#Gambia

Los defensores/as de los derechos humanos de Gambia operan en medio de un clima de terror, sospechas y autocensura. La libertad de expresión está seriamente limitada y los/as defensores/as de los derechos humanos y los/as periodistas críticos/as del gobierno se hallan amenazados/as. Las ONG operan en un ambiente restrictivo, están sujetas a un monitoreo estricto de parte de las autoridades y se las presiona a actuar sobre temas de acuerdo con la agenda del gobierno. También preocupa seriamente la cuestión de la independencia de la judicatura (o su total ausencia): el estado ha actuado para alcanzar el completo control de la misma, tal como lo ilustran varios casos de acusaciones y juicios fabricados contra defensores/as.

Los periodistas independientes están especialmente en riesgo. Varios periodistas fueron amenazados, arrestados, acusados o forzados a huir. El marco legislativo es muy limitado: La ley de registro de periódicos del 2004, la Ley de reforma del Código Penal del 2005, la Ley de reforma del secreto oficial del 2009 y la Ley de comunicaciones contradicen las disposiciones constitucionales de libertad de expresión y hacen muy difícil para los periodistas trabajar sin violar la ley.

En Gambia, las ONG están limitadas a una serie de actividades, y son vigiladas de cerca por el gobierno que las presiona para que no atiendan cuestiones sensibles. En el 2010, la Agencia de asuntos de ONG fue mudada del ámbito del Ministerio del Interior a la oficina del presidente, aumentando así el control sobre la sociedad civil. La inscripción de una ONG es una carga pesada e incluye la aceptar el mandato obligatorio de cumplir con los planes de desarrollo del gobierno. Se ha denunciado el hostigamiento hacia las ONG que supervisan cuestiones de violación de derechos humanos o que trabajan en temáticas sensibles para la política. En consecuencia, muchas ONG ejercen la autocensura y optan por trabajar sobre temas menos espinosos.