Alberta "Bety" Cariño Trujillo
Alberta "Bety" Cariño Trujillo fue una defensora de derechos humanos mexicana y directora del CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos), una organización comunitaria en Oaxaca, México. Bety y su organización luchaban en pos de la soberanía alimentaria, la gestión comunitaria del agua, la conservación del suelo y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en México. Como parte de CACTUS, trabajó para organizar colectivos de mujeres en el norte de Oaxaca.
El 27 de abril de 2010, Bety y el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinados. Participaban en una caravana de solidaridad pacífica, que fue atacada al intentar entrar en el municipio indígena autónomo de San Juan Copala, que había sido ocupado por un grupo paramilitar respaldado por el gobierno. La defensora y el defensor de derechos humanos iban a entregar provisiones a las comunidades indígenas que estaban bajo el asedio de grupos armados.
El caso aún está pendiente. Hasta junio de 2015, tres personas han sido arrestadas y hay órdenes pendientes para el arresto de otros 10 sospechosos. Sin embargo, a pesar de una declaración pública del Presidente de México de que el gobierno está comprometido a llevar a los autores a la justicia, tanto el esposo como el abogado de Bety Cariño denuncian la falta de voluntad política para lograrlo. También exponen que las autoridades no protegieron a los testigos y que aquellos que han liderado la campaña por la justicia para Bety Cariño y Jyri Antero Jaakkola han recibido llamadas telefónicas amenazándoles con que renuncien al caso o se enfrenten las consecuencias.
Los/as defensores/as de derechos humanos y periodistas de México son objeto de actos de intimidación, hostigamiento judicial, detención arbitraria, amenazas de muerte, agresión física, desaparición forzada y homicidio como resultado de sus actividades en defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
En México las desapariciones son endémicas, y a menudo ocurren con la connivencia del estado. Los defensores y defensoras que trabajan sobre este tema están expuestos a riesgos graves, y hasta la muerte. Quienes trabajan en defensa de la tierra, particularmente de los territorios indígenas, están en el mismo nivel de riesgo. Se los criminaliza, encarcela, difama y a menudo asesina. Los/as periodistas que se ocupan de cualquiera de estas temáticas, o relativas al comercio ilícito de drogas y la complicidad del gobierno en este área, también corren riesgo de perder la vida.
