La reactivación del Proyecto Integral Morelos y la falta de certeza jurídica ponen en riesgo a personas defensoras del medio ambiente

• Las declaraciones del gobierno federal han incrementado el riesgo y hostigamiento contra el Campamento de Apatlaco.
• En los últimos meses se han recrudecido los actos de amenaza, hostigamiento y criminalización contra personas defensoras del FPDTA-MPT.
• La obra continúa su construcción a pesar de que solo 1 de 17 amparos se han resuelto de manera definitiva.
• Hacemos un llamado a que se atiendan la exigencia de diálogo sobre el PIM hecha por el FPDTA-MPT.

En la conferencia mañanera del 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre el reinicio de los trabajos del Proyecto Integral Morelos (PIM). Aseguró que se habían atendido las cuestiones jurídicas, sociales y ecológicas que detenían la obra y se podía iniciar las operaciones del proyecto a finales de este año. Durante la misma conferencia, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no existe ninguna suspensión vigente y que jurídicamente están resueltos todos los amparos, razón por la que conagua dio los permisos necesarios a la CFE. Por su parte, Diana Álvarez, directora del Banco del Bienestar, aseguró que habían existido varios acercamientos con los ejidatarios, después de la consulta ciudadana de 2019.

La Red TDT, conformada por 86 organizaciones defensoras de derechos humanos en 23 estados de la República, Frontline Defenders y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), quienes damos acompañamiento al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) queremos manifestar nuestra gran preocupación por las declaraciones del gobierno federal, pues el anuncio de la reactivación de los trabajos pone en un estado de vulnerabilidad a sus integrantes y agrava de manera preocupante el contexto de agresiones contra las personas defensoras en los tres estados, así como contra quienes conforman el Plantón Zapatista en el Campamento de Apatlaco.

Resulta importante recordar que la consulta realizada en las comunidades bajo un contexto enrarecido, tuvo poca participación y se llevó a cabo tres días después del asesinato del luchador y defensor de la tierra y el agua Samir Flores. En su momento, el FPDTA-MPT denunció que se trataba de una consulta discriminatoria, ilegal y denigrante, por la forma en la que se violó el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, versión que fue constatada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la tramitación de las quejas iniciadas contra el pim y señaladas en la recomendación No. 3/2018.

Respecto a la situación jurídica que guardan los diversos juicios iniciados contra el pim, el FPDTA-MPT ha señalado que existen 17 amparos promovidos contra la obra y que solamente uno se ha resuelto de manera definitiva, estando vigentes 8 suspensiones y una sentencia de amparo sobre consulta previa que se está ejecutando. También señala que los amparos citados por Sánchez Cordero, “representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable”. En resumen, la situación de los amparos hasta ahora es la siguiente:

Los ejidos de Moyotepec, Tenextepago, Abelardo L. Rodríguez, Lorenzo Vázques y Valle de Vázquez cuentan con suspensiones que impiden el uso de agua para la Termoeléctrica.

• Huexca cuenta con una suspensión que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica.
• Amilcingo cuenta con una suspensión que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos.
• Atlixco cuenta con una sentencia que ampara a las comunidades en relación con el Gasoducto Morelos, ordenando se realice una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada, misma que no ha concluido.
• El sobreseimiento del amparo de San Juan Ahuehueyo, es particularmente cuestionable ya que el perito del órgano judicial provenía de Conagua, la autoridad reclamada.

Sumado a la situación de indefinición jurídica –que contradice lo declarado por el ejecutivo federal—, señalamos con gran preocupación que, de acuerdo con nuestra documentación, hay un incremento en las acciones de acoso, amenaza, y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio contra las distintas obras del PIM. Señalamos también, que estas acciones ocurren en un marco de impunidad y falta de acceso a la justicia.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que México es el segundo país más peligroso para defender los derechos de los pueblos indígenas de proyectos empresariales en América Latina, con 49 ataques desde 2015 —como ha documentado el CIEDH—, por lo que declaraciones públicas imprecisas y la falta de acceso a la justicia potencian la criminalización, hostigamiento y agresiones en contra las personas defensoras de las comunidades y propician condiciones para la polarización social y el rompimiento del tejido comunitario.

En un escenario de creciente riesgo para las personas defensoras y de graves afectaciones para los pueblos indígenas nahuas y el medio ambiente es necesario que se proteja y garantice la integridad de las y los defensores ambientales, que no se ignore, subestime u oculte información sobre el proceso jurídico de los amparos existentes, pero especialmente que se escuche y atienda a las comunidades afectadas.

Hacemos un llamado a las diferentes instancias y órganos de gobierno para que:

1. Atiendan la exigencia de diálogo sobre el PIM, presentada a través del comunicado del 10 de septiembre, que publicó el FPDTA- MPT.

2. Aclaren públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos.

3. Garanticen el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas.

4. Garanticen la seguridad y la vida de aquellos que conforman el Campamento de Apatlaco y de todos aquellos que conforman el FPDTA-MPT.

5. Eviten cualquier desalojo violento del plantón zapatista de Apatlaco.

6. Resuelvan el asesinato de Samir Flores y castigar a los responsables.

Red-TDT
Front Line Defenders
Information Center on Business and Human Rights (CIEDH)