Defensores/as de derechos humanos son críticos para la justicia en el post-acuerdo en Colombia
El anuncio del cese de fuego entre el gobierno colombiano y las FARC-EP constituye un momento histórico que esperamos marque un punto de inflexión en la historia de Colombia, brinda al pueblo colombiano la oportunidad para tener un respiro de la violencia endémica sufrida en el pasado. La referencia directa a la protección de los/as defensores/as de derechos humanos (DDH) en el acuerdo de paz es otra de las razones para celebrar.
Para tener éxito, este tan esperado acuerdo de paz necesita de la participación activa de la sociedad civil. El Estado debe reconocer el papel vital de la sociedad civil en el diseño de un futuro para Colombia, fundado en los valores democráticos, el respeto a la ley y los derechos humanos. Para implementar esta visión son fundamentales la seguridad y protección de los/as DDH. Las promesas realizadas en el Acuerdo de Paz parecen encarar esta temática de modo directo. El Acuerdo promete: acción contra las organizaciones criminales que perpetran masacres u homicidios o que hacen blanco contra defensores/as de derechos humanos o activistas políticos; la creación de una nueva cultura política en la que no habrá lugar para el uso de armas en una vida política fundada en los valores democráticos; garantías para la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la administración de justicia. Si se lo implementa tal como está delineado, representará un quiebre definitivo con el pasado.
"Para tener éxito, este tan esperado acuerdo de paz necesita de la participación activa de los/as defensores/as de derechos humanos." - Mary Lawlor, Directora Ejecutiva, Front Line Defenders
Sin embargo, la tarea que debe encarar el gobierno para la implementación de este acuerdo es tanto compleja como desafiante, y la situación en el terreno no es alentadora. Visto el progreso alcanzado en las conversaciones de paz en los últimos meses, sería de esperar ver una mejora en la situación de los derechos humanos en el país. Ocurre lo contrario. Se continúa deteriorando la posibilidad de que los/as DDH puedan desempeñar su labor pacífica por los derechos humanos. Desde comienzos de la década de los años ochenta han habido continuados intentos de desmovilizar a los paramilitares y para que la sociedad los reabsorba. Esto debería haber traído como resultado una reducción gradual de los niveles de violencia, pero –de hecho- ha habido un constante incremento en los actos de violencia en los que fueron tomados/as como blanco los/as DDH. La mayoría de estos asesinatos no fueron castigados, debido a que los paramilitares controlan o cuentan con aliados entre muchos de los miembros de las instituciones estatales, tales como el ejército y la judicatura. La incapacidad del gobierno -o hasta la fecha, su falta de voluntad- para combatir a los paramilitares amenaza la implementación del Acuerdo de Paz y pone en riesgo la labor legítima de los/as DDH en ese país.
Colombia es todavía uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores y defensoras de derechos humanos. En realidad, la violencia contra los/as DDH sigue creciendo. Entre enero y marzo de 2014, la ONG local “Somos Defensores” documentó 16 homicidios de DDH. Durante el mismo período del 2015 esta cifra se incrementó a 19, y a 20 en el período correspondiente al 2016. El número de asesinatos crece sin cesar. Front Line Defenders, que posicionó a Colombia como el país con mayor número de asesinatos de DDH en el 2015, llama al gobierno a tomar acciones concretas para asegurar que ese país no encabece nuevamente la lista de DDH asesinados en el 2016.
A pesar de todo, siguen los asesinatos. Nelly Amaya Pérez fue asesinada el 16 de enero de 2016, en San Calixto. Madre de tres hijos, la activista política presidía la Junta de la Acción Comunal del Barrio Guamalito , que integra la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE. Fue tomada como blanco por su tarea como DDH, que busca justicia para casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado y los grupos paramilitares. El 7 de marzo de 2016, William Castillo Chima ,defensor del derecho ambiental, fue asesinado a balazos en Villa Echeverry, municipalidad de El Bagre, Antioquía. Estos son solo dos casos de entre tantos otros.
Los DDH de Colombia también son objeto de intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada, ataques físicos, tortura, allanamiento ilegal y estigmatización. El caso de David Ravelo Crespo tipifica muchos de los problemas del sistema judicial penal en Colombia y pone de relieve la necesidad urgente de que se cumpla la prometida reforma del sistema. David, finalista al Premio 2013 de Front Line Defenders, fue sentenciado a cumplir 18 años de prisión por acusaciones fabricadas y de motivaciones políticas, tras un juicio injusto durante el cual la evidencia principal en su contra fue provista por un integrante de fuerzas paramilitares que el Estado está procesando por perjurio. El caso de David Ravelo Crespo no es el único. Se estima que son 3000 los casos pendientes de revisión porque están involucrados testigos falsos. La falta de confianza en el sistema judicial constituye un impedimento para el establecimiento de una paz duradera y el desarrollo de un ambiente seguro en el que los/as DDH puedan trabajar.
El acuerdo de paz reconoce los problemas endémicos relacionados con la debilidad del Estado para confrontar a los grupos del crimen organizado, al afirmar que el gobierno nacional debe asegurar la implementación de “medidas necesarias para fortalecer efectivamente las acciones contra comportamientos y organizaciones criminales, como parte de este acuerdo, que amenaza las medidas de construcción de la paz”. Sin embargo, el énfasis en los “comportamientos criminales” hecho en esta afirmación no aborda la temática de la complicidad de la policía y el ejército en los ataques contra defensores/as de derechos humanos o el hecho de que el mismo sistema de justicia penal haya sido tan desacreditado.
El Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, afirmó recientemente: “una de las maneras más simples de permitir que la sociedad civil contribuya con la prevención es simplemente dejar de perseguir, intimidar y hostigar a los representantes de la sociedad civil, entre ellos a los/as defensores/as de derechos humanos.”
Con la firma de este acuerdo de paz, Colombia se ha embarcado en un nuevo camino, pero si ha de conducir a un largo período de estabilidad y justicia para todos los colombianos, es crítica la participación activa, libre y segura de los defensores y defensoras de derechos humanos para la reconstrucción del país.
