#Sudán del Sur

En Sudán del Sur, los/as DDH enfrentan varias dificultades, la mayoría de los cuales parecen estar exacerbadas porque se trata de una nación nueva que atraviesa una difícil transición política y con periódicos episodios de inestabilidad. Aquello que el país logró inmediatamente luego de la independencia se perdió en la reciente guerra civil que estalló en diciembre de 2013, consecuencia de una aparente lucha de poder entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente Riek Machar. Rápidamente, esta crisis derivó en un conflicto étnico que prendió entre los integrantes de los grupos mayoritarios de la etnia dinka (desde la que llega el presidente Salva Kiir) contra los nuer (de donde proviene el vicepresidente Riek Machar). Durante este período de inseguridad que afectó a distintas regiones del país, entre ellas Yuba, la capital, muchos defensores y defensoras de derechos humanos recibieron amenazas de muerte y se vieron forzados a ocultarse o huir del país.

Gracias al acuerdo de paz ya existente, negociado en el ámbito internacional, a comienzos del 2016 el nivel de violencia había bajado notablemente. Sin embargo, todavía resulta dificultoso para las partes en conflicto poner en marcha los principales componentes del acuerdo, lo que aumenta el temor de que las hostilidades se reinicien en cualquier momento. Mientras tanto, varios destacados/as defensores/as de derechos humanos regresaron al país, pero algunos se han corrido hacia otras actividades, entre ellas el activismo político. Quienes están en "mayor riesgo" son los periodistas que incluyen temas de derechos humanos en sus informes habituales. Los medios de comunicación que podrían ser agredidos son unas pocas estaciones de radio cuya programación se ocupa de temas sociopolíticos sensibles al igual que varios medios impresos. Cada vez más, el gobierno toma como blanco a los/as periodistas independientes a la vez que la crisis reciente agravó su situación. En este polarizado ambiente posterior al conflicto, fueron asesinados varios periodistas en circunstancias que sugieren que fueron atacados por haber criticado al gobierno de Yuba y la forma en que conduce los asuntos del Estado. Muchos otros siguen detenidos por causa del contenido de sus artículos o comentarios y otros tantos se vieron forzados a exilarse. Se informa que los organismos de seguridad serían particularmente hostiles hacia el trabajo de los periodistas independientes y, generalmente, los acusan de "traicionar a la nación".

La cuestión de la impunidad de los ataques a defensores/as de derechos humanos y periodistas nunca se atendió, ni siquiera bajo los términos del acuerdo de paz logrado recientemente. Pero la impunidad de los funcionarios públicos, sin mencionar la de los actores no estatales, siempre fue un problema grave en este nuevo país. La recientemente creada coalición de derechos humanos constituye un paso en la dirección correcta para lograr un manejo adecuado de las preocupaciones por la seguridad expresadas por defensores/as de derechos humanos y periodistas, incluida la necesidad de justicia para los ataques sufridos en el pasado.