#Italia

La constitución italiana garantiza las libertades de expresión y reunión que, en general, son respetadas. Sin embargo, la policía italiana fue acusada en reiteradas oportunidades de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y activistas pacíficos.

En julio del 2001, durante la Cumbre del G8 en Génova, más de 300 policías cargaron con violencia contra 100 activistas y algunos periodistas que pasaban la noche en una escuela. Los manifestantes fueron trasladados a una estación de policía cercana, donde los golpearon nuevamente. Más de 60 personas resultaron seriamente heridas. Doce años después, 17 funcionarios fueron condenados por fraude, por haber plantado evidencia falsa mientras que otros fueron condenados por uso excesivo de la violencia, pero ninguno de ellos fue a la cárcel y todas las sentencias fueron reducidas. En julio de 2015, mediante una decisión histórica y fundamental, la Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Italia por hacer uso de actos de "tortura" contra los manifestantes. Sin embargo, el delito de tortura todavía no fue incluido en el Código Penal italiano.

Asimismo, se obstaculizan las actividades de los/as defensores/as de derechos humanos a través del hostigamiento judicial, lo que ha dado como resultado varios casos que en los últimos años llevaron a largos procesos judiciales y costos altísimos para los acusados.

Los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas italianos/as hacen frente a ataques y amenazas de parte de grupos criminales desde dentro del mismo país, predominantemente por causa de su tarea en casos de corrupción y sus investigaciones sobre el crimen organizado. En unos pocos casos, los perpetradores fueron identificados, llevados ante la justicia y condenados. La creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos en Italia constituye un tema que se debate desde hace ya un tiempo, y que podría contribuir con soluciones para la protección de defensores y defensoras y, de manera más general, mejorar los mecanismos de consulta a la sociedad civil.

Quienes defienden los derechos del ambiente, las minorías y los migrantes también están identificados como un grupo de riesgo. Los/as defensores/as LGBTI son cada vez más hostigados y presionados por los sectores del ala derecha de la sociedad. En febrero de 2016, el Parlamento italiano inició la votación de una [https://medium.com/@FrontLineDefenders/time-to-wake-up-italy-to-vote-on-... ley para el reconocimiento de las uniones civiles de personas de un mismo sexo]. En el caso de ser aprobada, esta legislación permitiría que parejas homosexuales y heterosexuales inscriban oficialmente sus uniones y gocen de los mismo derechos que las parejas unidas en matrimonio, pero no autorizaría la adopción de hijos de una y otra parte.