Filipinas: Front Line Defenders condena la petición de incluir a defensores/as de derechos humanos en una "lista de personas declaradas terroristas"
Front Line Defenders condena rotundamente la inclusión de defensores/as de derechos humanos en una petición presentada por el Ministerio de Justicia cuyo objetivo es identificarlos como terroristas, ya que esto supondría poner a estas personas en peligro de ser arrestados/as o atacados/as. Front Line Defenders cree que los/as DDH están siendo perseguidos por su trabajo pacífico y legítimo de defensa de derechos humanos en Filipinas.
En el actual contexto de violencia contra los/as defensores/as de derechos humanos en Filipinas, el Ministerio de Justicia presentó el 23 de febrero de 2018 una petición para declarar como organizaciones terroristas al Partido Comunista de Filipinas (CPP) y al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), el brazo armado del CPP. Sin embargo, muchas de las personas incluidas en esta lista son defensores/as de derechos humanos. La solicitud fue presentada bajo la Ley de la República 9372 o Ley de Seguridad Humana de 2007, también conocida como la ley antiterrorista.
Esto se produjo tras unas declaraciones del presidente Rodrigo Duterte en las que afirmaba que el CPP y el NPA eran grupos terroristas, después del colapso de las negociaciones de paz con el Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP) en diciembre del año pasado. En enero de 2018, declaró que perseguiría a organizaciones de izquierda, acusándolas de ser frentes comunistas. En este contexto, decenas de defensores/as de derechos humanos legítimos/as y pacíficos/as han sido identificados como terroristas, pasando a ser objeto de violencia y hostigamiento judicial al ser asociados con "organizaciones terroristas" y expuestos a un grave peligro. Muchas de estas personas trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la tierra y los derechos de las mujeres.
Defensores/as de derechos humanos indígenas y otras personas que trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas han sido incluidos/as en la lista, entre ellas la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz. El activista ambientalista de Ilocos Sherwin De Vera, también es considerado miembro de la CPP, al igual que Elisa Tita Lubi, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Karapatan y excoordinadora regional del Foro de Asia-Pacífico sobre la Mujer, La Ley y el Desarrollo. Los presidentes actuales y anteriores de numerosas organizaciones indígenas son perseguidos, así como al menos 10 líderes indígenas en el norte y sur de Mindanao.
Esta es la última de una serie de medidas para deslegitimar y debilitar la labor de los/as defensores/as de derechos humanos en Filipinas por parte de la administración de Duterte. En agosto de 2017, el presidente Duterte llamó a la policía a disparar a los/as defensores/as de derechos humanos por "obstruir la justicia" y por formar parte del narcotráfico. También amenazó a las organizaciones de derechos humanos con realizar investigaciones penales por criticar su guerra contra las drogas.
El clima de impunidad que prevalece en el país, combinado con el fomento de asesinatos extrajudiciales por parte de la administración, ha provocado un grave deterioro de la situación de los/as defensores/as de derechos humanos en el país. Front Line Defenders registró el asesinato de 60 DDH en Filipinas en 2017, un aumento de casi el 100% con respecto al año anterior en su Informe Anual sobre defensores/as de derechos humanos en riesgo 2017. Los/as defensores/as de derechos humanos han sido acusados/as habitualmente de delitos violentos o de ser miembros de la NPA. El hostigamiento judicial y la criminalización de estas personas siguen siendo comunes, y los políticos y agentes privados utilizan el sistema de justicia penal para silenciar a quienes se oponen a sus intereses.
