Se ordena juicio contra los cinco líderes comunitarios y defensores ambientales de la comunidad de Santa Marta
El 03 de abril de 2024, el Centro Judicial Integrado de San Salvador llevará a cabo la audiencia preliminar en el caso contra los defensores de derechos humanos Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega. El 11 de enero de 2023, los cinco defensores fueron detenidos por agentes estatales en relación al asesinato de una mujer ocurrido en 1989. A más de un año de su detención, los defensores se encuentran ahora en arresto domiciliario, a la espera de la audiencia preliminar que decidirá si hay suficiente evidencia para iniciar el juicio en su contra.
The Economic and Social Development “Santa Marta” Association (ADES) is an association with more than 30 years working for the development of the Santa Marta community, whose inhabitants were violently displaced at the beginning of the 1980s and who later returned at the end of the same decade. Since its creation in 1993, the ADES has been working in favour of the Santa Marta community by the development of programs and mechanisms to ensure basic education, alphabetization, community organization, defence of the environment, legal support, community health and, in general, the network for commercialization and infrastructure projects. At a national level, the ADES stands out for actively participating in the process of articulation of different organizations that are now part of the National Board against Metallic Mining, supporting the approval by unanimity of the Law that Prohibits Metallic Mining in March of 2017.
El 10 de abril de 2024, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque envió a juicio a los defensores Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega. Los tres líderes de Santa Marta y los dos representantes de ADES se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 5 de setiembre de 2023 luego de su detención el 11 de enero de 2023.
Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Pedro Rivas Laínez son defensores de derechos humanos y líderes de la comunidad de Santa Marta, Cabañas, El Salvador. Como líder comunitario, Alejandro Laínez García ha trabajado activamente en el rescate, promoción y conservación de la memoria histórica, la identidad comunitaria y la protección de los bienes comunes de su comunidad (agua, tierra y ambiente), incluyendo la defensa del territorio y medio ambiente ante los efectos negativos de la minería metálica en el país. Miguel Ángel Gámez es el ex directivo comunal e integrante de la Asociación de Desarrollo Comunal - ADESCO “Santa Marta”. Ha trabajado activamente en la gestión y promoción de proyectos de infraestructura comunitaria, así como en la defensa de los bienes comunes de su comunidad, incluyendo la defensa al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, libre de actividades que puedan causarle daño. Pedro Rivas Laínez es integrante de la cooperativa “Nueva Heroica Santa Marta”. Ha trabajado activamente como defensor del derecho al territorio y bienes comunes de su comunidad contra los efectos negativos de la minería metálica.
Antonio Pacheco es un defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES), así como el principal impulsor del desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente en la región. Fue uno de los principales promotores de la campaña para la prohibición de la minería metálica en El Salvador en favor del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado de las comunidades del país. Saúl Rivas Ortega es un defensor de derechos humanos y asesor legal de ADES Santa Marta. Ha trabajado activamente como abogado defensor de derechos humanos de las y los habitantes de la comunidad de Santa Marta, incluyendo la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado.
El 3 de abril de 2024, el juzgado llevó a cabo una audiencia preliminar que concluyó el 10 de abril de 2024 con la decisión de enviar a juicio a los defensores. La detención, ocurrida el 11 de enero de 2023 por integrantes de la Fiscalía General de la República y de la policía, con el apoyo de agentes militares, proviene de acusaciones sin evidencia de un asesinato cometido en 1989, al final de la guerra civil salvadoreña.
Front Line Defenders condena la presente decisión, pues la criminalización contra los cinco defensores se da como represalia por su trabajo de defensa de los bienes comunes de Santa Marta. Asimismo, el haber liderado activamente la compaña para la prohibición de la minería metálica en el país, la cual derivó en la aprobación de una ley que lo dispone, destaca la naturaleza de represalia de estas acciones legales contra los defensores. Es preocupante que el actual gobierno esté perjudicando esta protección legal previamente asegurada.
El 03 de abril de 2024, el Centro Judicial Integrado de San Salvador llevará a cabo la audiencia preliminar en el caso contra los defensores de derechos humanos Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega. El 11 de enero de 2023, los cinco defensores fueron detenidos por agentes estatales en relación al asesinato de una mujer ocurrido en 1989. A más de un año de su detención, los defensores se encuentran ahora en arresto domiciliario, a la espera de la audiencia preliminar que decidirá si hay suficiente evidencia para iniciar el juicio en su contra.
Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez y Pedro Rivas Laínez son defensores de derechos humanos y líderes de la comunidad de Santa Marta, Cabañas, El Salvador. Como líder comunitario, Alejandro Laínez García ha trabajado activamente en el rescate, promoción y conservación de la memoria histórica, la identidad comunitaria y la protección de los bienes comunes de su comunidad (agua, tierra y ambiente), incluyendo la defensa del territorio y medio ambiente ante los efectos negativos de la minería metálica en el país. Miguel Ángel Gámez es el ex directivo comunal e integrante de la Asociación de Desarrollo Comunal - ADESCO “Santa Marta”. Ha trabajado activamente en la gestión y promoción de proyectos de infraestructura comunitaria, así como en la defensa de los bienes comunes de su comunidad, incluyendo la defensa al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, libre de actividades que puedan causarle daño. Pedro Rivas Laínez es integrante de la cooperativa “Nueva Heroica Santa Marta”. Ha trabajado activamente como defensor del derecho al territorio y bienes comunes de su comunidad contra los efectos negativos de la minería metálica.
Antonio Pacheco es un defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES), así como el principal impulsor del desarrollo comunitario y la protección del medio ambiente en la región. Fue uno de los principales promotores de la campaña para la prohibición de la minería metálica en El Salvador en favor del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado de las comunidades del país. Saúl Rivas Ortega es un defensor de derechos humanos y asesor legal de ADES Santa Marta. Ha trabajado activamente como abogado defensor de derechos humanos de las y los habitantes de la comunidad de Santa Marta, incluyendo la defensa del derecho a un ambiente sano y equilibrado.
En la madrugada del 11 de enero de 2023, integrantes de la Fiscalía General de la República y de la policía, con el apoyo de agentes militares, detuvieron a los tres líderes de la comunidad de Santa Marta y a los dos representantes de ADES. Los cinco defensores de derechos humanos fueron acusados sin evidencia de un asesinato cometido en 1989, al final de la guerra civil salvadoreña.
El 19 de enero de 2023, el Juzgado de Paz de Victoria decretó la detención provisional por seis meses de los cinco defensores de derechos humanos. Desde ese día, los familiares no tuvieron acceso a los defensores detenidos hasta que finalmente fueron puestos bajo arresto domiciliario el 5 de septiembre 2023, mientras que la defensa legal no tuvo acceso a ellos desde el 7 de marzo de 2023 hasta que fueron trasladados para el arresto domiciliario. Adicionalmente a esta detención incomunicada, a los familiares se les negó información sobre su situación, mientras que el abogado de defensa solo recibió notificaciones del juzgado en relación a la causa penal.
Posterior a la detención, la defensa legal de los defensores de derechos humanos presentaron peticiones en un intento de cerrar la causa penal y liberarlos de prisión, incluyendo una petición de sustitución de la detención por otra medida menos lesiva. Entre sus argumentos, la defensa señaló que los defensores no presentaban un riesgo de fuga, así como puso en consideración que algunos de los detenidos sufren de enfermedades crónicas. A pesar de ello, el 8 de febrero de 2023, la petición de medidas sustitutivas a la detención fue denegada. El 14 de febrero de 2023, la defensa legal presentó una apelación a esta decisión, pero fue rechazada. Durante este periodo, el Instituto de Medicina Legal reportó ante la Corte que el estado de salud de los defensores era delicado y ordenó a las autoridades penitenciarias otorgarles tratamiento médico. Los defensores no recibieron el tratamiento médico adecuado y como resultado de ello dos fueron transferidos a un centro penitenciario hospitalario en marzo de 2023, debido a que uno de ellos estaba descompensado por un diagnóstico de diabetes, y el otro por complicaciones renales. Ambos defensores de derechos humanos se quedaron en ese centro hasta que fueron puestos bajo arresto domiciliario en septiembre.
El 16 de junio de 2023, la defensa legal presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el cual nunca fue resuelto. El 17 de junio, se presentó una petición de nulidad del proceso ante el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, esta en base a la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. La petición fue rechazada bajo alegatos de forma.
El 23 de agosto de 2023, se llevó a cabo una audiencia especial de revisión de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, en la cual se decidió que Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega fueran puestos bajo arresto domiciliario como medida sustitutiva a la prisión, así como se ordenó que se les proporcione la atención médica necesaria. En la madrugada del 05 de septiembre, los defensores de derechos humanos fueron finalmente trasladados a sus domicilios. Es en este momento que los familiares y defensa legal tomaron conocimiento del delicado estado de salud de los defensores de derechos humanos. La defensa legal ha reportado que la policía no ha cumplido con la orden judicial de llevarlos a las consultas médicas que necesitan, lo cual hizo más lento el proceso de recuperación por los daños causados por las condiciones preocupantes del establecimiento penitenciario donde permanecieron, como la mala alimentación, la falta de agua, la ausencia de medicamentos, el hacinamiento, la falta de higiene, entre otros aspectos.
El 25 de octubre, la defensa legal presentó ante el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque una petición de sobreseimiento definitivo. Esta petición fue rechazada y un recurso de apelación fue presentado ante la Cámara Penal de Cojutepeque. El 05 de diciembre, el recurso fue rechazado. A más de un año de la detención, los cinco defensores de derechos humanos continúan en arresto domiciliario, a la espera de la audiencia preliminar del proceso en su contra.
Esta situación ha ganado la atención de la Relatora Especial sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en marzo de 2023 solicitó al Estado salvadoreño información acerca del estado de los cinco defensores, así como expresó su preocupación por el uso indebido del derecho penal contra los defensores de derechos humanos con el fin de intimidar y limitar su labor de defensa, con énfasis en quienes defienden al medio ambiente de los efectos negativos de la minería. Posteriormente, el pasado setiembre, la Relatora Especial volvió a pronunciarse, solicitando que los cinco defensores de derechos humanos sean absueltos.
Por décadas, las personas defensoras de derechos humanos salvadoreñas han acompañado y movilizado a las comunidades que fueron afectadas por proyectos mineros, siendo estos proyectos a gran escala los que exacerbaron problemas ya existentes, explotando los recursos hídricos vitales para las comunidades y contaminando aún más sus territorios. Las personas defensoras de derechos humanos que se oponen a este tipo de proyectos se encuentran en una mayor situación de riesgo. A pesar de ello, las y los defensores ambientales en El Salvador celebraron una gran victoria cuando, el 29 de marzo de 2017, el gobierno aprobó por unanimidad una ley que prohíbe la minería metálica en el país.
Tanto la comunidad de Santa Marta como ADES se encuentran entre las que trabajaron activamente en la defensa del territorio de las comunidades frente a la minería metálica, contribuyendo así a la aprobación de la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica en el 2017. A pesar de ello, el gobierno salvadoreño actual busca reactivar este tipo de proyectos, lo cual se ve reflejado en las iniciativas de reforma administrativa y legislativa que incluyen a la minería metálica como actividad económica. Como resultado de ello, la comunidad de Santa Marta y ADES empezaron a reorganizar su labor pacífica comunitaria para enfrentarse a esta situación.
Front Line Defenders expresa su preocupación por el uso indebido de la ley penal contra los defensores de derechos humanos. Front Line Defenders considera que ello constituye una forma de represalia a su labor de defensa del medio ambiente y territorio comunitario, intentando así restringir su trabajo, especialmente en relación a su oposición a la minería. Las y los defensores ambientales, especialmente aquellos que luchan contra los efectos negativos de la minería en El Salvador, viven una constante situación de riesgo, siendo muchos de ellos amenazados, atacados e incluso asesinados. Front Line Defenders reitera su preocupación ante la falta de garantías judiciales en El Salvador desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022, el cual hasta la fecha continúa prorrogándose, pues supone un riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos.
Front Line Defenders insta a las autoridades de El Salvador que:
Retiren inmediatamente todos los cargos contra los defensores de derechos humanos Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega, por darse en base a su trabajo legítimo y pacífico en la defensa de derechos humanos;
Garanticen la salud física y mental de los defensores de derechos humanos Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Rivas Ortega durante su arresto domiciliario;
Garanticen que todas las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador puedan llevar a cabo su labor pacífica y legítima sin restricciones indebidas ni miedo al hostigamiento, amenazas o represalias, incluyendo el hostigamiento judicial en su contra.
m.
