#Mozambique

Los defensores y defensoras de derechos humanos de Mozambique, particularmente quienes trabajan en temas relacionados con el ambiente e intentan asignar responsabilidades a las empresas por violaciones de los derechos humanos o trabajan promoviendo mejores condiciones de vida para las comunidades rurales a través del acceso al agua y la compensación justa por la concesión de tierras, están especialmente en riesgo.

La expansión de proyectos de desarrollo en Mozambique, tales como el proyecto Pro-Savana y el aumento de las minas de carbón en la provincia de Tete, ha dado como resultado el desplazamiento forzado de comunidades y la necesidad de reubicar a muchas familias de campesinos. Los líderes y lideresas de las comunidades y los/as defensores/as de derechos humanos que luchan contra la apropiación de tierras, las concesiones injustas y el derecho a la soberanía alimentaria se hallan en una situación de extrema vulnerabilidad, en la que son objeto de variadas formas de hostigamiento, amenazas e intimidación. Las protestas pacíficas que pidieron mejores condiciones de vida para las familias reubicadas fueron reprimidas con violencia.

Si bien Mozambique fue uno de los primeros países de África en despenalizar la homosexualidad, consecuencia de la reforma legislativa que entró en vigor en junio de 2015, los/as defensores/as LGBTI y las organizaciones que trabajan en esta temática siguen afrontando dificultades a la hora de conseguir el reconocimiento y el registro legal para llevar adelante sus actividades. La Associação Moçambicana para Defesa das Minorias Sexuais - LAMBDA, todavía espera ser reconocida por el Ministerio de Justicia, 8 años después de presentar la solicitud.

Los/as defensores/as de derechos humanos también enfrentan problemas como consecuencia de leyes restrictivas. Los/as periodistas siguen siendo atacados/as y hostigados/as mediante la Ley de Prensa (1991) en vigencia, que dispone hasta dos años de cárcel y el pago de una multa a quienes sean declarados culpables de difamar al presidente o a las autoridades del gobierno. También preocupa la Ley 8/91, que impone obligaciones onerosas al registro formal de organizaciones en el país, lo que hace difícil o casi imposible que varias organizaciones de derechos humanos accedan a un estatus legal.