Amenazas contra Eloísa Barrios

Front Line Defenders expresa su seria preocupación por la seguridad de la defensora de los derechos humanos Eloísa Barrios, así como la de su familia, después del asesinato de su sobrino el 15 de diciembre 2012; el noveno miembro de su familia asesinato desde el 1998. Eloísa Barrios presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 16 de marzo 2004 y 30 de diciembre de 2005, solicitando medidas cautelares para su familia como consecuencia de actos de persecución, presuntamente cometidos por miembros de la Policía del estado de Aragua.

Eloísa Barrios, junto con la Comisión de Justicia y Paz de Aragua, el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), ha condenado públicamente violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Aragua. Ha sido también activa en la promoción de los comités de víctimas y familiares de víctimas en Aragua, y en particular ha movilizado a las madres de personas asesinadas extrajudicialmente por la policía estatal, acompañándolos durante el proceso de presentación de denuncias, durante el proceso penal y ante los medios de comunicación social.

Eloísa Barrios ha condenado públicamente la incapacidad del Estado Venezolano de proteger suficientemente a su familia de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones de derechos humanos, y ha indicado un aumento en amenazas contra ella y su familia después de haber denunciado los asesinatos ante el sistema Interamericana. Ha sido objeto de amenazas por parte de funcionarios de la policía estadal, adscritos a la comisaría de la urbanización La Segundera del municipio de Sucre, en represalia por las constantes denuncias presentadas ante la fiscalía vigésima del Ministerio Público en el estado Aragua por las tres detenciones y maltrato de su hijo. En enero de 2012, la defensora de derechos humanos se mudó de su domicilio como consecuencia de la intimidación mencionada.

Desde el 1998, nueve miembros de la familia Barrios han sido asesinados, otros han sido detenidos y sometidos a allanamientos ilegales y arbitrarios de sus hogares. Otros han sufrido amenazas contra su vida y integridad personal mientras otros han sido forzados a mudarse de su lugar de residencia.

El 15 de diciembre 2012, Jorge Antonio Barrios y su primo, hijo de Eloísa Barrios, Víctor Daniel Cabrera Barrios, salieron de la residencia de una de su tías para hacer un mandado. Mientras viajaban en motocicleta, una persona desconocida se les acercó y disparó a Jorge Antonio Barrios en la espalda, el victimario huyó del lugar inmediatamente. La víctima, que vivía a 200km de la casa de su tía y que no parecía tener ningún conflicto personal con alguien de la comunidad local, se murió al instante de sus heridos. Según los informes de testigos locales, nunca antes habían visto al agresor. Jorge Antonio Barrios era el hijo mayor de Benito Antonio Barrios, quien el 28 de agosto de 1998 era el primer miembro de la familia Barrios en ser asesinado. La familia Barrios han sido objetos de acoso e intimidación continua desde que en el año 2004 presentaron la primera denuncia ante la CIDH con motivo al ajusticiamiento del señor Benito Antonio Barrios. Jorge Antonio Barrios era testigo de la tortura producida a su padre por agentes de policía estadal, adscritos a la comisaría del pueblo de Guanayen en el estado Aragua, antes de que fue llevado de la casa con vida, y él era un testigo clave en la identificación de los responsables. Igualmente era testigo en la muerte de su tío Narciso Barrios ajusticiado el 11 de diciembre de 2003.

Desde el asesinato del Benito Antonio Barrios en 1998, ocho otros miembros de la familia han sido asesinados: Narciso, Luis Alberto, Rigoberto, Oscar, José Wilmer, José Juan, Víctor Tomás y ahora Antonio Jorge. Otro miembro de la familia, Néstor Caudi, recibió amenazas de muerte presuntamente por agentes de la policía después de ser testigo al asesinato de Narciso Barrios, y posteriormente sufrió heridas permanentes como consecuencia de haber sido víctima de un disparo el 2 de enero de 2011. Siete miembros de la familia han sido asesinados a pesar de que en el año 2004 la CIDH otorgó medidas cautelares de protección y a partir del mismo año la Corte IDH ha dictado cinco resoluciones sobre medidas de protección, todas incumplidas por el Estado Venezolano.

Después de seguir el caso a través de todos los mecanismos disponibles, la CIDH y la Corte IDH ha concluido que Venezuela ha violado los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de varios miembros de la familia Barrios, entre ellos algunos menores de edad. Sin embargo, el Estado no ha cumplido con las recomendaciones de cualquiera de las instituciones y la familia Barrios sigue siendo en riesgo.

Eloísa Barrios ha acompañado a otras familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales a presentar denuncias, ya que muchos casos no son denunciados por temor a nuevas amenazas y actos de intimidación por parte de funcionarios policiales en Aragua.

Front Line Defenders manifiesta su preocupación por la integridad física y psicológica de Eloísa Barrios, su familia, y otros defensores de derechos humanos que trabajan para desafiar el ciclo de impunidad y para promover y proteger a los derechos humanos en Venezuela, en particular aquellos que documentan la participación militar y policial en casos de violaciones de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades venezolanos a que:

1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad física y psicológica de la defensora de derechos humanos Eloísa Barrios, particularmente mediante la provisión de medidas de seguridad efectivas y adecuadas para su protección;

2. Aseguren que todos los defensores de derechos humanos en Venezuela puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin miedo a represalias y a toda forma de restricción.