Los últimos dos años del proceso de paz han traído esperanza de que se ponga fin a las largas décadas de conflicto que azota Colombia. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno y las FARC no han tenido repercusión significativa en la seguridad de los defensores y defensoras de ese país, que sigue siendo uno de los países con mayor número de asesinatos de DDH en el mundo. Esta situación parece haberse deteriorado en el 2015, al destacar la ONU el número alarmante de DDH asesinados 69 entre enero y agosto de 2015, cuando la cifra para el mismo período en el 2014 fue de 35.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de seguridad, o con grupos armados de la oposición. Los frecuentes, continuos y graves ataques y amenazas perpetrados contra los/as DDH en todo el país contradicen las afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar.