Tres años sin justicia
Hace tres años, el 25 de Agosto de 2013, María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto, defensoras/es de los derechos del ambiente y de los pueblos indígenas, fueron asesinados en la localidad de San Francisco de Locomapa, Honduras.
Los tres pertenecían a comunidades del pueblo tolupán, quienes enfrentan siglos de discriminación y violencia, desde la colonización española en el Siglo XVI hasta las compañías mineras en la actualidad. Antes de ser asesinados, María, Armando y Ricardo protestaban pacíficamente contra la operación de una mina y la construcción de una represa hidroeléctrica en sus tierras. Los asesinatos tuvieron lugar tras años de amenazas y ataques de parte de sicarios, personas contratadas por las compañías mineras, madereras y terratenientes para intimidar a la comunidad local.
En los tres años transcurridos desde el asesinato de estos tres defensores, los riesgos que corren las comunidades indígenas se han incrementado. En Honduras, quienes defienden los derechos ambientales y de los pueblos indígenas son continuamente amenazados, hostigados, criminalizados y asesinados. El informe del año 2015 elaborado por Global Witness calificó a Honduras como el país más peligroso del mundo para los activistas del medio ambiente. En el 2016, Front Line Defenders recibió semanalmente informes sobre ataques a defensores de los derechos ambientales e indígenas en ese país.
El 21 de febrero de 2016, Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos ellos indígenas tolupanes, fueron asesinados en San Francisco de Locomapa. En el 2013, Santos y otros 37 integrantes de su comunidad habían recibido medidas de protección de parte de la CIDH, en un intento de mitigar las amenazas y los actos de hostigamiento y violencia de los que eran objeto, pero esto no impidió que los asesinaran tres años después.
De acuerdo con el informe del 2016 del CIDH sobre la Situación de los derechos humanos en Honduras, 17 miembros del pueblo tolupán fueron asesinados en el 2015; ninguno de ellos fue investigado como se debe.
La masacre del 2013
Los residentes de San Francisco Campo comenzaron las protestas en el 2009, cuando los terratenientes se apropiaron de las tierras de los indígenas para comenzar a operar una mina de antimonio y la construcción de una enorme represa hidroeléctrica. Ninguno de estos proyectos de gran envergadura cumplió con el requerimiento de consulta previa a la población local.
En julio de 2012, la comunidad envió una carta abierta al Ministro de Justicia y al Secretario de Asuntos Indígenas respecto de un magnate maderero de la zona, cuyas operaciones forestales habían acarreado amenazas de muerte y arrestos arbitrarios entre los integrantes de la comunidad que daba a conocer su oposición a la minería y deforestación. El ministro nunca respondió aquella carta.
El 25 de agosto de 2013, María Enriqueta Matute, de la comunidad de San Francisco Campo, Armando Fúnez Medina, de la comunidad Las Brisas, y Ricardo Soto Fúnez, de la comunidad Cabeza de Vaca 1, participaban de una sentada pacífica en San Francisco Campo, bloqueando la ruta principal a Locomapa junto a otros 150 indígenas tolupanes.
Los manifestantes se negaron a permitir el paso de vehículos. Alrededor de las 17:00 horas, dos hombres, Selvin Matute y Carlos Matute, se acercaron al grupo y tras un breve intercambio de palabras abrieron fuego contra los mencionados defensores. Armando Fúnez Medina y Ricardo Solo Fúnez murieron en el lugar, mientras que María Enriqueta Matute corrió hacia su domicilio. Los atacantes la siguieron y la mataron. No se abrió ninguna investigación ni se llevó a los asesinos ante la justicia.
En un comunicado de prensa publicado con motivo del tercer aniversario de la masacre de 2013, la organización hondureña Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) manifiesta:
“¿Cuáles fueron las razones de los asesinos para acabar con sus vidas? Negarse a continuar siendo explotados y humillados, negarse a continuar viendo como salen las riquezas naturales de la comunidad sin que la población autóctona se beneficie plenamente de lo que es suyo. Por eso callaron sus voces, por eso aniquilaron sus cuerpos…”
Tres años más tarde, el pueblo tolupán y los defensores y defensoras que protegen sus derechos esperan que se haga justicia.
