Ecuador: Acción Ecológica lucha contra orden arbitraria de disolución

En una conferencia de prensa el 6 de enero de 2017, la organización ambientalista Acción Ecológica, junto a abogadas/os y representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, denunciaron los intentos del gobierno Ecuatoriano para disolver la organización. La Presidenta de Acción Ecológica, Esperanza Martínez, declaró que:

"Ahora ya no sólo es un tema de la defensa de la naturaleza, de la defensa de los territorios, si no también es un tema de defensa del derecho a participar, de defensa del derecho a ser solidarios, de defensa del derecho a manifestar la denuncia, de defensa del derecho a hablar".

Este es el intento más reciente para silenciar a la organización, la cual ha hecho frente a amenazas de muerte, agresiones, intentos de asesinato, difamación, criminalización e intentos de disolución, entre otros, en los últimos diez años. El día de hoy, 11 de enero de 2017, Acción Ecológica ha sido citada a una audiencia de cierre en el Ministerio del Ambiente.

El 20 de diciembre de 2016, el Vice-Ministro de Seguridad Interna, Diego Torres Saldaña, solicitó al Ministro del Ambiente, Walter García Cedeño, iniciar inmediatamente el proceso de disolución de Acción Ecológica, organización que por más de 30 años ha abogado por la protección del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador. Este es el segundo proceso de disolución que se inicia contra la organización, ya que las integrantes de la misma lograron archivar el primer proceso iniciado por las autoridades en el 2009. Acción Ecológica ya ha presentado sus pruebas de descargo al Ministerio del Ambiente y está a la espera de su decisión.

El proceso actual de disolución fue solicitado dos días después de que Acción Ecológica hiciera un llamado para la creación de una Comisión de Paz y Verdad que investigue la destrucción ambiental y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la Cordillera del Cóndor y otras áreas del país afectadas por la minería. El Vice-Ministro Torres Saldaña acusó falsamente a Acción Ecológica de 'promover y perpetrar violencia', 'desviarse de sus objetivos estatutarios' y constituir un 'riesgo a la seguridad nacional'. En realidad, la organización ha denunciado constantemente el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía en contra del pueblo indígena Shuar opuesto a los proyectos de minería del cobre Panantza-San Carlos y Mirador ubicados en territorio Shuar, así como el uso del ejército para atacar y controlar a sus comunidades. Ambos proyectos son ejecutados por compañías controladas por dos empresas estatales Chinas: la China Railway Construction Corporation y la Tongling Nonferrous Metals Group Holding Company.

Ivi Oliveira, Coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, declaró que:

"Es extremadamente preocupante que el gobierno de Ecuador esté constantemente creando y aplicando nuevas leyes que restringen la libertad de asociación, la libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestación pacíficas para impedir el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. Decretos ejecutivos tales como el 16 y 739 en particular, que otorgan al gobierno el poder de disolver una ONG en base a motivos ambiguos, han sido usados sistemáticamente contra la sociedad civil en los últimos años."

El 4 de diciembre de 2013, bajo el Decreto 16, Fundación Pachamama fue disuelta. La sanción fue dictada y ejecutada poco después de que sus integrantes participaron en una manifestación contra la concesión de permisos de exploración petrolera en la Amazonia Ecuatoriana a inversionistas extranjeros. Fundación Pachamama abogó por los derechos de los pueblos indígenas y la conservación del medio ambiente for más de 15 años, y fue una organización altamente respetada tanto a nivel nacional como internacional. El 8 de septiembre de 2015, la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) notificó a Fundamedios, una fundación que promueve y defiende la libertad de expresión, que el proceso de su disolución había comenzado. La disolución está basada en una acusación que alega que Fundamedios estaba involucrada en "actividades políticas" a raíz de que promovieron contenido que originaba de los blogs de opinión de dos periodistas, actuando así supuestamente fuera de sus objetivos estatutarios. Debido a la intensa presión e incidencia internacional, el proceso de disolución fue suspendido. Sin embargo, el sitio web y las cuentas de redes sociales de Fundamedios han sido frecuentemente objeto de ciberataques. El 21 de julio de 2016, el Ministerio de Educación inició el proceso de disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el sindicato más grande y más antiguo del sector educativo. La UNE denunció el proceso de disolución como una represalia contra la organización por participar en, y hacer uso de, mecanismos internacionales de derechos humanos. La UNE defendió los derechos laborales de los educadores desde 1950.

Front Line Defenders hace un llamado al gobierno de Ecuador a garantizar la libertad de asociación de organizaciones de la sociedad civil y no limitar su trabajo legítimo y pacífico de forma arbitraria. Front Line Defenders condena el uso del Decreto Ejecutivo 739 de 2015 con la intención de silenciar Acción Ecológica y se une a numerosas organizaciones de derechos humanos y expertos independientes que han brindado su apoyo a la organización. Las integrantes de Acción Ecológica realizan un trabajo crucial en defensa del medio ambiente y los pueblos indígenas y debería tener el espacio necesario para realizar sus actividades. Front Line Defenders subraya la contradicción entre el liderazgo de Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU impulsando la adopción de un tratado vinculante sobre las empresas privadas y los derechos humanos y la persecución sistemática de defensores y defensoras de derechos humanos promoviendo la rendición de cuentas de la industria minera y petrolera. Front Line Defenders urge al gobierno de Ecuador a cesar la persecución contra Acción Ecológica y a derogar o modificar toda ley que limite el trabajo legítimo de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.