EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 EL GOBIERNO DE NICARAGUA PONE EN RIESGO LA VIDA DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS ENCARCELADAS
Front Line Defenders se suma a la preocupación de organizaciones nacionales e internacionales sobre los riesgos mayores a los que se enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y las y los presos políticos en el contexto de la pandemia global en Nicaragua. Hay una especial preocupación por el grave deterioro a la salud que han tenido defensoras de derechos humanos encarceladas por la falta de atención médica oportuna y la negligencia médica frente a las enfermedades que se enfrentan y al COVID-19.
Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua han alertado sobre el impacto diferenciado que la pandemia COVID-19 tiene sobre personas defensoras de derechos humanos encarceladas y presas políticas, a causa de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles, enfermedades crónicas y/o respiratorias preexistentes, así como la precaria atención médica e higiene de los centros de detención del país. Organizaciones como la iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IND), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), entre otras han documentado que el número de activistas y personas defensoras de derechos humanos detenidas arbitrariamente como consecuencia de la crisis socio política desatada desde abril 2018 en Nicaragua, se ha incrementado en un 31.20% desde marzo de 2020.
La Unidad de Registro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), reportó que al menos 28 personas defensoras de derechos humanos encarceladas en los Sistemas Penitenciarios la Modelo, Waswali, Chinandega, Granada y la cárcel de mujeres la Esperanza, presentan sintomatología respiratoria compatible con el COVID-19 y no reciben atención médica adecuada. De igual manera, la IND ha denunciado casos de tortura, privación de atención médica y negligencia por parte de oficiales de los centros de reclusión.
Tal es el caso de las defensoras, María Esperanza Sánchez detenida el 26 de enero 2020, Juana Estela López Alemán detenida el 20 abril, Celia Cerda Cruz detenida el 21 de abril y Karla Vanessa Escobar Maldonado detenida 3 de enero de 2019 y nuevamente el 30 de abril. A excepción de Celia recluida en la cárcel la Modelo (de varones), las demás defensoras se encuentran en el sistema penitenciario de mujeres la Esperanza. Cabe resaltar que Karla Vanessa Escobar Maldonado había sido excarcelada en marzo de 2019, después de un periodo de 2 meses y 12 días privada de la libertad bajo ningún cargo y sin ser presentada frente a un juzgado. Estas defensoras nicaragüenses son reconocidas por su defensa de los derechos sociales y políticos y participación activa en luchas cívicas a favor de la democracia y los derechos humanos. Sus detenciones arbitrarias son motivadas por su participación en protestas antigubernamentales desde el 2018, así como por su liderazgo en movimientos que buscan democratizar el país.
Los familiares de las defensoras también han denunciado tortura, trato degradante, inaccesibilidad de atención médica adecuada y retención de medicamentos, recursos esenciales y alimentos por parte de los custodios de los sistemas penitenciarios. Tres de las defensoras padecen enfermedades de base significativas y consideradas un factor de alto riesgo frente al COVID-19, como lo son: hipertensión arterial, asma cardíaca crónica, y trombosis coronaria en el caso de María Esperanza; hipertensión y problemas de tiroides en lo que respecta a Celia; y Karla Vanessa sufre de la tiroides y tiene lesiones uterinas agravadas por las deficientes condiciones de salubridad e higiene del centro penitenciario la Esperanza. Por su parte, Juana Estela a pesar de guardar un estado de salud favorable, tiene una discapacidad en una pierna producto de una enfermedad de la infancia que se ha deteriorado significativamente en la ausencia de un colchón ortopédico.
El estado de salud de las defensoras María Esperanza y Celia es particularmente crítico. María Esperanza presentó varias crisis asmáticas que no fueron atendidas adecuadamente, razón por la cual su salud se deterioró y permaneció hospitalizada por una semana (29 abril – 4 de mayo) bajo el diagnóstico de crisis asmática y taquicardia. Aún tras ser dada de alta, los funcionarios del sistema penitenciario se han negado a atender las recomendaciones de integrantes de la Cruz Roja Internacional quienes prescribieron nebulizaciones diarias a la defensora. Tras ser dada de alta y regresar a su celda, María Esperanza encontró cerca de 30 reas enfermas con síntomas de fiebre, tos, diarrea y vómito. Adicionalmente, la defensora comentó que sus compañeras de celda se encuentran delicadas de salud y temen estar contagiadas con el COVID-19. Por su parte Celia presenta altas fiebres desde el 8 de mayo y por el momento no ha recibido un tratamiento eficaz.
Hasta la fecha, las autoridades y médicos del sistema penitenciario de mujeres la Esperanza, se han limitado a suministrar acetaminofén a algunas de las enfermas, justificando desabastecimiento de medicamentos en el penal. La ausencia de medidas preventivas oportunas, así como la negligencia del sistema penitenciario de mujeres la Esperanza y la Modelo, ponen en riesgo de contagio de COVID-19 a las defensoras privadas de libertad, especialmente a María Esperanza y Celia cuyos estados de salud se han deteriorado significativamente a causa de la negligencia de sistema penitenciario. Situación similar viven las y los presos políticos en el resto de las cárceles del país.
Pese a las recomendaciones de la la respuesta a la pandemia COVID-19 por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega se ha caracterizado por la ausencia de medidas preventivas, una profunda desinformación sobre las cifras de contagio y una política difamatoria en contra de las campañas de distanciamiento social #QuédateEnCasa. Mientras que las cifras oficiales son cuestionadas por el Observatorio Ciudadano has questioned the official figures released by the government on the pandemic, and so far has reported that more than 1,000 suspected cases of COVID-19 have been diagnosed as atypical pneumonia.
El gobierno de Ortega también ha desatendido las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en relación con la pandemia del COVID-19, quienes han instado al Gobierno de Ortega, ejercer un liderazgo confiable; garantizar que la respuesta frente al COVID-19 sea coherente con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; y reducir la sobrepoblación en los centros de detención, incluyendo la liberación de personas detenidas y encarceladas sin suficiente base legal en el contexto de las protestas.
En el marco de la pandemia del COVID-19 Front Line Defenders insta al Estado de Nicaragua a implementar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, las y los presos políticos y de sus familiares, frente a los impactos de la pandemia del COVID-19. Así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad del país, en particular en los sistemas penitenciarios la Esperanza y la Modelo, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Así mismo, Front Line Defenders insta al gobierno de Nicaragua a respetar sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y sin distinción alguna (Articulo 7, DUDH) y el derecho a un trato digno sin tortura, ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Articulo 5, DUDH).
