Integrantes de CADEF perseguidos y hostigados por la policía
En la noche del 7 de febrero de 2020, dos camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin placas, estacionaron en la calle frente a la residencia del defensor de derechos humanos Alexander Olvera, en San Carlos. Los agentes del SEBIN se quedaron en las afueras de la casa del defensor durante más de dos horas con las cocteleras policiales de sus camionetas encendidas.
El 21 de noviembre de 2019 cinco integrantes de CADEF fueron perseguidos y hostigados por fuerzas de seguridad en varios puntos de Cojedes y Tinaquillo, por medio de varias detenciones después de participar en una protesta pacífica.
El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Cojedes, al noroeste de Venezuela. Busca formar, capacitar y brindar herramientas necesarias para el empoderamiento de nuevas generaciones de personas defensoras de derechos humanos. Por medio de una labor de monitoreo, registro y documentación de violaciones de derechos humanos, complementada con talleres, campanas y actividades de incidencia, brindan herramientas para la acción y visibilización de proposiciones sociales y legales ante la realidad nacional venezolana.
En la noche del 7 de febrero de 2020, dos camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin placas, estacionaron en la calle frente a la residencia del defensor de derechos humanos Alexander Olvera, en San Carlos. Los agentes del SEBIN se quedaron en las afueras de la casa del defensor durante más de dos horas con las cocteleras policiales de sus camionetas encendidas.
Esta fue la segunda vez en un periodo corto que Alexander Olvera ha sido acosado de esta manera. Alrededor de la medianoche del 30 de enero de 2020, agentes del SEBIN, en camioneta Toyota sin placas, aparecieron fuera de su casa y estuvieron por los alrededores durante un tiempo antes de irse.
Alexander Olvera es responsable del área periodística y de investigación del Centro de Acción y Defensa de los Derechos Humanos (CADEF), una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Cojedes, al noroeste de Venezuela. Ambos incidentes ocurrieron poco después de que miembros de CADEF, incluyendo a Alexander Olvera, participaran en un evento para la conformación de la Coalición Anti Corrupción el 28 de enero de 2020.
Estos son sólo los incidentes más recientes de una serie de actos de intimidación y acoso contra los miembros de la organización por parte de las autoridades venezolanas. El 23 de abril de 2019, agentes de la Policía Estatal realizaron un allanamiento ilegal y arbitrario de la vivienda familiar de uno de los miembros de CADEF. El 21 de noviembre de 2019, cinco miembros de CADEF fueron perseguidos y hostigados por fuerzas de seguridad en varios puntos de Cojedes y Tinaquillo, por medio de varias detenciones después de participar en una protesta pacífica.
Front Line Defenders reitera su profunda preocupación ante el uso, por parte de funcionarios públicos, de su autoridad para intimidar a personas defensoras de derechos humanos. Front Line Defenders permanece en alerta ante las reiteradas denuncias en las que funcionarios públicos son responsables por agredir e intimidar a quienes documentan violaciones de derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión y asociación en Venezuela.
El 21 de noviembre de 2019 cinco integrantes de CADEF fueron perseguidos y hostigados por fuerzas de seguridad en varios puntos de Cojedes y Tinaquillo, por medio de varias detenciones después de participar en una protesta pacífica.
El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) es una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en Cojedes, al noroeste de Venezuela. Busca formar, capacitar y brindar herramientas necesarias para el empoderamiento de nuevas generaciones de personas defensoras de derechos humanos. Por medio de una labor de monitoreo, registro y documentación de violaciones de derechos humanos, complementada con talleres, campanas y actividades de incidencia, brindan herramientas para la acción y visibilización de proposiciones sociales y legales ante la realidad nacional venezolana.
El 21 de noviembre de 2019 cinco integrantes de CADEF, Gabriel Aranguren, Luis Henriquez, Erick José García Lucena, Carlos Cisneros y Richard Medina acudieron a San Carlos para documentar mediante fotografías, videos, y entrevistas la protesta nacional por el “Día del Estudiante”, una protesta pacifica convocada por el sector estudiantil en la ciudad de San Carlos. Después de llevarse a cabo la manifestación – la cual ocurrió sin violencia o represión policial directa, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se acercaron a los cinco defensores de derechos humanos para retratarlos con sus teléfonos celulares. En seguida, al regresar a su vehículo para volver a la ciudad de Tinaquillo, los defensores fueron seguidos por dos vehículos desconocidos y una motocicleta oficial, quienes les ordenaron detenerse. Sin ofrecer ningún tipo de información sobre las razones de su detención, los mantuvieron retenidos una hora y media. Posteriormente, fueron llamados uno a uno para ser fotografiados. Una vez de camino a su ciudad, fueron retenidos otras tres veces por la policía en las alcabalas de la ruta, donde se les tomo foto nuevamente, e indicando que “tenían órdenes de realizarles requisas”.
Front Line Defenders expresa preocupación ante el uso, por parte funcionarios públicos, de su autoridad para intimidar a personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, manifiesta especial preocupación por la sistematicidad con la que Front Line Defenders recibe denuncias en las que funcionarios públicos, en particular de la PNB y la GNB, son responsables por agredir e intimidar a quienes documentan violaciones de derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión y asociación en Venezuela.
Front Line Defenders rechaza el uso de la intimidación como estrategia contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela, cuya labores son esenciales en una sociedad democrática. Estos actos intimidatorios generan un clima desfavorable para la defensa de derechos humanos, desalientan a que defensores continúen con su trabajo y afectan negativamente a todas las personas defensoras de derechos humanos que alzan la voz y realizan labor de documentación sobre violaciones a los derechos humanos en el país.
