un artículo en el periódico oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ''Cuatro F'' que revela el itinerario de viaje de prominentes defensores de derechos humanos, incluyendo Rafael Uzcátegui y el Sr Carlos Correa, Director del Espacio Público, a la próxima Cumbre de las Americas.
Los sucesos descritos anteriormente no son más que los más recientes de una serie de actos de intimidación y comentarios difamatorios contra los defensores, quienes, desde finales del 2014, han sido públicamente acusados de conspiración y de intentar desestabilizar el país en colaboración con otras organizaciones venezolanas de derechos humanos e incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Front Line Defenders sigue expresando su grave preocupación por los reiterados actos de intimidación y comentarios públicos difamatorios contra los defensores de derechos humanos mencionados en este llamamiento, y considera que estas agresiones están directamente relacionadas con su trabajo legítimo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
1. Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar comentarios o declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos;
2. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 17 de diciembre 2014, durante su programa de televisión semanal “Con el Mazo Dando”, transmitida por Venezolana de Televisión, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el Sr Diosdado Cabello, realizó comentarios difamatorios en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Los comentarios se tratan del una reunión reciente en la oficina de Human Rights Watch en Nueva York el 1 de diciembre 2014, a la cual muchos defensores y defensoras de derechos humanos asistieron.
Durante la emisión, fueron mencionados varios defensores y defensoras de derechos humanos por haber participado en la reunión, entre ellos el Sr Marcos Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la Sra Rocío San Miguel, del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y el Sr Carlos Nieto Palma de Una Ventana a La Libertad. Diosdado Cabello mencionó también el Sr Marino Alvarado de la Programa Venezolano de Educación y Protección de los derechos humanos – PROVEA, el Sr Humberto Prado Sifontes, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP. Sin embargo, ninguno de los dos participó en la reunión. Anteriormente, Diosdado Cabello y otros representantes gubernamentales han realizado declaraciones difamatorias contra unos de esos defensores de derechos humanos por su papel en la observación y la denuncia de violaciones de derechos humanos en el país.
Durante la sección “Los mazazos” de la emisión, Diosdado Cabello realizó comentarios infundados sobre la reunión y como los defensores la utilizaron para planificar su estrategia de 2015. Él sugiere que ellos retomarán la campaña violenta en la que supuestamente se involucraron durante el principio de 2014, en la que se murieron 43 personas. En la reunión, la cual Diosdado Cabello dijo tenía “financiamiento del imperialismo”, alegó que los defensores de derechos humanos y ONG hablaran de su plan de 'desestabilización' de 2015, incluida la continuación de la medida de “Guarimba”, una forma de manifestación que incluye bloqueos de camino, incendiar ruedas de goma, y tirar piedras. Criticó también las ONG por hablar de supuestas violaciones de derechos humanos en el país, el papel de los partidos políticos y la persecución de defensores de derechos humanos por el Presidente de Venezuela el Sr Nicolás Maduro.
Diosdado Cabello también comentó que fue informado supuestamente por los participantes en la reunion que Marcos Ponce se encargará en 2015 de organizar a los sindicalistas de la Corporación Venezolana de Guayana, un conglomerado estatal descentralizado situado en la region Guayana, para protestar, sean factores del aumento del conflicto y paralicen el resto de las industrias básicas. Marino Alvarado fue tambien supuestamente designado por el grupo como instigador de manifestaciones sindicalistas en 2015. Al nombrar Humberto Prado Sifontes, Diosdado Cabello sugirió que no fue incluido en la reunión por falta de confianza en él entre compañeros defensores de derechos humanos por falta de responsabilidad de los 250.000 dólares que le fueron entregados y Diosdado Cabello dijo que él fue descrito como 'malandro' y 'ladrón'.
Además, criticó el uso de la organización Transparencia Venezuela, el sucursal nacional de Transparency International que promueve transparencia y responsabilidad atrás todo sector de sociedad, como modo de limpiar la imagen de las instituciones a la derecha. En su critica de la organización, destaca como la directora Sra María Freitas Sánchez ha viajado a los EEUU diez veces este año y que ella es responsable por el financiamiento de la organización, incluido dinero transferido desde los EEUU, y siguiere que ella tiene vínculo a varios políticos conocidos a la derecha en Venezuela. Se cree que los comentarios difamatorios realizados durante el programa son parte de un campaña de difamación en contra de defensores y organizaciones de la sociedad civil por el Presidnete de la Asamblea Nacional.
Esto es la mas reciente en una serie de comentarios difamatorios por Diosdado Cabello en su programa. En una reciente audiencia de Venezuela ante el Comité contra la Tortura, realizada en Ginebra, se ejemplificó el programa de Diosdado Cabello como muestra de la campaña de criminalización contra los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
1. Tomen medidas para asegurar que funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones difamatorias contra defensores y defensoras de derechos humanos en su labor legítima y pacífica de derechos humanos
2. Emitan una declaración que aclara que las posiciones tomadas por Diosdado Cabello son inaceptables y no reflejan la política gubernamental;
3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.
El 19 de abril de 2013, el Ministro de Información y Comunicación Venezolano, Ernesto Villegas, inició una campaña de difamación, a través del red social Twitter, contra el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos - Provea. Provea trabaja para mejorar las iniciativas ya existentes y desarrollar nuevos programas en la defensa de los derechos humanos. También trabaja para educar a la gente acerca de los derechos humanos y promover la difusión de los principios de derechos humanos en Venezuela.
Se cree que esta campaña sea una represalia por el informe del 18 de abril de 2013 de Provea, en el cual fue reportado que la información publicada por los medios de comunicación estatales sobre los ataques contra los Centros de Diagnóstico Integral (CDIs) ha sido muy exagerada. Provea ha reiterado que no niega que los ataques pasaron, sino que en el informe no se encuentra evidencia de la gravedad de los ataques como está siendo divulgado por los medios de comunicación estatales, tampoco hay evidencia que los ataques fueron cometidos por partidarios de la oposición.
Sin embargo, Ministro Villegas le ha acusado a Provea de intentar desacreditar a las víctimas de los ataques. En uno de sus tuits en respuesta al informe, el Ministro de Información y Comunicación dijo "Lástima que Provea actue como retaguardia del fascismo", y en otro, "Provea antepone su antichavismo". Dado el clima político actual en el país, ser tildado como fascista y antichavista podría dar lugar a represalias en contra de la organización y sus miembros, hasta e incluyendo el ataque físico.
Para ver el texto completo del informe haga clic aquí.
Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la campaña de difamación por los redes sociales contra la organización de derechos humanos Provea, y desea destacar el papel legítimo que cumplen los/las defensores/as de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.
Front Line Defenders insta a las autoridades Venezolanas a que:
1. Tomen medidas para asegurar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de realizar manifestaciones o declaraciones que estigmaticen el trabajo legítimo de Provea y otros defensores de los derechos humanos;
2. Tomen medidas para poner fin a la campaña de difamación contra todos los defensores de los derechos humanos en Venezuela y garantizar en todas las circunstancias que puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias.
Según las informaciones recibidas, el 13 de febrero de 2014 el defensor de derechos humanos el Sr Humberto Prado Sifontes habría sido objeto de una campaña de difamación por parte del Ministro de Justicia y del Interior venezolano, el Gral. Miguel Rodríguez Torres. El día anterior a las 9.30pm, otro defensor de derechos humanos, el Sr Inti Rodríguez habría sido detenido arbitrariamente y físicamente agredido por parte de cuerpos de seguridad, presuntamente pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas.
Humberto Prado Sifontes es el Coordinador General del Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP, que documenta casos de violaciones y abusos en contra de las personas detenidas en Venezuela y promueve el respeto de sus derechos. Inti Rodríguez es coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación y Acción en derechos humanos – PROVEA, organización que trabaja para mejorar y desarrollar programas en la defensa de los derechos humanos.
El 13 de febrero al mediodía el Ministro de Justicia y del Interior, el Gral Miguel Rodriguez Torres en alocución ministerial habría señalado no sólo que el defensor Humberto Prado Sifontes fuera parte de un plan de conspiración desde el año 2010, sino también de un plan para desestabilizar las cárceles venezolanas, además de haber incurrido en los últimos actos de violencia en el país. El 19 y 30 de marzo de 2012 el defensor estuvo presente en el 144 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Mas tarde, el 20 y 31 de marzo, fue invitado por “Plan País” evento organizado por las universidades de Washington y George Washington, como académico proponiendo soluciones a las principales problemáticas del país.
El 12 de febrero en horas de la tarde, miembros de PROVEA denunciaron las violaciones que ocurrían en el mismo día durante las marchas estudiantiles, donde al menos tres personas murieron y más de 60 resultaron heridas. A las 9.30pm a la salida del Metro Agua Salud, en un retén policial hombres civiles armados que se identificaron como miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional – SEBIN y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas habrían arrestado arbitrariamente a Inti Rodríguez. Estos lo habrían llevado hacia otro sector, donde aproximadamente unas 20 personas vestidas de negro lo habrían interrogado y golpeado, robándole sus pertenencias para finalmente abandonarlo en las calles de de Caracas, después de haberle amenazado a él y su familia si denunciaba.
Front Line Defenders expresó su preocupación anteriormente ante las campañas de difamación en contra de Humberto Prado en mayo 2013 y en abril 2013. Así mismo Front Line Defenders reportó las difamaciones en contra de PROVEA el 19 de abril 2013. Las evidencias demuestran que los actos de intimidación en contra de Humberto Prado Sifontes y las agresiones y amenazas contra Inti Rodrigues tienen relación directa con su labor en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos y sus familias.
Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanas a que:
1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Humberto Prado Sifontes y Inti Rodríguez y sus respectivas familias;
2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la detención arbitraria y las agresiones físicas en contra de Inti Rodiguez con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante la justicia en conformidad con los estándares internacionales;
3. Tomen medidas para asegurar que las autoridades venezolanas abstengan de hacer declaraciones difamatorias acerca del labor legítima y pacífica de los defensores de derechos humanos;
4. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias, incluso la intimidación, violencia física y detenciones arbitrarias.
