Por fin, concluye una pesadilla de 5 años

En octubre del año pasado tuve el privilegio de conocer a Damian Gallardo por primera vez. Había escuchado su nombre muchas veces desde 2013, cuando fue arrestado en medio de la noche en su casa en Oaxaca; desde entonces, Front Line Defenders, junto con muchos otros, dieron apoyo a él y a su familia y lucharon por conseguir su liberación. Lo conocí en lo que había sido su hogar durante cinco años, una prisión de alta seguridad a las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Esto es lo primero que te choca: no solo estuvo en prisión durante cinco años sin juicio y sobre la base de acusaciones totalmente infundadas, sino que estuvo a 1000 km de distancia de su familia y amigos. ¿Qué otros motivos hay para hacer esto si no es intentar quebrar su alma y castigar su activismo por los derechos humanos?

Mi colega me dio unas pautas antes de ir: no lleves nada amarillo, ese es el color que la prisión exige para los familiares y no uses azul oscuro, verde, rojo, negro o beige; no uses zapatos con cordones ni ropa con piezas de metal. Prepárate para las inspecciones corporales y esperar largas horas y para la posibilidad de que no podamos ver a Damian.

A pesar de haber enviado una solicitud formal el mes anterior, aparentemente la prisión no la había recibido. Tras varias horas de espera tratando frenéticamente de contactar a las autoridades de la capital y obtener una reunión con el director general de la prisión, finalmente nos dieron permiso para ingresar. Es difícil saber si se trató de un problema realmente burocrático, como nos dijo el director general. Sin embargo, uno no puede dejar de pensar que puede no haber sido así.

La distancia de su familia y el bloqueo de los visitantes no es nada comparado con lo que Damian ha sufrido. Acusado de secuestro y crimen organizado, fue arrestado sin orden judicial durante una redada en su casa en medio de la noche, fue torturado para firmar una confesión contra otros activistas, agredido durante su detención y recluido en régimen de aislamiento en represalia por denunciar abusos en el interior la prisión. ¿Su «verdadero crimen»? Defender el acceso a la educación y los derechos de los pueblos indígenas en Oaxaca.

Entrevista con Yolanda Barranco Hernández,
esposa de Damian Gallardo y defensora de derechos humanos

Por fin conocimos a Damian y al también detenido DDH Enrique Guerrero en una pequeña sala de la prisión. Allí vi a dos hombres sonrientes, amables y decididos que mostraban el espíritu indomable común a tantos defensores de los derechos humanos. Durante su detención, se sintieron conmovidos por el mismo sentido de justicia y equidad que los llevó a comprometerse con los derechos humanos inicialmente, y pasaron su tiempo en la cárcel escribiendo, organizando a los reclusos, presionando por obtener mejores condiciones en prisión y ayudando a otras personas. A través de dibujos, historias y poesía sobre su detención reunidos en un libro, Damian compartió con el mundo exterior «el amor, la confianza, la admiración, la resistencia y la gratitud por la vida» que permanecieron intactos a pesar de la estar detenido.

Cuando hablamos de las estrategias para su liberación, la inminente llegada del nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las conversaciones sobre una ley de amnistía para los presos políticos ofreció un atisbo de esperanza de que su sufrimiento llegara a su fin. Finalmente, la maravillosa noticia de su liberación se anunció dos meses después, el 28 de diciembre.

Los casos de Damián y Enrique no son ni mucho menos casos aislados y representan fielmente el patrón generalizado de criminalización de los/as defensores/as de derechos humanos en México. Nuestro último Análisis Global destaca el caso la DDH Dominga González Martínez, la mujer indígena de 61 años que pasó 10 años en prisión preventiva y finalmente fue condenada en 2017 a 50 años de prisión por defender el derecho a la tierra, el agua y los derechos de los pueblos indígenas. Esa fue también la suerte de otros cinco DDH de su comunidad.

En su informe de 2018, el relator especial de las Naciones Unidas para las personas defensoras de los derechos humanos, declaró que los/as DDH en México «han sido criminalizados mediante un uso indebido e intencionado de la legislación penal y la manipulación de la pretensión punitiva de las autoridades» y que los tribunales «imponen presuntamente medidas preventivas a los defensores sin respetar sus derechos ni las debidas garantías procesales». En 2014, apenas un año después de la detención de Damian, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias determinó que su detención fue arbitraria y que debía ser puesto en libertad de inmediato. Se llegó a conclusiones similares en otros cinco casos revisados ​​por el grupo de trabajo en poco más de un año. Es la primera vez que este grupo de trabajo emite tantas decisiones sobre un país en un período tan breve. Aún más difícil de cuantificar es el número de defensores/as que siguen involucrados durante años en procesos penales mientras permanecen libres.

El mes pasado, la defensora de derechos humanos y ahora senadora Nestora Salgado proporcionó al Gobierno una lista de 199 detenidos/as, entre los que había defensores/as y periodistas considerados presos/as políticos/as. A principios de este mes, el Ministerio del Interior anunció la revisión de más de 300 casos de personas «detenidas injustamente». Es importante que el Gobierno demuestre su seriedad respecto a su voluntad declarada de romper con la política de represión anterior, liberando rápidamente a todos los/as DDH detenidos/as, hacer que el mecanismo de protección del Gobierno sea más efectivo, especialmente para las comunidades rurales e indígenas así como abordar cuestiones de rendición de cuentas por los ataques y asesinatos ocurridos.

NOTA: En 28 Diciembre 2018, dos meses después de esta visita de Andrea Rocca, Directora Adjunta de FLD, Damian Gallardo y Enrique Guerrero fueron liberados de la prisión y se reunieron con sus familias.

Damián Gallardo reunido con su familia (Izq.) y Enrique Guerrero con su esposa (Der.) y la Coordinadora de Protección para las Américas de FLD, Sandra Patargo, tras su liberación de prisión.