Emmy Nohemy Jiménez Zelaya
Emmy Nohemy Jiménez Zelaya es una defensora de derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con un papel activo en el Movimiento Amplio Universitario (MAU). El movimiento lucha por un acceso justo y libre a la educación, la participación de los estudiantes en la gestión de la UNAH y contra la militarización de la Universidad. En 2014, cuando la UNAH aprobó varios cambios en sus normas internas que resultaron en restricciones al derecho a la educación, el movimiento estudiantil comenzó a movilizarse a través de protestas pacíficas generalizadas.
Desde el año 2016, el movimiento estudiantil de la UNAH se ha enfrentado a una creciente represión por parte de las autoridades universitarias, que han recurrido a la prohibición de manifestaciones, el uso de fuerzas policiales, de élite y seguridad privada para suprimir las manifestaciones, y a la criminalización de estudiantes con el objetivo de desmantelar y deslegitimar el movimiento estudiantil. Emmy Nohemy Jiménez Zelaya y otros/as estudiantes han sido detenidos, suspendidos de la universidad y enfrentan cargos penales como resultado de su protesta pacífica.
El 23 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez, padre de un estudiante detenido en julio de 2016 junto con Emmy Nohemy, Andy Johan Gómez Jerónimo, fue asesinado mientras se dirigía a su casa en La Esperanza. En las cuatro semanas anteriores, había denunciado públicamente la represión de los y las estudiantes de la UNAH por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Defensores/as de derechos humanos y organizaciones en Honduras creen que su asesinato está relacionado con su papel en la defensa del trabajo de su hijo y de otros/as defensores/as en el país.
Los/as defensores/as de los derechos humanos en Honduras sufren ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y maltrato al igual que hostigamiento judicial, amenazas y estigmatización. Los/as periodistas, abogados, fiscales, quienes defienden los derechos de las mujeres, la niñez, la comunidad de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), las comunidades indígenas y afro hondureña y quienes trabajan en temas de medio ambiente y del derecho a la tierra están especialmente en riesgo.
