Voces desde Oaxaca: “Seguiré luchando hasta que mi esposo quede en libertad”

Yolanda Baranco Hernández nunca olvidará la mañana del 18 de mayo de 2013. Primero escuchó un estruendo, siete hombres, que portaban armas de grueso calibre, derribaron la puerta de su hogar. Buscaban a Damián Gallardo Martínez, su esposo. No presentaron orden judicial, solo dijeron que debían arrestarle y se lo llevaron.

Damián estuvo incomunicado durante 30 horas en algún lugar del departamento de Oaxaca, México. Lo torturaron y forzaron a firmar una confesión falsa en la que admite haber participado en actividades delictivas junto a otros colegas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Unos días después, las autoridades mexicanas emitieron una orden de detención contra Damián, basada en acusaciones fabricadas de crimen organizado y secuestro de menores.

Desde aquel momento, Damián está preso: fue maltratado, torturado y confinado a aislamiento. Han pasado tres años, cuatro meses y dos días desde que irrumpieron en su casa y Yolanda sigue buscando justicia.

Damián Gallardo Martínez es maestro y defensor de derechos humanos mexicano, que trabaja en defensa de los derechos de las comunidades indígenas de las regiones Mixe y Zapoteca. En el 2006, tras la violenta represión de una huelga docente, se hizo miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Yolanda también es maestra y defensora de derechos humanos.

“He pasado los últimos tres años luchando por la libertad de mi esposo, protestando contra su detención arbitraria y la de otros activistas”, dice Yolanda, “pero mi lucha había comenzado antes del arresto: venimos luchando desde hace 30 años por una educación libre en el estado de Oaxaca; queremos mejores escuelas, programas y condiciones de trabajo”.

En el 2013 el parlamento mexicano aprobó una reforma controvertida al sistema de educación pública, sin consultar a los docentes locales. Miles de personas, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, salieron a protestar en las calle y organizaron largas huelgas y bloqueos. La reforma es muy resistida porque privatizará en parte las escuelas públicas, otorgando mayor poder a las corporaciones privadas, no incluye referencia alguna a las lenguas y culturas indígenas en su currículo e introduce evaluaciones para los docentes, sin tomar en cuenta las diferencias culturales y geográficas.

“Las autoridades reprimieron brutalmente las manifestaciones”, explica Yolanda. “En el 2015 las negociaciones con el gobierno se cayeron y desde entonces están sometidos a amenazas, intimidación, hostigamiento judicial, ataques físicos, arrestos y una represión incesante. Deberíamos trabajar en las aulas, pero debemos continuar nuestra lucha en las calles”.

Recientemente, los/as defensores/as de derechos humanos que trabajan por el derechos a la educación en el estado de Oaxaca han denunciado actos intimidatorios. La noche del 14 de julio, las DDH Adriana Linares Arroyo y Rubí Cortés Salazar fueron fotografiadas cuando subían a su vehículo y luego seguidas por otro mientras conducían desde Oaxaca a Tlaxiaco. Las dos defensoras también recibieron llamados telefónicos anónimos, fueron objeto de acciones de difamación, espionaje e intimidación de parte de individuos que tendrían conexión con la policía y el ejército.

La represión contra los docentes en huelga se ha vuelto cada vez más violenta y letal. El 19 de junio, una operación policial contra las manifestaciones en varias ciudades dejó como saldo once muertos y más de 120 heridos. La voz de Yolanda todavía se estremece cuando recuerda lo sucedido aquel día: “Desde la mañana nos dimos cuenta de que la policía actuaba con más agresividad que la habitual. No nos dieron ninguna garantía antes de atacar el bloqueo: de inmediato utilizaron gas lacrimógeno. Violaron nuestra democracia”.

No solo se trata de ataques físicos contra los defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con Yolanda, el abuso cotidiano es muy difícil de soportar: “Las más afectadas son las mujeres indígenas. La gente nos dice que debemos quedarnos en casa, nos llaman “indias” de forma peyorativa. Nos insultan con palabras horribles que no puedo repetir. Nos dicen que si salimos a las calles es porque no tenemos otra cosa que hacer o porque estamos en busca de hombres. Para nosotras, las mujeres, la lucha es todavía más difícil, pero trabajamos unidas y sabemos que siempre tendremos apoyo.”

Yolanda ha estado trabajando estrechamente con las esposas y familiares de otros maestros y defensores/as de derechos humanos que fueron detenidos/as. Hasta la fecha, son 75 los líderes del movimiento docente que están encarcelados.

En noviembre de 2014, el Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas dio a conocer una opinión en la que reconoce como arbitraria la detención de Damián Gallardo Martínez y llama a su libertad inmediata y sin condicionamientos. A pesar de la presión de la ONU y de la comunidad internacional, las autoridades mexicanas no han tratado su liberación.

“Debemos continuar luchando por la libertad de mi esposo y de otros prisioneros”, afirma Yolanda, “porque les quitaron la libertad, y sus hijos quedaron sin padres. Debemos continuar luchando para que el sacrificio de todos los colegas asesinados, la sangre derramada, y todas las personas que desaparecieron, no sean en vano. Sabemos que nuestra lucha no se resolverá en un día, vamos contra el gobierno y las corporaciones privadas y que es difícil, pero nuestra lucha es legítima y hemos de triunfar”.