Los derechos humanos deben ser prioridad en la primera cumbre mundial de Bancos Públicos de Desarrollo

Con ocasión de la primera cumbre mundial de bancos públicos de desarrollo, Front Line Defenders y más de 200 organizaciones locales e internacionales dirigen una carta abierta al director general de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Del 9 al 12 de noviembre de 2020, la Agencia Francesa de Desarrollo convocará la primera cumbre mundial de todos los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD). El objetivo de esta reunión es proporcionar una respuesta colectiva a los desafíos globales, conciliando respuestas a corto plazo a la crisis de COVID-19 con medidas de recuperación sostenible, reorientando los flujos financieros hacia objetivos de desarrollo sostenible.

Esta cumbre es muy relevante y oportuna, pero para un diálogo verdaderamente integral e inclusivo, debe extraer lecciones del pasado para dar forma a un futuro más sólido con la plena participación de las comunidades afectadas por los proyectos de los BPD y las organizaciones de la sociedad civil que las apoyan.

En muchos casos, las actividades respaldadas por los BPD han exacerbado la pobreza y la desigualdad, así como la vulneración de los derechos humanos, como represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y desalojos forzosos, sin una reparación significativa para las comunidades afectadas.

La cumbre debería incluir un espacio para la reflexión y el debate sobre la importancia de respetar las normas internacionales de derechos humanos en el logro de los objetivos de recuperación sostenible, como abordar las violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en inversiones y proyectos respaldados por los BPD.

La cumbre debería enfrentar los desafíos de las inversiones de los BPD que carecen de estándares sólidos para los derechos humanos ni garantías sociales y ambientales, el cambio climático y la lucha contra la corrupción; o en los casos en que existan esos estándares, cómo abordar las fallas para ponerlos en práctica.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las fallas de los sistemas sanitario, social y económico, lo cual exige un replanteamiento profundo de la forma en que operan los gobiernos, los BPD y otros actores.

Varios grupos y organizaciones de la comunidad de base han estado pidiendo a los BPD que garanticen que el financiamiento y el apoyo que brinden para la respuesta al COVID-19, y durante el período de recuperación económica, respeten los derechos humanos y conduzcan a la justicia económica, social y ambiental para quienes son más vulnerables.

Es necesario un nuevo impulso para hacer realidad el principio básico de “que nadie quede rezagado”.

Agradecemos la oportunidad de involucrarnos con los BPD durante la cumbre para servir mejor a los principios y objetivos de las normas internacionales de derechos humanos, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, con ese fin, y por una cuestión de credibilidad y eficiencia, debe ser una prioridad garantizar que los derechos humanos y las necesidades de la comunidad se discutan explícitamente y formen parte de la declaración conjunta prevista al final de la cumbre.

Como declaró el ACNUDH el año pasado:

“Con la década más crucial para la implementación de los ODS por delante, los derechos humanos no solo son la forma correcta, sino la forma inteligente de acelerar el progreso hacia un desarrollo más equitativo y sostenible. El desarrollo no se trata solo de cambiar las condiciones materiales…. También se trata de empoderar a las personas con una voz ... para que participen activamente en el diseño de sus propias soluciones y en la configuración de la política de desarrollo. … Empoderar a las personas significa ir más allá de las soluciones puramente tecnocráticas y tratar a las personas como objetos pasivos de ayuda o caridad.
Las personas se empoderan cuando pueden reclamar sus derechos y dar forma a las decisiones, políticas, reglas y condiciones que afectan sus vidas”.

Dado que los ODS están en el corazón de la cumbre, los derechos humanos y la participación de las comunidades son clave. Eso requiere adaptar la agenda y los resultados esperados. Nuestras recomendaciones para garantizar un evento inclusivo son las siguientes:

1. Los derechos humanos deben quedar reflejados en la agenda central de la cumbre, la asistencia y la participación. Tal como fueron concebidas, la conferencia de investigación y la cumbre no parecen proporcionar un espacio específico para las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la comunidad. El compromiso con la participación pública y la protección del espacio de la sociedad civil se ha reconocido desde hace mucho tiempo como esencial para garantizar un desarrollo efectivo. Las organizaciones de derechos humanos y de base, las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades deben guiar el futuro del modelo de desarrollo y, por lo tanto, deben involucrarse en la organización, contribuir a la agenda y participar en la cumbre. Es una cuestión prioritaria que las personas defensoras de los derechos humanos y las comunidades que se ven directamente afectadas por las actividades de los BPD estén presentes en la mesa de negociación.

2. Los principios de un desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad deberían incluirse y destacarse en los resultados esperados de la cumbre, incluidos los trabajos de investigación y las declaraciones colectivas. Alentamos a los gobiernos y los BPD a comprometerse a reforzar y fortalecer los principios del desarrollo basado en los derechos humanos y liderado por la comunidad en los mandatos y la gobernanza de los BPD; políticas y prácticas; cultura e incentivos internos; en qué proyectos y actividades invierten; y cómo trabajan con otros BPD, gobiernos y actores clave. Estos compromisos deberían conducir a mejoras, como:

(a) La participación plena y libre de las comunidades directamente afectadas en todas las actividades y proyectos respaldados por los BPD, y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Deberán desarrollarse enfoques innovadores para abordar la reducción de espacio, los riesgos y desafíos para las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil para participar de manera significativa en las decisiones que impactan sus vidas, medios de vida, medio ambiente y recursos. Las políticas de tolerancia cero frente a amenazas y represalias por parte de los BPD y sus clientes deberían ser un requisito fundamental.

(b) La identificación de inversiones que estén alineadas con los derechos humanos internacionales, la protección del clima y los ODS, y reorientar las inversiones hacia un desarrollo sostenible que respete estos estándares, asegurando al mismo tiempo que se cubran las prioridades y necesidades de las personas marginadas.

(c) La mejora de los requisitos sociales y ambientales mediante la inclusión de normas de derechos humanos. Los BPD y sus clientes deben adherirse a los principios y estándares de derechos humanos consagrados en las convenciones internacionales. Las políticas y procedimientos de salvaguardia deben garantizar que las actividades financiadas directa o indirectamente por los BPD, respeten los derechos humanos, no contribuyan a la vulneración de los derechos humanos y contribuyan a un desarrollo equitativo e inclusivo que beneficie a todas las personas.

(d) El desarrollo y la mejora de los mecanismos de transparencia, seguimiento, supervisión, reclamación y rendición de cuentas para evitar activamente que las actividades e inversiones del AP socaven los derechos humanos.

(e) Asegurar que los clientes o socios del sector privado también adopten estrictas normas ambientales y de derechos humanos, y no eviten ni evadan impuestos.

(f) La elaboración de directrices comunes por parte de los BPD sobre evaluaciones de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos antes de las inversiones de proyectos y en apoyo de políticas o programas de reforma económica. Esto incluye la identificación de riesgos contextuales y específicos, estrategias de prevención y mitigación y reparación de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Asegurar que estas evaluaciones se desarrollen en estrecha consulta con las comunidades afectadas y se actualicen iterativamente en función de las condiciones cambiantes y la nueva información.

(g) El desarrollo de enfoques coordinados para garantizar que las actividades respaldadas por los BPD no agraven la deuda ni contribuyan a recortes del gasto público que repercutan negativamente en los derechos humanos o el acceso a los servicios esenciales para los más vulnerables.
Como reiteró el ACNUDH, la gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible requiere una gobernanza no discriminatoria, inclusiva, participativa y responsable. Con la década más crucial de la implementación de los ODS por delante, y en el contexto de la intersección de las crisis de salud, ambiental, económica y social, será fundamental procurar una mayor integración y coherencia entre las agendas de desarrollo y derechos humanos:

“Los derechos humanos no son solo una guía sobre la forma correcta de lograr la implementación de los ODS, sino la forma inteligente de acelerar un desarrollo más sostenible y equitativo”.

Los BPD deberían abrir canales para la participación significativa de las comunidades, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente y los grupos de la sociedad civil en la valoración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de sus proyectos y actividades, así como en sus procesos de toma de decisiones.

Por estas razones, la agenda y el producto final de la cumbre deberían reflejar debidamente la centralidad de los derechos humanos y el desarrollo liderado por la comunidad para un desarrollo efectivo y sostenible.