Carta abierta de ONGs a las Embajadas de Colombia en España e Irlanda
Excma. Sra. Maria Carolina BARCO ISAKSON, Embajada de Colombia en España
Excma. Sra. Patricia CORTÉS ORTIZ, Embajada de Colombia en Irlanda
Madrid, Dublín, 13 de abril de 2020
Excma. Sra. Embajadora:
Las organizaciones de la sociedad civil que firmamos esta carta nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestra preocupación en relación a cómo pueda afectar la crisis de la COVID-19 en la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.
Colombia es uno de los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Según diferentes organismos nacionales colombianos como la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales como la ONU y ONG nacionales e internacionales como Somos Defensores y Front Line Defenders, en 2019 Colombia fue el país con más personas defensoras asesinadas en el mundo. Una tendencia sostenida en los últimos años y que no parece estar cambiando en 2020, ya que, según informa el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo que va de año ya habrían sido asesinadas más de 70 personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.
Ahora, en el contexto de la COVID-19, las personas defensoras enfrentan aún mayores riesgos. Las restricciones impuestas para contener la pandemia han disminuido sus esquemas de protección estatal, no pueden moverse continuamente de una ubicación a otra por su seguridad, y sus agresores saben que las fuerzas de seguridad pública están enfocadas en atender temas relacionados con la pandemia.
En fechas recientes hemos recibido información de al menos dos casos en los que han sido reducidos los esquemas de protección ofrecidos por la Unidad Nacional de Protección. En uno de ellos, debido a la disminución del número de sus escoltas, el defensor se ha visto obligado a esconderse por miedo a recibir ataques por parte de grupos armados que lo han amenazado debido a su labor en defensa de los derechos humanos. A otro defensor se le ha retirado las rondas nocturnas, lo que le podría exponer a ataques.
Entre el 19 y el 24 de marzo, al menos seis personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia. El 19 de marzo se notificó el asesinato de Ivo Humberto Bracamonte Quiroz, concejal de Puerto Santander y director del noticiero virtual NPS, mientras hacía deporte en la cancha del barrio Beltranía en Puerto Santander. Ese mismo día, tres hombres armados asesinaron a Marco Rivadeneira, dirigente de comunidades campesinas del Putumayo e integrante de la Mesa Nacional de Garantías, tras sacarle de una reunión de campesinos en la vereda Nueva Granada en Puerto Asís. También fue asesinado ese día Ángel
Ángel Ovidio Quintero González, líder social y presidente del Consejo de San Francisco en el departamento de Antioquía, fue víctima de un tiroteo, y aunque logró escapar del mismo, su cuerpo fue encontrado en un río horas más tarde.
El 24 de marzo, la Organización Regional Indígena Del Valle del Cauca (ORIVAC) informó del asesinato de dos líderes indígenas Embera, Omar y Ernesto Guasiruma, en la zona rural del municipio de Bolívar mientras cumplían la cuarentena dispuesta por el gobierno en su domicilio, resultando también heridos en el ataque dos miembros de la misma familia. Carlota Isabel Salinas Pérez, lideresa que integraba la ONG Organización Femenina Popular, también fue asesinada el 24 de marzo en el municipio del San Pablo en el departamento de Bolívar. Sobre las 8 de la noche, hombres armados llegaron a su vivienda en el barrio Guarigua y le mataron a disparos. Su pareja se encuentra desaparecida.
El pasado 24 de marzo, Amnistía Internacional publicó una serie de recomendaciones a los Estados de las Américas a fin de garantizar que sus respuestas a la COVID-19 están en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Expertos de las Naciones Unidas también han instado a los Estados en la misma línea.
Por todo lo anteriormente expuesto, pedimos a su Embajada que traslade a las autoridades de su país nuestra petición de que no usen las medidas para responder a la pandemia de COVID-19 como pretexto para disminuir o retirar los esquemas de protección para personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. El Estado debe mantener sus esquemas de protección otorgados y debe generar estrategias de protección colectiva para comunidades en situaciones de riesgo, a la par que implementa medidas preventivas para contener la COVID-19.
Atentamente, Firmantes (con logo):
Firmantes (sin logo):
- AECOS
- Assemblea de Cooperació per la Pau
- Associació Catalana per la Pau / Centre Delàs
- Atabal
- CEDSALA
- Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas
- Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat
- Entreiguales
- Entrepobles
- Foro Internacional de Víctimas
- Fundación Indera
- Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya
- Guadauca
- Intersindical-CSC
- Justícia i Pau
- La Colectiva
- La Fàbric@
- Lafede.cat
- LasSinCarpa Teatro Social Clown
- Lliga dels Drets dels Pobles
- Mujer Diáspora
- OADPI (Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los pueblos Indigenas de Colombia)
- Oxfam Intermón
- Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
- Plataforma Valenciana de Protección Integral y Acogida de Dedensores y Defensoras de Derechos Humanos
- Programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia
- Sindicalistes Solidaris - UGT Catalunya - Sodepau
- UniPau
