Treinta y seis años después, el juicio por las masacres de El Mozote puede cambiar la historia de El Salvador
Originalmente publicado en opendemocracy.net el 7 de junio de 2017
Por María San Martin, Coordinadora de Visibilidad para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
La reapertura del caso de El Mozote trae una oportunidad histórica en la búsqueda de la verdad y justicia, el Estado y la Fiscalía deben estar a la altura del desafío.
En septiembre de 2016, tras 35 años de implacable lucha, los y las defensoras de derechos humanos en El Salvador alcanzaron una nueva victoria por la verdad y la justicia con la reapertura del caso El Mozote por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera. La investigación judicial se cerró en 1993, poco después de que la Ley de Amnistía General fuese aprobada por el parlamento nacional. No fue hasta el año pasado, en julio de 2016, que el Tribunal Constitucional de El Salvador declaró la Ley de Amnistía General inconstitucional, abriendo el camino a la justicia por los crímenes de guerra cometidos en el país. El Mozote es el primer caso en reabrirse relacionado con los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1979 - 1992).
La guerra civil en El Salvador enfrentó al gobierno militar y la guerrilla de izquierda por más de 12 años y resultó en aproximadamente 75.000 muertes y 8.000 desaparecidos.
La brutal masacre que tuvo lugar en El Mozote es considerada la peor atrocidad cometida durante la guerra. El 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, el ejército salvadoreño atacó varios pueblos del noreste del país. Los soldados detuvieron a toda la población, torturaron y violaron a cientos, y asesinaron entre 900 y 1.200 civiles, en su mayoría mujeres, niñas y niños.
Es un caso emblemático de los ataques que la población civil sufrió a manos de los militares durante la guerra.
Poco después de que la Ley de Amnistía General fuese declarada inconstitucional en julio de 2016, defensoras/es de derechos humanos, supervivientes y familiares de las víctimas presentaron una solicitud para reabrir el caso. Dieciocho oficiales militares de alto rango (tres de ellos fallecidos) fueron imputados, entre ellos el ex ministro de Defensa, el general José Guillermo García, el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Rafael Flores Lima, y el ex comandante de la 3ª Brigada de Infantería, Coronel Jaime Flores Grijalva. Se les acusa de delitos que incluyen asesinato, violación agravada, desapariciones forzadas, actos de terrorismo, robo y daños agravados, en virtud del Código Penal de 1973, en vigor en el momento de los hechos.
"Tenemos la fuerte ventaja de que, durante los últimos 36 años, defensoras/es de derechos humanos y organizaciones han realizado un arduo trabajo de investigación, reuniendo evidencia científica y documentando lo sucedido durante esos tres días", dijo Alejandro Lening Díaz Gómez, miembro de la organización de derechos humanos Tutela Legal "Dra. María Julia Hernández”, organización querellante en el juicio. Fue la perseverancia de víctimas y organizaciones como Tutela Legal del Arzobispado y Tutela Legal "Dra. María Julia Hernández" lo que dio lugar a los informes y resoluciones de organismos como la Comisión de la Verdad en El Salvador, los expertos internacionales del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales evidencian la responsabilidad del Estado en este y otros ataques indiscriminados contra civiles. "Se ha demostrado que los militares llevaron a cabo una operación planificada, masiva y sistemática. La escala de la ofensiva fue tal que no habría sido posible sin la participación de los diferentes cuerpos de ejército. Es por eso que los funcionarios de más alto rango son acusados de estos crímenes de lesa humanidad", explica Díaz Gómez.
Sin embargo, el pasado 11 de mayo, el ex ministro salvadoreño de Defensa, José Guillermo García, primer acusado en ser llamado a prestar declaración, declinó la orden judicial y no se presentó ante el tribunal. "Para las víctimas, las y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones, se trata de una señal de alarma. Podría ser el comienzo de una estrategia para evadir la justicia y negar la legitimidad de los procesos judiciales, como se ha dado en el caso de los Jesuítas, que sigue en la impunidad. La gran preocupación es que no parece que la Fiscalía esté dispuesta a tomar una posición en contra de esto". Tutela señala también que los medios de comunicación dominantes se niegan a ofrecer una mirada crítica sobre el papel de los militares.
"Todavía hay una inclinación en los medios para proporcionar a los militares un espacio para defenderse, y poco espacio para que las y los defensores de derechos humanos y las víctimas visibilicen sus reivindicaciones. Sin embargo, los autores han sido identificados y llevados ante la justicia porque las investigaciones de las/os defensoras/es de derechos humanos han revelado la verdad. Ahora estamos luchando para abrir el camino hacia la justicia y la reparación".
Frente a esta prolongada prevalencia de los intereses de los militares, Alejandro explica que la perseverancia de las/os defensoras/es de derechos humanos les ha brindado protección, reconocimiento, y el apoyo de la población. "Las y los defensores de los derechos humanos y las víctimas participan en las audiencias, impulsan los procesos judiciales, mantienen la presión... Han tenido una participación muy efectiva. Hay mucha expectativa e interés como resultado de las recientes victorias. Pero las y los defensores de derechos humanos se sienten intimidados ante el apoyo otorgado por el Estado y los medios de comunicación a los militares. Los antiguos oficiales militares son trasladados por carros del ejército, operados por las brigadas de la zona. Estamos investigando si los 25 abogados defensores están siendo financiados por el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el reconocimiento de la población de la experiencia y perseverancia de las/os defensoras/es les ha brindado protección contra intimidaciones, acoso y los esfuerzos de desacreditarles y difamarles. Esta duradera lucha ha permitido también la reaparición del movimiento de derechos humanos en el país, ya que muchos de estos defensores y defensoras tienen una importante presencia en otras luchas sociales y ambientales".
La reapertura del caso de El Mozote brinda una oportunidad sin precedentes para la memoria y justicia en El Salvador y para honrar a las víctimas y el arduo trabajo de las y los defensores de derechos humanos, así como demostrar a toda la región que la justicia y la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad son alcanzables.
El Estado salvadoreño y la Fiscalía General deben estar a la altura de esta histórica oportunidad de lograr reconciliación y paz, así como establecer un precedente para otros casos importantes pendientes de justicia, como el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en 1980.
Como la superviviente de El Mozote Dorila Márquez declaró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, "Queremos perdonar, pero necesitamos saber qué y a quién perdonar".
