RECURSOS DE MEDIOS
"Esta violencia no es aleatoria. He llegado a la conclusión de que estos incidentes no son actos aislados. Son ataques orquestados contra quienes intentan incorporar el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos para llegar a un mundo libre de miedo y miseria."
Michel Forst, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humano
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Front Line Defenders y la Red del Proyecto del Memorial han informado del asesinato selectivo de más de 1000 defensores/as de derechos humanos (DDH) pacíficos/as desde el 2014, según un nuevo informe elaborado de forma conjunta titulado Basta de Asesinatos, que analiza los ataques mortales contra activistas en seis países. Más del 80% de la totalidad de los asesinatos de DDH documentados se han producido en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. Solo en Colombia han sido asesinadas casi 100 personas en lo que va de año.
Estos ataques no son casuales. Según Front Line Defenders, la eliminación selectiva de defensores/as de derechos humanos pacíficos/as se ha convertido en una epidemia. En su Informe Anual 2017, Front Line Defenders informó del asesinato de más de 300 DDH en 27 países. Dos tercios de las personas asesinadas eran defensoras de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, a menudo en zonas rurales remotas con escaso acceso a medidas de protección, documentación, información y justicia. Según los datos disponibles, solo el 12% de los asesinatos resultó en la detención de las personas sospechosas.
«En cada uno de los países donde el número de asesinatos se está disparando, la corrupción económica y la colusión entre el Estado y las empresas han dado lugar a un sistema político diseñado para mantener a las élites en la cima y acallar a aquellas personas que han sido privadas de sus derechos», afirmó Jim Loughran, director del Proyecto Memorial de DDH en Front Line Defenders. «Durante décadas, los gobiernos de Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas han utilizado las mismas falsas excusas para justificar su inacción: el terrorismo organizado y las bandas de narcotraficantes. Venden el mito de que con la creciente militarización podrá arreglar la situación. Este análisis simplista y peligroso deja a un lado la corrupción como causa fundamental de la violencia».
El informe Basta de Asesinatos incluye un capítulo sobre cada uno de los seis países, escrito en colaboración con los activistas que se encuentran en situación de riesgo en el terreno enfrentándose a diario a graves amenazas por documentar el aumento de la violencia y luchar contra ella. A pesar de las diferencias sociales y políticas, cada uno de estos seis países sufre la violenta represión de la disidencia pacífica y la cooptación de los sistemas de justicia en pro del interés de las grandes empresas. Asimismo, el informe denuncia la hipocresía de los gobiernos occidentales, que aparentemente apoyan la democracia y los derechos humanos pero continúan brindando asistencia financiera y de seguridad directa a algunos de los regímenes más represivos del mundo.
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Para mas información o concertar entrevistas, por favor pongase en contacto con la Coordinadora de Medios de Front Line Defenders, Erin Kilbride, en erin@frontlinedefenders.org, o con Jim Loughran, autor del informe y gerente del HRD Memorial Project, en jim@frontlinedefenders.org.
Brasil
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En Brasil ha resurgido en los últimos años la violencia contra los derechos humanos y sus defensores/as así como una disminución de la protección de los derechos humanos por parte del Estado.
Filipinas
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En Filipinas, los/as DDH llevan siendo objeto de persecución durante mucho tiempo, siendo las ejecuciones extrajudiciales la amenaza más grave a la que se enfrentan: 474 DDH fueron asesinados/as durante la presidencia de Arroyo (2001-2010) y 139 durante la presidencia de Aquino (2010-2016). Esta tendencia continúa en la actualidad. En su Informe Anual 2017, Front Line Defenders informó del asesinato de 60 DDH en Filipinas, lo que lo convierte en el país con el mayor número de asesinatos de DDH fuera de América y casi duplicando la cifra del año anterior.
Colombia
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En 2018, el gobierno Colombiano se enfrenta a muchos obstáculos para lograr la implementación de los acuerdos de paz, la consolidación de la paz verdadera y la protección de los derechos humanos, entre ellos: el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del propio estado, la negación de la clase política tradicional a participar en ningún proceso de reforma política, el extractivismo a ultranza de los bienes naturales a pesar de la oposición local y del impacto en el cambio climático, la corrupción de las élites políticas y económicas del país y una cultura del odio exacerbada por sectores de extrema derecha, que está llevando al país a una polarización social de difícil retorno.
Mexico
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Recientemente, algunos líderes mexicanos se han pronunciado sobre la necesidad de lograr un crecimiento económico y oportunidades para los 121 millones de habitantes del país. El progreso económico se ha buscado a través de un pacto de libre comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá, la exploración de petróleo, la privatización de las empresas estatales y reformas en áreas tales como educación, ene rgía, telecomunicaciones, minería y justicia, lo que ha provocado protestas a gran escala.
Guatemala
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En Guatemala se ha intensificado una crisis institucional en los últimos años que ha llevado al país a una encrucijada política y social. Han surgido debates entre los sectores que prefieren una transición desde estructuras viejas, violentas y corruptas atrincheradas en las instituciones estatales y aquellos que buscan regresar a un modelo clientelar de privilegios para una élite económica pequeña pero muy poderosa. Esta crisis ha provocado una serie de conflictos que han generado violencia contra la población y más específicamente contra quienes defienden los derechos y las libertades fundamentales.
Honduras
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Los/as defensores/as de derechos humanos (ddh) en honduras son objeto de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, así como de acoso judicial, amenazas y estigmatización. Periodistas, abogados/as, fiscales, defensores/as de los derechos de la comunidad LGBTI, de las comunidades indígenas y afrohondureñas y aquellas personas que trabajan en temas relacionados con los de rechos ambientales y el derecho a la tierra están particularmente en riesgo.
