La represión policial de comunidades campesinas e indígenas de la 'Minga' viola el derecho a la libertad de reunión en el Cauca
Defensores/as de derechos humanos indígenas y comunidades campesinas que forman parte de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, La Democracia, la Justicia y la Paz en la región del Cauca han sido objeto en varias ocasiones la semana pasada de redadas, amenazas y violencia armada por parte de miembros del ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. En Colombia, la Minga hace referencia a una serie de marchas y protestas relacionadas con la demanda de derechos por parte de grupos indígenas.
Los últimos ataques de la policía han tenido lugar en los municipios de Cajibio, Caldono y Santander de Quilichao, donde las comunidades indígenas se han organizado desde el 16 de marzo. Estos grupos exigen que el Gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados previamente con las organizaciones sociales del Cauca y que implemente los acuerdos de paz con las FARC-EP. Una de sus principales demandas es que el presidente Iván Duque visite la región para hablar directamente con las comunidades. Durante la semana pasada, se denunciaron regularmente casos de hostigamiento y ataques contra defensores/as de derechos humanos y manifestantes, así como la presencia permanente de cientos de miembros del Ejército Nacional, el ESMAD y otros en las proximidades de los campamentos. Los agentes del ESMAD se acercaron a los/as defensores/as de derechos humanos en varias ocasiones para cuestionar su trabajo y solicitarles su identificación.
Desde el 20 de marzo, los/as defensores de derechos humanos han denunciado que varios hombres no identificados han estado merodeando cerca de los campamentos, y que se escuchaban explosiones cerca de donde se encontraban. En la tarde del 19 de marzo, las fuerzas del ESMAD intentaron desalojar a los miembros de los campamentos asentados en Santander de Quilichao. La policía antidisturbios disparó indiscriminadamente a los/as manifestantes, dejando al menos tres heridos, entre ellos un miembro que formaba parte de un contingente de asistencia humanitaria que proporcionaba atención médica a los miembros del campamento.
Asimismo, el 16 de marzo de 2019 sobre de las 10 am, escuadrones del ESMAD intentaron desalojar de manera simultánea los campamentos de Cajibio y Caldono. Los miembros del ESMAD destruyeron y quemaron los cambuches de los/as defensores/as de derechos humanos y manifestantes, junto con sus pertenencias y alimentos. Además, la policía confiscó otras pertenencias, entre ellas motocicletas. El ESMAD también disparó gas lacrimógeno y perdigones de manera indiscriminada, dejando heridos a varios/as defensores/as de derechos humanos.
Durante el intento de desalojo en Cajibio, 10 mujeres y 20 hombres fueron detenidos/as durante más de una hora y amenazados/as con armas de fuego. La comunidad también informó de que antes de la redada, habían sido objeto de vigilancia por parte de un dron de la policía que había sido visto sobrevolando los campamentos inmediatamente antes del ataque y en los días anteriores.
Durante la última redada del 19 de marzo, un comandante del ESMAD afirmó que el intento de desalojo había sido consecuencia de la usurpación por parte de grupos de personas indígenas de las propiedades para construir el campamento. Sin embargo, el ESMAD no presentó una orden judicial, no reconoció la naturaleza pacífica del movimiento y utilizó una violencia excesiva para intentar dispersar a los manifestantes. Organizaciones de derechos humanos y colectivos, entre ellos Cima, Ordeurca, Acaami, Acader, Acaragro y Proceso de Playarrica Huisitó, también fueron testigos de la escena. Tras estos incidentes, una comisión de derechos humanos compuesta por instituciones locales e internacionales llegó a los campamentos para documentar las posibles violaciones de derechos humanos.
Los pueblos indígenas y comunidades campesinas que participan en las protestas de la Minga están negociando actualmente con las autoridades nacionales en Monterilla, Caldono, donde sus portavoces solicitan al Gobierno asistencia humanitaria y que establezca políticas que salvaguarden los derechos de los pueblos indígenas y campesinos en La región del Cauca.
La Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz ha sido objeto de una campaña de estigmatización por parte de las autoridades nacionales, incluido el Ministerio de Defensa, quien afirmó públicamente que en el movimiento se habían infiltrado miembros de la guerrilla.
En su declaración de fin de la misión de 2018 sobre la situación de los/as defensores/as de derechos humanos en Colombia, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, instó al país a «intensificar sus esfuerzos para prevenir cualquier forma de uso excesivo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y garantizar que todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza se investiguen de manera inmediata, exhaustiva e imparcial, y que las personas responsables sean juzgadas y castigadas». Además, el Relator Especial instó a las autoridades colombianas a garantizar que sus fuerzas policiales actúen de conformidad con los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y garantizar el derecho a la libertad de reunión, opinión y expresión y el derecho a participar en los asuntos públicos.
Front Line Defenders expresa su preocupación por la violencia policial perpetrada contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas que participan en manifestaciones públicas en la región del Cauca, y llama la atención sobre el patrón de represión y ataques contra el derecho a la libertad de reunión pacífica en Colombia. Además, Front Line Defenders expresa su preocupación por los ataques contra defensores/as de derechos humanos involucrados en la Minga, e insta a las autoridades nacionales a abrir una investigación exhaustiva y transparente sobre los ataques y a abstenerse de estigmatizar el trabajo de los/as defensores/as de derechos humanos en Colombia.
