Zoraida Hernández Pedraza
Zoraida Hernández Pedraza se ha desempeñado como abogada y defensora de los derechos humanos durante casi dos décadas. Se comprometió con la labor por los derechos humanos desde muy joven, una causa que abrazó inicialmente en respuesta a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército en Cúcuta, su ciudad natal. Desde 1994 hasta 1998, Zoraida trabajó en defensa de los derechos humanos en Cúcuta como integrante y asistente legal de la sección Santander Norte del Comité de Solidaridad con los presos políticos - FCSPP. Esta sección de la organización fue tomada como blanco por causa de su labor, lo que llevó al asesinato de su colega, el abogado Javier Barriga Vergel. La situación de seguridad finalmente forzó a Zoraida a trasladarse a Bogotá.
En 1998 fue elegida para integrar el Consejo Nacional, a cargo de la Secretaría General del FCSPP; durante ese período ocurrieron los asesinatos de otros dos colegas, Julio Ernesto Gonzalez y Everardo De Jesús Puerta. Zoraida misma fue sujeta a actos de intimidación mientras que integró el Consejo Nacional, y sufrió espionaje y amenazas. Desde el año 2000, Zoraida está conectada con Corporación Sembrar, una organización que se dedica a trabajar en defensa de la restitución de tierras en Colombia, y el portavoz de varias organizaciones por el derecho a la tierra. También a trabajado como asesora de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, junto a la que dio a conocer abusos a los derechos humanos en esa región de Colombia. Durante los años 2011- 2012, colaboró como vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE.
En el 2012 fue nominada al Premio Nacional a la defensa de los derechos humanos en Colombia, en la categoría Mejor Defensor/a. Fue reconocida con una mención honoraria. A lo largo de su carrera en defensa de los derechos humanos , Zoraida Hernández Pedraza ha estado constantemente sujeta a amenazas y actos de intimidación. El nivel de hostigamiento y peligro que ha sufrido se incrementó seriamente entre los años 2011 y 2012, lo que la forzó a trasladarse fuera del país junto a su familia.
Los/as DDH de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de seguridad, o con grupos armados de la oposición.
