España: El trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos debe ser respetado en medio del conflicto sobre el referéndum en Cataluña

En las últimas semanas, el conflicto político y jurídico en torno al referéndum sobre la independencia de Cataluña ha provocado una escalada de tensiones y una crisis sin precedentes. El Gobierno español ha adoptado una serie de medidas que ponen en tela de juicio el respeto a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y han suscitado preocupaciones entre los expertos en derechos humanos de la ONU.

La labor de los/as defensores/as de derechos humanos de documentar e informar sobre acontecimientos de interés público y sobre el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como su labor de defensa de la libertad de reunión, de expresión y de los derechos de los demás es fundamental en momentos de tensión política y social. Por ello, se debe garantizar en todo momento su derecho a realizar actividades legítimas en materia de derechos humanos.

El Gobierno catalán ha organizado la votación del referéndum para el día 1 de octubre. El Tribunal Constitucional español y otras instituciones españolas han declarado la inconstitucionalidad e ilegalidad de dicho referéndum y están aplicando medidas para evitar que se lleve a cabo. Front Line Defenders expresa su preocupación ya que algunas de esas medidas están dando lugar a hostigamientos y restricciones en el trabajo de defensores/as de derechos humanos y periodistas.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado la desproporción de medidas que limitan la libertad de expresión y de prensa y varias asociaciones de periodistas han recibido quejas por parte de periodistas que han sido coaccionados/as u obligados/as a identificarse mientras cubrían acontecimientos de interés público. Por otro lado, redacciones de varios periódicos han recibido advertencias judiciales del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial. Personas que han asistido a reuniones pacíficas y manifestaciones han sido identificadas y retenidas por la policía en un claro intento de restringir su derecho a manifestarse pacíficamente. En otras partes del país, las autoridades han cancelado foros de debate o apoyo a la votación en Cataluña (en Madrid, Gijón, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza). Un número indeterminado de manifestantes así como los líderes de dos organizaciones independentistas están siendo investigados con cargos de sedición, lo que conlleva una pena máxima de 15 años de cárcel. Más de 4.000 agentes de policía han sido trasladados a Cataluña para impedir la realización del referéndum mientras que el gobierno catalán ha insistido en que seguirá adelante con el proceso el domingo. Todas estas medidas representan formas de intimidación y hostigamiento y los defensores/as de derechos humanos se enfrentan a graves repercusiones por realizar su legítimo trabajo.

Front Line Defenders ha informado previamente sobre pautas de represión en España contra los derechos a la libertad de expresión y de reunión así como de criminalización de los/as defensores/as de derechos humanos. Ante la escalada de tensiones y la incertidumbre sobre el próximo referéndum del 1 de octubre, hacemos un llamamiento a las autoridades y fuerzas policiales españolas y catalanas para que garanticen los derechos de reunión pacífica, libertad de información y de expresión y que los/as defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan llevar a cabo sus actividades legítimas y pacíficas, incluyendo el monitoreo de las acciones de la policía y otras fuerzas de seguridad, sin que se produzcan amenazas a su seguridad y sin temor a represalias.