#Ruanda

El trabajo de los/as defensores/as es menoscabado por las autoridades ruandesas, que reclaman que los/as defensores/as están fomentando una “ideología genocida” y un “divisionismo étnico”, trayendo a colación los miedos que aún prevalecen después del genocidio de 1994, durante el cual fueron asesinadas al menos 800.000 personas.

Con la vista puesta en las elecciones del 2017, el Frente Patriótico de Ruanda, actualmente en el gobierno, parece atrincherarse en su dominación política y los/as DDH sufren las consecuencias. En julio de 2013, el liderazgo de LIPRODHOR, la última organización de derechos humanos independiente de Ruanda fue obligado a salir y fue reemplazado por un comité ejecutivo que favorece al gobierno y está respaldado por el Consejo de Gobernanza de Ruanda (RGB, en inglés), el organismo estatal que supervisa las ONG, a pesar de que el liderazgo desplazado protestó por esta situación.

Los/as defensores y defensoras de derechos humanos sufren hostigamiento, intimidación, arresto arbitrario y juicios parciales, mientras que se abusa de las leyes para la prevención de la división étnica y el odio para limitar mediante ellas la libertad de expresión y asamblea pacífica.