Informe EPU - El Salvador 2019

Presentación ante la 34ª sesión del examen periódico universal, noviembre de 2019
Fecha de presentación: 28 de marzo de 2019

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INTRODUCCIÓN Y PRINCIPALES PREOCUPACIONES

1. El presente documento se centra en la situación de los/as defensores/as de derechos humanos (DDH) en El Salvador y abarca el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2019.

2. Front Line Defenders considera que el contexto general para la defensa de los derechos humanos no ha mejorado desde el último ciclo del EPU y señala sus principales preocupaciones.

• La existencia de un marco legal restrictivo para la defensa de los derechos humanos, como la legislación antiterrorista y las propuestas de proyectos de ley que restringen el acceso al agua y la independencia de la labor de los/as DDH;
• La continua utilización de sistemas de seguridad hostiles, represión policial y violencia de pandillas contra los/as DDH, especialmente contra las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente.
• El acceso a la justicia y la estigmatización de los/as DDH, principalmente de las personas que trabajan en temas de derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos LGBTI;
• Hostigamiento judicial, especialmente contra los líderes y lideresas indígenas y ambientales, sus seguidores/as y defensores/as;

3. La nueva Administración del presidente Nayib Bukele asumirá el cargo el 1 de junio de 2019, y se espera que aborde problemas sociales de larga duración, como la criminalidad, la migración, la pobreza y la justicia transicional. Sin embargo, a los/as DDH les preocupa que la falta de posicionamiento del Gobierno entrante sobre las cuestiones de derechos humanos pueda dar lugar al olvido de las violaciones de los mismos que iría acompañado de un cambio hacia políticas más orientadas al mercado.

4. En abril de 2018, los legisladores salvadoreños no consiguieron modificar el Código Penal nacional para suavizar la prohibición del aborto, a pesar de los dos borradores de propuestas diferentes presentados por varios parlamentarios, apoyados por colectivos feministas que luchan por el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer (tales como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico y La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local). El Salvador es uno de los pocos países que quedan en el mundo donde el aborto está totalmente prohibido, incluso en el caso de grave malformaciones del feto. Defensoras de derechos humanos y organizaciones de defensa de los derechos reproductivos en El Salvador han sido objeto de campañas difamatorias sobre su imagen personal y profesional, en las que se ha cuestionado su papel como mujeres y madres. Las amenazas, la estigmatización y los ciberataques contra estas mujeres y DDH feministas son llevados a cabo en gran medida por grupos fundamentalistas religiosos y conservadores, que cuentan con amplios recursos de capital privado.

5. Después de más de dos décadas, el 13 de julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General del país.1 La derogación de la Ley de Amnistía General permite a DDH y víctimas, silenciados durante más de veinte años, continuar la lucha por la defensa de la justicia, el derecho a la verdad y el fin de una cultura de impunidad. Sin embargo, Front Line Defenders ha sido informada de que la Asamblea Legislativa de El Salvador propuso una nueva «Ley de Reconciliación Nacional» que crearía más barreras en el acceso a la justicia, verdad y reparación que la ley de Amnistía.2

AVANCES DESDE EL CICLO ANTERIOR DEL EPU

6. En su última revisión, El Salvador aceptó tres recomendaciones con respecto a la protección de los/as DDH, todas ellas relacionadas con la investigación de ataques e intimidaciones en su contra. El país respondió que ya estaba trabajando en el tema, dados sus esfuerzos por combatir la impunidad y la corrupción así como sus disposiciones legales, que agravan la pena para los delitos contra los/as DDH. Sin embargo, durante el periodo objeto de examen, Front Line Defenders recibió una serie de denuncias que apuntan a una falta de protección, de investigaciones e incluso a ataques directos y hostigamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado contra los/as DDH. A menudo el Estado no prioriza las líneas de investigación relacionadas con la labor de defensa de los derechos humanos y enmarca estas violaciones en el contexto de una elevada tasa general de violencia en el país, a pesar de estar dirigidas específicamente contra los/as DDH. Además, la mayoría de los/as DDH en el Salvador no consideran la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como una institución aliada, teniendo en cuenta los niveles de politización del órgano y la poca relevancia de sus contribuciones en los casos de violaciones de derechos humanos.

7. Durante el periodo analizado, varios/as DDH y organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a hostigamiento judicial en El Salvador. Mientras el Gobierno llevaba a cabo intentos de criminalizar el trabajo de los/as DDH, empresas en busca de implementar megaproyectos en el país también presentaron acusaciones penales contra estas personas. En 2015, la defensora de derechos humanos Sonia Sánchez, que trabaja en la defensa de los recursos naturales del cantón «El Porvenir» contra un proyecto de desarrollo urbano que amenazaba su existencia, fue acusada de difamación y calumnia por parte de la empresa Grupo Roble.

8. El Estado aceptó tres recomendaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas. El Gobierno de México recomendó que El Salvador debería «establecer mecanismos de consulta con los pueblos indígenas para adoptar políticas y leyes que promuevan sus derechos». A pesar de la aprobación de una enmienda al art. 63 de la Constitución nacional del país en junio de 2014 para garantizar el desarrollo de políticas públicas para la protección de las poblaciones indígenas, estos grupos siguen luchando por obtener los derechos sobre sus tierras ancestrales, lo que pone en peligro su derecho a la libre determinación, la seguridad alimentaria y la vivienda. En 2015, el Gobierno de El Salvador emitió un documento programático3 con una serie de políticas públicas para la protección de los pueblos indígenas que se implementarían en el próximo periodo, entre ellas el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos culturales. No obstante, estas medidas aún no se han implementado y los/as DDH indígenas siguen reclamando una protección efectiva por parte del Estado.4

9. El Salvador no ha conseguido brindar protección específica a las mujeres que se enfrentan a la violencia, lo que afecta directamente a la seguridad de las defensoras de derechos humanos. El país aceptó una recomendación de Irlanda para «tomar todas las medidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la legislación que busca combatir la violencia contra mujeres y niñas, y tomar medidas específicas para proteger a las personas víctimas de violencia por su orientación sexual e identidad de género», y alegó estar trabajando en su implementación. Sin embargo, Front Line Defenders ha seguido observando un número elevado de casos de violencia sexual y de género, entre ellos a través de campañas de desprestigio, criminalización y amenazas contra quienes defienden los derechos de las mujeres, especialmente los derechos reproductivos. En 2015, organizaciones feministas, entre ellas la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, fueron objeto de estigmatización y amenazas de criminalización por defender a 17 mujeres acusadas de homicidio debido a complicaciones del embarazo.5 Además, las violaciones de derechos humanos relacionadas con la identidad de género de las mujeres trans son una fuente de preocupación para las defensoras de derechos humanos salvadoreñas, ya que las políticas gubernamentales a este respecto no garantizan su protección, como lo demuestra el asesinato de Francela Méndez el 31 de mayo de 2015. Francela defendía los derechos de las personas trans en El Salvador y formaba parte del Colectivo Alejandría.6

(a) Un marco legal restrictivo

10. Existen varias leyes dentro del marco legal que representan una amenaza para las actividades de los/as DDH. La ley antiterrorista de El Salvador7 está redactada de manera lo suficientemente amplia como para permitir la criminalización de los/as DDH y organizaciones que buscan llevar a cabo proyectos en áreas controladas por pandillas consideradas como terroristas. Los/as DDH entrevistados/as por esta organización afirman que temen participar en actividades de defensa de derechos humanos en estas regiones debido a que podría interpretarse en el futuro como actividades de apoyo a redes «terroristas» y, por lo tanto, estarían dentro del alcance de la ley antiterrorista.

11. Las propuestas legales presentadas durante el periodo examinado buscan limitar aún más el espacio de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la «Ley de Organizaciones Sociales», en virtud de la cual las autoridades tendrían el poder de cerrar las organizaciones de derechos humanos que sean percibidas como políticamente activas. Además, las organizaciones de la sociedad civil se verían obligadas a revelar toda la información sobre sus proyectos, lo que podría poner en riesgo a algunas de las personas involucradas. Los/as DDH en el país temen que se apruebe este proyecto de ley sin llevar a cabo una consulta popular, lo que podría dar lugar a una aplicación arbitraria contra las organizaciones que trabajan en temas considerados inapropiados por los poderes políticos y económicos.

12. La propuesta de ley sobre la privatización del agua también representa una amenaza importante para los/as DDH, dado que cuenta con el respaldo de grandes empresas privadas que en el pasado intentaron apropiarse de las tierras de grupos locales (principalmente de defensores/as de los derechos indígenas y ambientales). Los/as DDH que participan en la defensa del medio ambiente y el acceso a los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas, históricamente marginadas, ven en esta propuesta un claro riesgo para su trabajo. Esta propuesta debe analizarse en el contexto de los proyectos extractivos en El Salvador que con frecuencia dan lugar a violaciones de los derechos humanos de las comunidades locales y las personas que defienden sus derechos. En varias ocasiones, estas violaciones han sido ignoradas e incluso respaldadas por las autoridades estatales.

13. El 6 de septiembre de 2018, integrantes de la sociedad civil presentaron una propuesta de ley sobre la protección de los/as DDH con el apoyo de varios miembros de la Asamblea Legislativa. Contempla un sistema de protección mediante un registro de violaciones, el reconocimiento de los derechos, la participación igualitaria de las instituciones del Estado y los representantes de la sociedad civil así como recursos estatales. Front Line Defenders cree que la aprobación de dicha ley lanzaría un mensaje positivo sobre el compromiso del Estado en materia de protección de los/as DDH.

b) Sistemas de seguridad hostiles, represión policial y violencia de pandillas.

14. Varios de los/as DDH con los que Front Line Defenders estuvo en contacto durante el periodo analizado creían estar sometidos, habitual u ocasionalmente, a vigilancia mediante sistemas de seguridad. Además, existe un patrón notable de intimidación contra los/as DDH como consecuencia de su trabajo. El 29 de junio de 2017, agentes de la Policía Nacional registraron por segunda vez en el mismo mes la casa de la defensora de derechos humanos Sonia Jeannette Sánchez Pérez sin presentar una orden de registro. Además, el 8 de junio de 2016, el defensor y la defensora de derechos humanos Pedro José Cruz y Bertha de León fueron vigilados y seguidos por hombres no identificados en las inmediaciones de la Corte Penal en San Salvador, donde habían representado legalmente a clientes en varios casos de corrupción contra el empresario Enrique Rais López.

15. La violencia de pandillas representa una fuente específica de amenazas para los/as DDH en El Salvador. Según los/as DDH con los que habló Front Line Defenders, a menudo estos grupos tienen vínculos con las autoridades estatales y las empresas privadas, que los contratan para realizar acciones de intimidación así como ataques contra los/as DDH cuyo trabajo interfiere en sus intereses. Frecuentemente las pandillas controlan territorios enteros, y cobran tarifas a los grupos de derechos humanos para entrar en las comunidades o les niegan su entrada. Esta situación dificulta su labor, ya que se les prohíbe realizar su trabajo en algunas zonas y además, son a menudo objeto de la violencia de grupos paraestatales que controlan los territorios.

17. Los/as defensores/as medioambientales han sido frecuentemente objeto de intimidación, amenazas, vigilancia y criminalización. El 4 de abril de 2015, agentes de la Policía Nacional Civil sometieron al Padre Santos Neftalí Ruíz Martínez a un interrogatorio y lo desnudaron para registrarlo, además de acusarlo de formar parte de las pandillas. Le avisaron de que no denunciara el incidente. El DDH había participado en actividades de oposición contra la exploración de la mina El Dorado por parte de la compañía multinacional Pacific Rim, a la luz de las violaciones de derechos humanos relacionadas con el proyecto. Por otro lado, el 12 de agosto de 2018 la DDH Dina Yaseni Puente fue asesinada por su labor de defensa de los derechos medioambientales en Ahuachapán.8

(c) Acceso a la justicia y estigmatización

18. El acceso a la justicia es uno de los temas que más preocupa a los/as DDH. Las fuerzas de seguridad del Estado a menudo trabajan con pandillas o forman parte activamente de ellas, lo que crea una gran desconfianza entre la población y las autoridades.9 Esto es especialmente peligroso para el trabajo de los/as DDH, ya que no cuentan con redes de protección adecuadas por parte del Estado y con frecuencia son objeto de ataques que siempre resultan impunes, lo que supone una gran preocupación en El Salvador.10 Es frecuente que las autoridades traten los delitos contra los/as DDH como «delitos comunes», o como consecuencia de una violencia generalizada, y no sigan líneas claras de investigación que podrían conducir a dilucidar quiénes son los responsables materiales e intelectuales, así como a conocer los verdaderos motivos de los ataques. Debido a su trabajo de derechos humanos y a la falta de alianzas con los grupos paramilitares, los/as DDH son estigmatizados y atacados, y se les niega sistemáticamente el acceso a la justicia.

19. A pesar de haber recibido cinco recomendaciones para mejorar la protección de las personas LGTBI y de establecer políticas públicas que pongan fin a la discriminación contra ellas, El Salvador optó por no aceptar ninguna en 2014. La violencia dirigida contra personas LGTBI permanece invisibilizada y, a menudo, no da lugar a investigaciones serias por parte de las autoridades. Por ejemplo, tras el asesinato de la defensora trans Francela Méndez el 31 de mayo de 2015, la Policía Nacional Civil abordó el crimen en el contexto del narcotráfico. Front Line Defenders considera que este asesinato podría estar relacionado con su labor de defensa de los derechos de las personas trans en El Salvador, especialmente dado el alto número de asesinatos de integrantes de esta comunidad en el país. Esto pone de manifiesto una grave tendencia a ignorar la discriminación contra las personas LGTBI y el uso de la difamación para justificar la falta de investigaciones de los delitos cometidos contra los/as DDH. Por ejemplo, en febrero de 2019, las defensoras de los derechos LGBTI Andrea Ayala y Bárbara Romero fueron objeto de una campaña de difamación por internet que las acusaba falsamente de delitos.11

d) Hostigamiento judicial

20. El hostigamiento judicial es una de las formas más comunes de represión contra los/as DDH en El Salvador. Se utiliza para atacar a quienes defienden los derechos indígenas, ambientales, reproductivos y a las personas que solicitan al Gobierno una rendición de cuentas. Aunque en la mayoría de estos casos los/as DDH son declarados inocentes, deben destinar recursos para acudir a los tribunales y obtener una defensa legal adecuada.

21. Al parecer, las demandas y cargos contra los/as DDH han sido utilizados como represalia por su trabajo de denuncia de delitos y violaciones de derechos humanos. Las DDH Bertha de León y Teresa Naves fueron objeto de hostigamiento judicial por su labor en la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, a través de la cual presentaron denuncias de corrupción contra el expresidente Francisco Guillermo Flores Pérez. En enero de 2015, la Fiscalía presentó una denuncia administrativa contra la FESPAD por haber divulgado presuntamente información financiera confidencial. El Fiscal General amenazó con presentar una denuncia penal contra la organización por difundir información contenida en informes de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

22. Incluso cuando la acción termina en sentencia absolutoria, los procedimientos judiciales logran obstaculizar el trabajo de los/as DDH involucrados en el caso, afectan a su reputación y fomentan la opinión, a menudo defendida por los medios nacionales, de que tratan de explotar su rol como DDH para avanzar ilegalmente en sus causas. Este es particularmente el caso de las acusaciones de difamación. El 23 de agosto de 2016, la defensora de derechos humanos Sonia Sánchez ganó una demanda que había interpuesto la empresa salvadoreña Grupo Roble en su contra, acusándola de difamación y calumnia. Sonia fue absuelta tras un año de litigio. En caso de haber sido condenada, Sonia habría tenido que pagar hasta 25.000 dólares a la empresa.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE EL SALVADOR

23. Front Line Defenders hace un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que insten a las autoridades de El Salvador a priorizar la protección de los/as DDH y, con ello, a:

1. Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre todos los casos denunciados de hostigamiento y ataques contra DDH, siguiendo como línea principal de investigación la de su trabajo de derechos humanos;
2. Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, garantizando su acceso a los recursos;
3. Adoptar todas las medidas necesarias, entre ellas legislativas, para garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos de la violencia y la estigmatización;
4. En vista de la utilización de juicios y procedimientos judiciales contra los/as DDH, y teniendo en cuenta que la gran mayoría terminó a favor de los/as acusados/as, implementar medidas para evitar este uso abusivo del sistema judicial para llevar a cabo procedimientos infundados o inventados;
5. Desarrollar políticas públicas efectivas y transparentes e instituciones de educación y rendición de cuentas para los/as empleados públicos, especialmente aquellos que trabajan aplicando la ley, a fin de reducir las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades y garantizar el acceso a un recurso apropiado cuando estas tengan lugar;
6. Tomar medidas para garantizar que los funcionarios públicos, entre ellos los miembros del Gobierno, se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen y debiliten el papel legítimo que desempeñan los/as DDH, y promover el reconocimiento público del importante rol que desempeñan en las sociedades democráticas;
7. Considerar la adopción de una ley sobre la protección de los/as DDH, tal y como se propuso en septiembre de 2018. Dicha ley deberá elaborarse en estrecha colaboración y consulta con la sociedad civil; deberá abordar la seguridad y protección e incluir la creación de un mecanismo centrado en la protección de la capacidad de los/as DDH de defender los derechos humanos y no solo en su protección física directa. Asimismo, debería incluir un registro de violaciones de sus derechos humanos así como un análisis sobre la protección colectiva y la perspectiva de género.