#Egipto

Desde 2014 se está llevando a cabo una importante represión contra la sociedad civil. Las autoridades egipcias consolidaron un entorno legal hostil para amordazar a las voces disidentes y restringir las libertades de reunión, de asociación, de expresión, la independencia de los medios de comunicación y los derechos digitales. Las protestas pacíficas son atacadas y criminalizadas, independientemente de su tamaño o del problema que denuncien.

Defensores y defensoras de derechos humanos, entre ellos periodistas, blogueros/as, defensores/as LGBTI +, defensores/as de los derechos de las minorías y de los derechos sociales y económicos han sido objeto de detenciones, enjuiciamientos y condenas en virtud de diversas leyes represivas, entre ellas, leyes relativas al derecho de reunión y protesta y la ley contra el ciberdelito. Por su parte, las leyes antiterroristas promulgadas en 2015 y 2020 son herramientas legislativas utilizadas también por el Gobierno para detener y enjuiciar a DDH. Varios/as DDH han permanecido en prisión preventiva durante largos periodos. Estas personas, detenidas y encarceladas, se enfrentan a condiciones inhumanas y algunas de ellas, incluidas las defensoras de derechos humanos, han sido torturadas y maltratadas.

La ley de ONG de 2019 estableció severas restricciones sobre la creación e independencia de las ONG de derechos humanos, incluida su capacidad para recibir financiación extranjera y nacional. En virtud de un decreto presidencial emitido en septiembre de 2014, las personas condenadas por recibir fondos extranjeros considerados ilegales son sancionadas con cadena perpetua. Una ley de sindicatos promulgada en diciembre de 2017 restringe la creación de sindicatos independientes y libres. El derecho de huelga ha sido severamente restringido y los trabajadores y trabajadoras que participan en huelgas han sido detenidos/as y procesados/as; en algunos casos, estas personas han tenido que comparecer ante tribunales militares, ya que trabajan en sectores económicos controlados por las fuerzas armadas (como el transporte público).

El Gobierno abrió el caso núm. 173 contra defensores y defensoras de derechos humanos acusados/as de “recibir fondos extranjeros ilegalmente” y de “operar sin autorización”. La primera parte de este caso, que involucró a miembros de ONG internacionales, concluyó en diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Casación absolvió a 43 trabajadores y trabajadoras de ONG que habían sido condenados/as in absentia por un tribunal de primera instancia en 2013. Sin embargo, los ataques contra grupos locales no han cesado. Desde 2015, las autoridades egipcias han congelado los activos de 7 ONG y 10 DDH, han impuesto prohibiciones de viaje a 30 DDH y convocado a más de 60 DDH para ser interrogados/as. Medios progubernamentales lanzaron una campaña de difamación contra estas personas y el Gobierno reforzó su vigilancia digital y ciberataques contra ellas, invirtiendo en tecnología de vigilancia altamente desarrollada y sofisticada. En 2020, destacados/as defensores y defensoras de derechos humanos y activistas fueron procesados/as ​​y condenados/as a penas de cárcel por delitos redactados de manera vaga, tales como "publicar noticias falsas" o "insultar al poder judicial" en sus tweets y publicaciones de Facebook.

Por su parte, las defensoras de derechos humanos fueron sometidas a diversas formas de intimidación y represalias, entre otras: a detenciones preventivas, violencia de género, estigmatizaciones y prohibiciones de viaje con el fin de obstaculizar sus funciones públicas, particularmente las relacionadas con la denuncia del acoso y la violencia sexuales. Desde agosto de 2017, el Gobierno intensificó su represión contra los/as defensores/as LGBTI +, llevando a cabo arrestos y detenciones frecuentes contra miembros de la comunidad LGBTI + y sometiéndoles a torturas, malos tratos y violencia sexual, así como a condiciones de detención inhumanas. Estas personas fueron procesadas acusadas de "libertinaje" y "prostitución".