Liberación de los integrantes restantes de los 6 de Tlanixco levanta preocupaciones sobre temas de derechos humanos en el país
Front Line Defenders celebra la liberación de los tres integrantes de los “6 de Tlanixco” quienes permanecieron encarcelados desde hace 16 años hasta este 5 de abril de 2019, incluso tras la liberación de presas y presos políticos a principios de este año. Después de más de 15 años de encarcelamiento injusto, los defensores de derechos humanos Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González - quienes trabajaron para garantizar el acceso al agua por la comunidad indígena de Tlanixco - pudieron regresar a sus comunidades de manera segura. Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal y Marco Antonio Pérez González fueron liberados el 20 de febrero de 2019.
Al mismo tiempo que celebra las tan esperadas liberaciones , vistas como una corrección de la mala gestión de la justicia en México, Front Line Defenders sigue preocupada por los retos que enfrenta el gobierno de AMLO para abordar temas urgentes relacionados con la protección de personas defensoras de derechos humanos. En una visita reciente a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, relacionó el número de víctimas asesinadas por la violencia desenfrenada en México con los miles de personas que murieron o desaparecieron durante la dictadura militar de Chile, y agregó que México enfrenta un grave problema con respecto a la falta de implementación de sus leyes ya existentes para la protección de los derechos humanos.
A pesar de la introducción de las tan aclamadas reformas aprobadas durante las presidencias de Felipe Calderón y de su sucesor, Enrique Peña Nieto, en la última década, la actividad de personas defensoras de derechos humanos en México se ha caracterizado por la violencia la criminalización progresiva de las protestas y movimientos sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido las importantes reformas introducidas en México desde 2011, incluidas las enmiendas constitucionales y la reciente aprobación de protocolos para investigar casos de tortura y desaparición forzada. A pesar de dicho progreso, la implementación de los nuevos estándares legales ha sido obstaculizada por deficiencias institucionales. Las personas defensoras de derechos humanos en México siguen enfatizando la falta de acceso a la justicia y la impunidad generalizada como sus principales fuentes de preocupación.
Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México son constantemente objeto de intimidación, acoso judicial, detención arbitraria, amenazas de muerte, ataques físicos, desapariciones forzadas y asesinatos, como represalia por sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos. Los grupos vulnerables incluyen periodistas, personas defensoras LGBTI, ambientalistas, indígenas, migrantes. y defensoras de los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, las y los defensores indígenas están particularmente expuestos a la
criminalización, encarcelamiento, difamación y asesinatos. El Análisis Global de Front Line Defenders de 2018 señala 48 casos de asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos en México, uno de los países con el mayor número de asesinatos en el mundo. Hasta el momento, en 2019, la organización ha documentado el asesinato de 13 personas defensoras de derechos humanos.
Las y los defensores ambientalistas son objeto de ataques y de criminalización, en casos donde el sistema de procuración de justicia es utilizado para reprimir a personas defensoras de derechos humanos. El caso de Pablo López Alavez, encarcelado arbitrariamente desde 2010, suscitapreocupación por la falta de garantías procesales y el acceso a la justicia, incluido el derecho a una amplia defensa por parte de personas defensoras de derechos humanos. El 9 de abril de 2019, se lanzó una campaña internacional para su liberación inmediata e incondicional. Front Line Defenders sigue preocupada por las violaciones de derechos humanos contra Pablo López Alavez, y también por el elevado número de personas defensoras de derechos humanos encarceladas y criminalizadas por su labor pacífica de derechos humanos en México. Además de llevar a cabo acciones para garantizar la protección de casos particulares de personas defensoras, el Gobierno Mexicano debe hacer esfuerzos para crear un contexto más favorable para la defensa de los derechos humanos. Un ejemplo es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el cual ha sido firmado pero sigue a la espera de que el Gobierno Mexicano tome medidas para ratificarlo e implementarlo. El Acuerdo de Escazú representa un primer y crucial paso en la protección de personas defensoras de derechos ambientales.
Front Line Defenders insta a las autoridades mexicanas a poner fin a los patrones de intimidación, criminalización y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. Front Line Defenders considera la liberación de Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y Teófilo Pérez González como un paso hacia el reconocimiento del fracaso de la política de criminalización y represión contra quienes trabajan por la implementación de los derechos humanos, e insta al gobierno que libere a Pablo López Alavez y a todas las personas defensoras que siguen criminalizadas.
