La tortura y la violencia de Estado en Bolivia son parte de la historia del país. Por eso la tortura sigue siendo una practica de las Fuerzas armadas y de la policía con la complicidad de jueces y fiscales. El artículo 15 de la Constitución Política del Estado refiere que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos o degradantes y la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.
Sin embargo, existe una conducta en las autoridades de gobierno y del órgano judicial de invisibilizar y negar la tortura . Los casos de tortura en los últimos años han venido en aumento. El informe de la Defensoría del Pueblo revela que los casos de tortura crecieron en un 100% de 2013 a 2014. Casos emblemáticos de tortura se conocieron en esta gestión como el de Juan Bascopé fue torturado a manos de la policía y en presencia del fiscal Gregorio Blanco y funcionarios del Ministerio de Gobierno. El ITEI, que se ocupa principalmente de dar atención psicológica y médica a las personas afectadas ha atendido y documentado entre 2013 y 2014 los siguientes casos de tortura, trato cruel inhumano y degradantes: 560 mujeres y 832 varones, el entorno familiar afectado fue de 134 mujeres y 216 varones.
Bolivia ha ratificado la Convención contra la tortura y ha ratificado el Protocolo Facultativo contra la Tortura, sin embargo, nuestro país no cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención que cumpla con las directivas del OPCAT. El gobierno ha creado el Servicio de Prevención de la tortura (SEPRET) dependiente del Ministerio de Justicia, que no cumple con el principio de independencia de cualquier instancia gubernamental del MNP.
Igualmente, el Estado boliviano al ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura en 1999, adquirió el deber de cumplir con las medidas de reparación para las personas afectadas, como ser el derecho a que se les restituya la situación en la que se encontraban antes de los hechos de tortura, la indemnización financiera por el daño económico directo que fue ocasionado, la rehabilitación integral que significa atención médica, psicológica, social y jurídica, el procesamiento penal de los autores y la revelación pública de la verdad, por ultimo las garantías de no repetición, que constituyen las medidas de prevención de la tortura. Al no cumplir con este compromiso tiene una gran deuda con la población afectada.
Últimamente, se ha proyectado una « Ley contra las ONGs », que pone en riesgo el trabajo de las mismas, es una forma de controlar y restringir la labor de las ONG’s en Bolivia que no tiene fundamento, debido a que las instituciones no gubernamentales entregan informes constantes al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo sobre sus manejos económicos, al Ministerio de Trabajo y a Impuestos Nacionales. Todo el manejo de los recursos de las ONGs esta a la mano del Gobierno, por eso creemos que la Ley es para controlar y restringir el trabajo de las ONGs.
Frente a todo lo expuesto, con el impulso del ITEI surge de la sociedad civil, la creación de la « Coalición contra la tortura » compuesta por nueve organizaciones: Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Comunidad de Derechos Humanos, Capitulo Boliviano de Derechos Humanos, Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, Capacitación y Derechos Ciudadanos, Caritas Bolivia, Pastoral Penitenciaria y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP)
Los objetivos fundamentales de esta Coalición son:
Promover y articular acciones conjuntas para el cumplimiento de las normas nacionales y los instrumentos internacionales de prevención, investigación y sanción de los hechos de tortura.
Exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los tratados internacionales contra la tortura ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia para: la prevención de la tortura, la protección y la rehabilitación de las victimas
Es así que pese a todo lo descrito continuamos en condiciones difíciles un trabajo comprometido con las personas afectadas, consecuente con nuestros principios éticos en la defensa de la dignidad humana, en una lucha incansable contra la tortura y con un posicionamiento político de total independencia del Estado, cumpliendo así con el mandato con el cual fueron creados los organismos de DDHH. Hoy en día las fuerzas de la globalización económica se han apropiado del significado y la finalidad de los DDHH. De esta manera, las mismas fuerzas que violan los derechos de los pobres se presentan como sus protectoras. En este contexto, el discurso sobre los derechos humanos se caracteriza por su ambigüedad, debería hacer avanzar la causa de los pobres, pero muy seguido defiende a los poderosos y no a los marginados. Nos corresponde redimirlos y ponerlos al servicio de los marginados solo así serán realmente universales. Las organizaciones de DDHH, las personas defensoras de los mismos no pueden servir honradamente al mercado y a los derechos humanos so pretexto de una posición neutral. En esta defensa no hay neutralidad posible.
Las organizaciones de DDHH, las personas defensoras de los mismos no pueden servir honradamente al mercado y a los derechos humanos so pretexto de una posición neutral. En esta defensa no hay neutralidad posible.
