Intentos de usurpación de tierras restituidas, amenazas e intimidación en contra de defensores de derechos humanos indígenas
El 21 de julio de 2020, el defensor de derechos humanos y líder indígena José Enrique Ortíz fue amenazado de muerte por un usurpador de tierra conocido por atacar comunidades indígenas en Salitre. El 26 de julio del 2020, un grupo de finqueros amenazó e intimidó a familias de la comunidad Maleku propietarias de tierras restituidas en el territorio indígena Maleku. El 27 de julio, un grupo de usurpadores invadieron la Finca Crun Shurínz y causaron daños significativos. Los defensores de los derechos indígenas Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte, ambos integrantes de la comunidad indígena Brörán, propietaria de la tierra, recibieron amenazas de muerte durante el incidente.
Roberth Morales Villafuerte es un líder indígena Brörán del Concejo de Mayores Brörán-Térraba, activista de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y defensor de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica. El defensor ha sido vocero de iniciativas de paz, que buscan disminuir violencia estructural, física y simbólica contra el pueblo Brörán. Como resultado de su trabajo, Roberth Morales ha sido amenazado y discriminado por autoridades locales y ocupantes ilegales de tierra.
El 21 de julio de 2020, el defensor de derechos humanos y líder indígena José Enrique Ortíz fue amenazado de muerte por un usurpador de tierra conocido por atacar comunidades indígenas en Salitre. El 26 de julio del 2020, un grupo de finqueros amenazó e intimidó a familias de la comunidad Maleku propietarias de tierras restituidas en el territorio indígena Maleku. El 27 de julio, un grupo de usurpadores invadieron la Finca Crun Shurínz y causaron daños significativos. Los defensores de los derechos indígenas Pablo Sibas Sibas y Roberth Morales Villafuerte, ambos integrantes de la comunidad indígena Brörán, propietaria de la tierra, recibieron amenazas de muerte durante el incidente.
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José Enrique Ortíz es un indígena Bribri del clan Uniwak y defensor de los derechos de los pueblos indígenas y recuperador de tierras en la comunidad de Río Azul de Salitre. En septiembre de 2018, empezó a hacer acompañamiento en recuperaciones y alrededor de esa fecha dirigió su primera recuperación de territorio ancestral ocupado por usurpadores.
Pablo Sibas Sibas es un líder indígena Brörán y defensor de derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, particularmente los derechos a la libertad, la autonomía y la tierra. El defensor ha impulsado iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Durante más de cuarenta años, Pablo Sibas así como muchos otros indígenas Brörán, han sido objeto de discriminación por parte de las autoridades costarricenses y atacados por los acaparadores de tierras. Su labor en materia de derechos humanos empezó en 1980, junto al defensor Sergio Rojas, asesinado el 18 de marzo 2019 en represalia por sus actividades en defensa de los derechos humanos.
Roberth Morales Villafuerte es un líder indígena Brörán del Concejo de Mayores Brörán-Térraba, activista de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur y defensor de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica. El defensor ha sido vocero de iniciativas de paz, que buscan disminuir violencia estructural, física y simbólica contra el pueblo Brörán. Como resultado de su trabajo, Roberth Morales ha sido amenazado y discriminado por autoridades locales y ocupantes ilegales de tierra.
El 21 de julio alrededor de las 7am, José Enrique Ortíz fue amenazado por un usurpador de tierra, integrante de una familia conocida por atacar a defensores de derechos humanos en el pasado. El incidente ocurrió mientras el defensor se dirigía al puesto de salud de Salitre a retirar leche para sus hijos. El perpetrador insultó al defensor y le insistió que pelearan, sin embargo el defensor ignoró el hostigamiento. Días después, el 24 de julio alrededor de las 7:30am, el usurpador de tierra y su hermano - conocidos por amenazar y atacar en varias ocasiones al defensor de derechos humanos Mainor Ortiz – se dirigieron a la tierra usurpada con ganado, ingresaron con machete, y armas, abrieron un camino en medio de la finca y arrancaron las cercas y cosechas del defensor. El ataque fue motivado por la denuncia contra el perpetrador, por usurpación de tierra e intento de homicidio, que tanto José Enrique y el defensor Mainor Ortíz, presentaron el 25 de febrero de 2020. El próximo 27 de agosto de 2020 se llevará a cabo el juicio por la denuncia interpuesta.
El 26 de julio del 2020, un grupo de aproximadamente 60 finqueros se presentaron en horas de la noche en territorio Maleku, cortaron el alambrado y amenazaron e intimidaron a familias Malekus propietarias de tierras restituidas en el territorio indígena Maleku. El 27 de julio, un grupo de personas desconocidas y familiares de uno de los finqueros, ingresaron ilegalmente a la Finca Crun Shurín en el territorio Bröran de Térraba, al Sur de Costa Rica. Los atacantes removieron con maquinaria pesada una considerable porción de tierra al margen del Río Escuadra, donde se encontraban tumbas indígenas sagradas.
Además de la invasión y daños ambientales y culturales ocasionados, un hombre que acompañaba a uno de los finqueros, amenazó de muerte a algunos de los propietarios Bröran, incluyendo los defensores de derechos humanos Pablo Sibas y Roberth Morales. El hombre aseguró que recibiría una compensación por la muerte de los defensores. Así mismo, otro hombre que manejaba un tractor intento arrollar con la maquina al defensor Pablo Sibas, en presencia de varios testigos. Aunque la policía incauto el tractor, no llevo a cabo ninguna otra acción para garantizar la seguridad de los indígenas y propietarios que fueron atacados y amenazados.
El 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares a favor de las comunidades de los territorios de Salitre y Térraba. Sin embargo, hasta el momento se implementan de manera parcial. En Salitre la población indígena permanece bajo total desprotección y en Térraba la presencia policial es limitada. Las medidas cautelares se establecieron a raíz de la serie de amenazas y actos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos y líderes del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas (FRENAPI), Pablo Sibas Sibas y Sergio Rojas Ortíz.
La violencia estructural, física y simbólica contra los pueblos indígenas Bribri, Maleku y Brörán, opera legitimada por autoridades estatales, cuya protección es limitada en relación a la gravedad y dimensión de la violencia contra los pueblos indígenas. Las ocupaciones ilegales masivas en Costa Rica representan un nuevo proceso de colonialismo capitalista. Sectores no indígenas se han aprovechado por décadas de la ley indígena que exonera de impuestos territoriales, para usurpar distintas fincas indígenas y dedicarse de manera ilegal a la ganadería extensiva. Desafortunadamente, cuando las comunidades indígenas tienen éxito en los procesos de restitución de tierras, –entendido como el proceso de devolución de la tierra expropiada a las comunidades indígenas, de acuerdo con la tenencia histórica y la organización social indígena– a su vez son cada vez más vulnerables y están sujetas a amenazas y ataques, a pesar de su reclamo histórico sobre la tierra.
Front Line Defenders condena los ataques en contra de los defensores Bribri, Maleku y Brörán y se encuentra profundamente preocupada por las continuas amenazas contra los defensores José Enrique Ortíz, Pablo Sibas, Roberth Morales. Front Line Defenders cree que estos no son eventos aislados, sino que son parte de un patrón de violencia estructural y de desprecio por los derechos de los pueblos indígenas, por parte de las autoridades de Costa Rica, a pesar de que su reconocimiento como grupos étnicos y su derecho a la tierra están consagrados en la ley esde 1997. Tales incidentes también son indicativos de cómo los derechos económicos de los acaparadores de tierras prevalecen sobre los derechos de los pueblos indígenas. Front Line Defenders también cree que la Oficina del Fiscal General tiene suficiente evidencia que podría llevar a los perpetradores de estos y anteriores ataques ante la justicia, pero ha decidido mantener los casos en la impunidad, exponiendo así a los defensores de derechos humanos a más ataques y a una mayor violencia.
