Jakeline Romero Epiayu
EL nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.
Jakeline Romero, de Colombia, ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina.
En el Día mundial de los pueblos indígenas, hablamos con Jakeline Romero, líder del pueblo wayúu de Colombia que vive amenazada por su activismo contra los abusos de paramilitares y empresas mineras
Jakeline Romero Epiayu es una defensora de derechos humanos wayúu en el departamento de La Guajira, en el noreste de Colombia. Jakeline forma parte de la organización Sütsuin Jieyuu Wayúu (Fuerza de Mujeres Wayuu), creada en 2006 con el objetivo de visibilizar y denunciar las violaciones de los derechos de los indígenas wayúu resultado de los megaproyectos mineros, desplazamientos forzados, la situación la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado y la presencia de grupos armados y la militarización del territorio de La Guajira.
El departamento de La Guajira comprende el territorio del pueblo wayúu o guajiro, el pueblo indígena más numeroso de Colombia, y es también una región de valor estratégico por su riqueza en recursos naturales, incluyendo carbón, gas y otros minerales, así como su ubicación geopolítica, en la frontera con Venezuela. La presencia de megaproyectos, fuerzas paramilitares y guerrilleras y rutas de narcotráfico, sumadas a la falta de atención del Gobierno y la creciente corrupción en el país, han afectado gravemente a los indígenas guajiros. Sütsuin Jieyuu Wayuu denuncia las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su territorio y los efectos desproporcionados de la minería, la violencia y el conflicto armado sobre las mujeres indígenas. Jakeline y otros miembros de Sütsuin Jieyuu Wayuu han sido objeto de estigmatización, persecución y amenazas.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de seguridad, o con grupos armados de la oposición. Los frecuentes, continuos y graves ataques y amenazas perpetrados contra los/as DDH en todo el país contradicen las afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar.
