Grave preocupación por intimidación legal: 22 defensores y defensoras medioambientales y de derechos humanos se enfrentan a cargos por visitar unas obras de construcción de un complejo turístico de lujo en disputa
Global Legal Action Network y Front Line Defenders están profundamente preocupados por los repetidos ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos que se resisten a las destructivas construcciones turísticas privadas de lujo en Barbuda. Un grupo de DDH que inspeccionaba una de las obras en construcción impugnadas en la isla ha sido acusado de allanamiento ilegal. La vista, en la que podrían enfrentarse a cargos penales, está prevista para el 29 de septiembre de 2022.
Tras el paso del huracán Irma por la isla en 2017, el Gobierno central de Antigua y Barbuda impulsó nuevas leyes que permitieron la construcción de un multimillonario complejo turístico de lujo y un campo de golf conocido como "Barbuda Ocean Club" en un humedal protegido, así como una pista de aterrizaje para jets privados a través de 300 acres de bosque virgen.
Los/as barbudenses que se oponen al desarrollo privado de sus tierras -que han sido propiedad comunal desde la abolición de la esclavitud- han sufrido acoso, intimidación, difamación y criminalización, incluidas amenazas del propio primer ministro de Antigua y Barbuda. En 2015, tras la oposición local a la propuesta del primer proyecto, el primer ministro, Gaston Browne, declaró que los/as "terroristas económicos" que querían "bloquear la inversión... y mantener a nuestra gente desempleada... tendrían que enfrentarse a todo el peso de la ley por cualquier infracción". Cuando los/as barbudenses presentaron una demanda contra la construcción de la pista de aterrizaje internacional, Gaston Browne escribió escribió online que "estos/as imbéciles han recurrido a sus ignorantes métodos destructivos, intentando socavar un proyecto de infraestructuras muy necesario".
Un grupo de defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra, entre ellos/as, un/a miembro electo/a y empleados del Consejo de Barbuda, han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el impacto humano y medioambiental de la construcción, que puede exponer a la isla a un mayor riesgo de futuros fenómenos climáticos. También se alega que la aprobación de la construcción del complejo no cumplió las normas legales básicas ni siguió los procedimientos adecuados. En julio de 2020, tras una protesta contra el principal promotor, PLH (abreviatura de "Paz, Amor y Felicidad", en inglés), Gaston Browne declaró a la prensa: "Cada vez que hagan algo ilegal allí enviaré a la policía y al ejército... Prefiero luchar contra ellos/as y dimitir que hacer la vista gorda".
Estas amenazas se materializaron el 18 de septiembre de 2020, en otra protesta pacífica contra PLH Barbuda, cuando dos miembros del Consejo de Barbuda -Paul Nedd y Devon Warner- fueron detenidos y acusados de allanamiento y violación de las normas del COVID-19 por no llevar cubrebocas. Formaban parte del grupo de 22 lugareños/as que intentaron inspeccionar las obras de PLH en Palmetto Point. Fueron a inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de aprobación del proyecto. Esta medida se tomó después de que la Autoridad de Control del Desarrollo emitiera un aviso de incumplimiento el 31 de agosto, alertando a PLH de que sus actividades de construcción no se ajustaban a las condiciones de aprobación.
El 1 de octubre de 2020, el Tribunal del Caribe Oriental ordenó a PLH que detuviera las obras en Palmetto y Coco Points. Sin embargo, la población local y los defensores y defensoras de derechos humanos afirmaron haber presenciado operaciones en curso. En enero de 2021, el mismo tribunal levantó la medida cautelar sobre las actividades de PLH y emitió una orden al Consejo de Barbuda prohibiéndole entrar en la zona de construcción de PLH Barbuda por cualquier motivo, incluso para inspeccionar.
El grupo de 22 lugareños/as y defensores/as de derechos humanos, entre ellos Paul Nedd y Devon Warner, así como otros/as miembros del Consejo de Barbuda, siguen enfrentándose a cargos por allanamiento de morada y han sido citados en múltiples ocasiones ante un "denunciante virtual" desconocido. A pesar de las peticiones de divulgación, aún no se ha revelado la identidad del denunciante. El grupo de 22 personas ha sido citado y deberá comparecer ante el tribunal el 27 de septiembre de 2022. Casualmente, las oficinas policiales donde se celebrará la vista fueron patrocinadas nada menos que por PLH.
En junio de 2021, un grupo de relatores y relatoras especiales de las Naciones Unidas emitió un comunicado conjunto dirigido tanto al Gobierno de Antigua y Barbuda como a los promotores privados estadounidenses, en el que expresaban su profunda preocupación "por las posibles repercusiones del proyecto Barbuda Ocean Club sobre los derechos humanos, como los derechos a la alimentación, el agua y el saneamiento, la vivienda y un medio ambiente sano, así como los derechos culturales". Los/as relatores/as especiales de la ONU se refirieron a la detención de varios barbudenses preocupados/as por la situación. En su respuesta, el PLH declaró que cerca de 40 personas habían invadido las tierras arrendadas a PHL y negó la detención o los cargos que se les imputaban, salvo a dos de los 22 lugareños.
Front Line Defenders y Global Legal Action Network condenan enérgicamente el largo proceso de enjuiciamiento, el acoso judicial y las reiteradas intimidaciones contra los defensores y defensoras de la tierra de Barbuda. Estas organizaciones hacen un llamado a las autoridades de Antigua y Barbuda para que retiren los cargos, detengan la criminalización y difamación contra estas personas y tomen las medidas necesarias para que puedan continuar defendiendo sus derechos colectivos de manera segura.
