Existe desde hace más de 10 años una situación de riesgo en Venezuela contra la labor de defensores y defensoras de DDHH llevada a cabo por el gobierno nacional desde la época de Hugo Chávez como presidente sin embargo es a raíz de la llegada al poder de Nicolás Maduro que estos riesgos y amenazas se incrementan viendo así como en la actualidad a octubre de 2015 la CIDH ha otorgado 10 medidas cautelares de protección a defensores y defensoras a pesar de estas medidas y de los exhortos de los diferentes comités de DDHH de la ONU el Estado incumple sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar la protección de defensores y un entorno seguro para sus labores.
En consecuencia, las prácticas de estigmatización, intimidación y represalia que llevan a cabo o permiten funcionarios, abusando de su autoridad y de los medios públicos, causan deshumanización y daños a la credibilidad de los defensores, violan sus derechos a la integridad psíquica y moral, y generan un clima de hostilidad contra ellos que dificulta el desempeño legítimo de su trabajo y la inhibición de las víctimas a la denuncia y a la búsqueda de asistencia, además de exponerlos a la violencia e inseguridad existente en el país.
Los responsables por acción u omisión de todos estos ataques contra defensores y defensoras pertenecen al Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia.
Las organizaciones señaladas y criminalizadas en Venezuela constantemente son COFAVIC, PROVEA, ESPACIO PÚBLICO, OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES, UNA VENTANA A LA LIBERTAD, CODEVIDA, FUNPAZ, OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, TRANSPARENCIA VENEZUELA, FORO PENAL VENEZOLANO, UN MUNDO SIN MORDAZA, MOVICOIN, RED LGBTI DE VENEZUELA, entre otros. En otros estados del país, defensores y defensoras de Aragua, Barinas y Lara, señalan haber sido víctimas de seguimiento, persecución y amenazas de muerte, por parte de órganos de seguridad del Estado, así como por civiles armados. Así mismo el caso de Víctor Martínez, en el Estado Lara, ha sido denunciado reiteradamente: su hijo Mijail, también defensor de derechos humanos, fue asesinado en el año 2011, y él ha sido víctima de tres intentos de asesinato.
Las campañas de descrédito por parte de funcionarios del Estado contra defensores en Venezuela, de la que se hace eco el Sistema Nacional de Medios Públicos, han sido sistemáticas y abarcan áreas diversas de defensa de derechos humanos. En ellas son frecuentes las etiquetas negativas de “escuálidos”, “corruptos”, “apátridas”, “lacayos del imperio”, dirigidas también en algunos casos contra representantes de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos.
Las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil reivindican la lucha por los Derechos Humanos en Venezuela recordando que: Callar la voz de un defensor es callar la voz de la víctima.
Las campañas de descrédito por parte de funcionarios del Estado contra defensores en Venezuela, de la que se hace eco el Sistema Nacional de Medios Públicos, han sido sistemáticas y abarcan áreas diversas de defensa de derechos humanos.
