#Canadá

Canadá se enorgullece de ser un modelo en materia de derechos de la mujer y la niñez ante la Asamblea General de la ONU, y ha hecho varias recomendaciones a otros estados sobre estos temas a través de los procesos del Examen Periódico Universal (EPU) a lo largo de los años. Sin embargo, su reputación disimula sus debilidades, ya que este país muestra poco respeto por los derechos de las mujeres indígenas y los niños/as que viven en América Central y México. Las compañías mineras canadienses están implicadas en violaciones contra los derechos humanos de las poblaciones indígenas, y contra defensores/as de derechos humanos que trabajan por los derechos de los demás, mientras que en casa gozan de la protección del gobierno.

Los defensores/as de derechos humanos que trabajan en toda Latinoamérica se quejan de que aquellas compañías canadienses que serían sometidas a controles rigurosos en su propio país tienen libertad para reinar en Latinoamérica, lo que significa que construyen sus mega proyectos sin consultas previas a las comunidades afectadas. Cuando los/as defensores/as de derechos humanos organizan la oposición de las comunidades, son puestos en la mira y amenazados de muerte, estigmatizados, criminalizados y hasta asesinados. En realidad, en su país, los/as defensores/as de derechos humanos de las Naciones Originarias se quejan de hostigamiento judicial cuando exigen igualdad de derechos y reparación histórica para los pueblos indígenas de la nación.

En los últimos años, el gobierno canadiense, en la búsqueda de mayores fuentes de explotación en el país, ha tomado como blanco a organizaciones de la sociedad civil mediante una política de hostigamiento burocrático y administrativo.