Carlos Hernández asesinado
El 10 de abril de 2018, el abogado de derechos humanos Carlos Hernández fue asesinado por asaltantes no identificados en su bufete en el municipio de Tela, Atlántida, Honduras.
Carlos Hernández had been legally defending the Mayor of Arizona, who is charged with unlawfully occupying property belonging to the government and to the Generación Eléctrica (INGELSA), which is responsible for the construction of the Río Jimalito hydroelectric project. Because of the damaging impact on the socio-economic rights of communities living in the surrounding environment and the lack of previous, free and informed consent from the communities, Mayor Arnaldo Chacónis is opposing the project alongside the communities of Tela municipality.
El 10 de abril de 2018, el abogado de derechos humanos Carlos Hernández fue asesinado por asaltantes no identificados en su bufete en el municipio de Tela, Atlántida, Honduras. Carlos Hernández era el abogado defensor del alcalde de Arizona, acusado de ocupar ilegalmente unas propiedades pertenecientes al Gobierno y a la Generación Eléctrica (INGELSA), responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico Río Jimalito. Dado el impacto perjudicial sobre los derechos socioeconómicos de las comunidades que viven en el entorno y la falta de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, el alcalde Arnoldo Chacónis mostró su oposición al proyecto junto con las comunidades del municipio de Tela.
El 12 de marzo de 2018, se presentó un caso contra el alcalde Arnoldo Chacón por su participación y apoyo en un campamento conocido como el "Campamento Digno en Defensa del Río Jilamito", organizado para protestar contra el proyecto hidroeléctrico. Dicho campamento, creado en mayo de 2017 para oponerse a las actividades de INGELSA, fue organizado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia - MADJ. El caso presentado contra el alcalde Arnoldo Chacón el 12 de marzo de 2018 también se presentó contra cuatro de los miembros del MADJ.
A pesar de que ni Carlos Hernández ni su cliente, el alcalde Arnoldo Chacón formaban parte del MADJ, ambos participaban en las actividades de la organización y trabajaban junto a sus miembros. El asesinato de Carlos Hernández revela el aumento de amenazas y violencia contra el MADJ y las comunidades involucradas en su causa.
Desde las elecciones de noviembre de 2017, se ha producido una redada militar y policial en la sede del MADJ, asaltos y vigilancia de sus miembros así como amenazas contra Martín Fernández Guzmán, Coordinador General del MADJ. Cuatro de sus integrantes han sido asesinados/as por las fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares durante la actual crisis postelectoral en el país. Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los/as defensores/as de derechos humanos. En un comunicado de prensa emitido por el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el relator sobre los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos del sistema interamericano, José de Jesús Orozco Henríquez, afirmaba que el Gobierno de Honduras "debe adoptar y aplicar de inmediato medidas efectivas" para proteger a los/as defensores/as de derechos humanos para que puedan llevar a cabo su labor de defensa de derechos humanos sin temor ni amenazas de ser víctimas de violencia o asesinatos". En una visita oficial al país el 28 de julio de 2017, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Andrew Gilmour, hizo hincapié en "la necesidad fundamental de aumentar la protección de los/as defensores de derechos humanos en Honduras".
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el asesinato de Carlos Hernández y la escalada de violencia contra los/as defensores/as de los derechos ambientales, tanto las personas integrantes del MADJ como aquellas que trabajan apoyando sus actividades. Front Line Defenders condena la violencia, la criminalización y el acoso policial contra estas personas así como todos los intentos por impedir que realicen su trabajo legítimo en Honduras.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Honduras a:
1. Condenar enérgicamente el asesinato de defensores/as de derechos humanos en el país;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de las personas integrantes del MADJ, previa consulta con los/as beneficiarios;
3. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Carlos Hernández, con vistas a publicar los resultados y llevar a las personas responsables ante la justicia de acuerdo con las normas internacionales;
4. Garantizar que todos/as los/as defensores/as de derechos humanos en Honduras puedan desarrolar sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos, sin miedo a represalias y libres de cualquier restricción.
