Se abre el camino a la justicia en El Salvador
(published on opendemocracy.net on 5 August 2015)
by Luciana Téllez Chávez, Research & Training Fellow para las Américas
Mientras los criminales de guerra se vean finalmente frente a la justicia en El Salvador, la ley podrá empezar a estar al servicio de los pobres.
Tras casi dos décadas de activismo inclaudicable de parte de defensores y defensoras de derechos humanos, el 13 de Julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General, lo cual permitirá que los criminales de guerra se enfrenten finalmente a la justicia.
La guerra civil de El Salvador inició en 1979 y se prolongó durante 12 años sangrientos durante los cuales el país vivió un enfrentamiento entre un estado autoritario y guerrillas de izquierda. En Enero de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz, el conflicto había cobrado las vidas de 75,000 muertos y 7,000 desaparecidos.
La Comisión de la Verdad que se instauró al final de la guerra investigó 20,000 denuncias de violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que habrían sido perpetrados durante el conflicto. La Comisión publicó los nombres de varios presuntos culpables, con la expectativa que esta movida ayudara a los que lideraban esfuerzos contra la impunidad. Tan solo cinco días después de la publicación del informe, el 20 de Marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General, la cual como su nombre indica impidió el enjuiciamiento de todos los criminales de guerra, sin importar la gravedad de sus actos.
Diez año después, en Marzo de 2013, un grupo de defensores de derechos humanos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) interpusieron un recurso que argumentaba que la Ley de Amnistía General era inconstitucional, la Corte Suprema de Justicia aceptó considerar el asunto en Septiembre de ese mismo año. Tan sólo dos semanas después, la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, una clínica legal gratuita que representaba los intereses de víctimas y sobrevivientes de atrocidades perpetradas durante la guerra, fue abruptamente clausurada. La elite político-militar se estremeció al pensar en la evidencia que Tutela Legal había recogido sobre 50,000 casos de violaciones de derechos humanos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de invalidar la Ley de Amnistía General se da después de una serie de recursos interpuestos por defensores y defensoras de derechos humanos a través de los años, los cuales han ido progresivamente deteriorando el escudo de la impunidad. En la primera decisión de 1993, la corte evadió el tema completamente al declarar que no era competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, argumentando que dispensar amnistía era un "acto eminentemente político". Organizaciones de derechos humanos apelaron nuevamente, lo cual llevó a una decisión en Septiembre 2000 en la cual la corte declaró que la Ley de Amnistía General no era intrínsicamente inconstitucional pero que los jueces tenían discreción para aplicarla; lamentablemente ni un solo juez usó esta discreción para hacer justicia. El último reto a la ley interpuesto por defensores y defensoras de derechos humanos en 2013 resultó en la decisión de este año que invalida de forma inmediata y total la Ley de Amnistía General, anulando el principal obstáculo para dispensar justicia por crímenes de guerra y otorgar reparaciones a los sobrevivientes.
"Los defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador han demostrado que su voluntad para combatir la impunidad es más fuerte que la capacidad del Estado para oprimir al pueblo", dijo Mary Lawlor, Directora Ejecutiva de Front Line Defenders. "Esta es una victoria para El Salvador, y una victoria para todos aquello que apoyan el derecho de defensores y defensoras a abogar por la justicia de forma pacífica - aún si esto lleva décadas."
Justicia para Monseñor Romero
Una de las víctimas de la brutal guerra civil de El Salvador fue el defensor de derechos humanos Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Monseñor Romero denunciaba constantemente el autoritarismo del gobierno, la represión de Estado, las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas que caracterizaban la época. Uno de los momentos más traumatizantes para el país fue cuando un escuadrón de la muerte, compuesto de militares, asesinó a Monseñor Romero el 24 de Marzo de 1980. Una sola bala en su pecho silenció su voz mientras oficiaba la misa en la pequeña capilla del Hospital "Divina Providencia".
El día antes de su asesinato, durante su última misa, Monseñor Romero realizó una de sus homilías más célebres en la que declaró: "En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión!"
El asesinato de Monseñor Romero estremeció una región atormentada por cruentas guerras civiles y fue condenado a nivel internacional, de manera muy similar al impacto que tuvo el asesinato de Berta Cáceres en Latinoamérica en Marzo de 2016. En ese momento, los Salvadoreños se preguntaban aterrados, si el Estado si atreve a asesinar un defensor de derechos humanos reconocido internacionalmente y un miembro eminente de la Iglesia Católica, a quién no matarían? De hecho, el juez que intentó procesar el caso de Monseñor Romero a penas escapó un intento de asesinato en su contra y el testigo clave en el caso fue desaparecido, a la fecha todavía se desconoce su paradero.
Los esfuerzos para enjuiciar a los asesinos de Monseñor Romero retomaron en 1986, sin embargo intereses particulares lograron obstruir la justicia. En Marzo de 1993, un juez determinó que el único responsable material quien se encontraba en vida y en El Salvador, Alvaro Saravia, estaba protegido por la Ley de Amnistía General que había sido aprobada ese mismo mes, y concluyó el caso. Ahora, con la derogación de la ley de amnistía, una puerta se ha abierto que nos permitiría pensar que todavía sería posible pasar sentencia para los responsables, aunque sea in absencia ya que muchos de ellos han fallecido. Aún así, un juicio que de hecho llevara a una condenara de los responsables materiales e intelectuales tendría una importancia simbólica muy significativa para los innumerables Salvadoreños para quienes Monseñor Romero continúa siendo el defensor más influyente en la historia del país.
Sin duda, la historia, el coraje y la compasión de Monseñor Romero vive en la conciencia de muchos Salvadoreños. El 3 de Febrero de 2015, la Iglesia Católica le reconoció como un mártir y el 23 de Mayo del mismo año fue beatificado en una ceremonia oficiada en San Salvador, la cual atendieron cientos de miles de Salvadoreños, provenientes de todos los rincones del país, para celebrar su legado.
El legado de Monseñor Romero: la ley al servicio de los pobres
Sin lugar a dudas, el legado más importante de Monseñor fue Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, una clínica legal gratuita que por más de 30 años estuvo dedicada a buscar la verdad y la justicia para las violaciones de derechos humanos más atroces cometidas antes, durante y después de la guerra civil. Monseñor Romero creó Tutela Legal tres años antes de su muerte y esta se consagró a la defensa de víctimas y sobrevivientes de casos emblemáticos de la guerra civil, incluyendo la masacre de El Mozote.
Durante 25 años, la fuerza vital detrás de Tutela Legal fue la Dra María Julia Hernández, una doctora en filosofía, colaboradora cercana de Monseñor Romero e incansable defensora de derechos humanos hasta su muerte en 2007. Bajo el liderazgo de María Julia Hernández, Tutela Legal recopiló 50,000 denuncias por violaciones de derechos humanos así como el archivo histórico más importante de atrocidades cometidas durante la guerra civil. Sin duda, los defensores de derechos humanos eran los únicos dispuestos a asumir el riesgo de desafiar a los criminales de guerra que permanecían en la élite política, económica y militar.
Tutela Legal recibió un golpe inesperado en Septiembre de 2013, cuando el actual Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, decidió de forma unilateral la clausura de la institución y despidió a todo su personal. Por orden de Escobar Alas, la evidencia que Tutela Legal había recogido sobre 50,000 casos de notorias violaciones de derechos humanos fue confiscada. José Lazo y Wilfredo Medrano, ambos integrantes de Tutela Legal, llegaron a su oficina ese Lunes y encontraron que sus llaves no correspondían a las cerraduras y que docenas de guardias armados resguardaban el local.
Tutela Legal fue abruptamente clausurada tan sólo dos semanas después de que un grupo de defensores de derechos humanos lograra que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitiera una petición para reconsiderar la Ley de Amnistía General. En este contexto, muchos defensores interpretaron la clausura de Tutela Legal como una señal clara que indicaba que el actual Arzobispo no estaba interesado en hacer justicia para víctimas y sobrevivientes.
Poco después de la intempestiva clausura, la mítica institución reabrió sus puertas, esta vez como una organización independiente, bajo el nombre Tutela Legal Dra María Julia Hernández. Sin embargo, el Arzobispo les negó acceso, a ellos y a las víctimas, al archivo masivo de evidencia que habían acumulado a través de los años.
El trabajo de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador inspiró y alimentó una generación de defensores de derechos humanos, movimientos de víctimas y sobrevivientes en busca de justicia para el pueblo Salvadoreño. Para los movimientos de víctimas y sobrevivientes, tales como el Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador “Monseñor Romero” (COMADRES), el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) y el Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC), Tutela Legal fue un aliado confiable que les apoyó en sus esfuerzos para hacer justicia en los casos de sus seres queridos. Para otras organizaciones de derechos humanos, tales como la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Tutela Legal fue un espacio dinámico donde la Dra María Julia Hernández hizo prueba de una creatividad excepcional en sus esfuerzos para contrarrestar la impunidad y la injusticia a nivel doméstico.
Desde el momento de su concepción, bajo la mirada de una dictadura feroz, la Oficina fue tanto un instrumento para buscar justicia como un espacio de educación para los estudiantes de la élite adinerada que eran lo suficientemente privilegiados para cursar Derecho pero que habían crecido totalmente aislados de la realidad de los Salvadoreños ordinarios. Tutela Legal fue un espacio excepcional en la sociedad salvadoreña en donde los privilegiados atendían las necesidades de los más vulnerables. Entre los que recibieron una experiencia formativa en Tutela Legal estuvieron David Morales, actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y Florentín Meléndez, magistrado en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El legado de Monseñor Romero no es sólo el de su compasión, su amor por la humanidad y su coraje para desafiar todo lo corrupto en la sociedad que habitaba; su legado también vive en las miles de personas que continúa a inspirar hoy en día y que como resultado se dedican a la labor riesgosa y muchas veces ingrata que implica ser un defensor de derechos humanos en El Salvador. La decisión de la corte de invalidar la Ley de Amnistía General es una victoria para el movimiento de derechos humanos que inspiró y para los muchos Salvadoreños que todavía están luchando por obtener justicia.
