Tercer allanamiento de la casa de los defensores ambientales de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle
El 14 de abril de 2022, personas desconocidas allanaron por tercera vez este mes el domicilio de los defensores ambientales de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle en la comunidad de Santa María Zacatepec del municipio de Juan C Bonilla, en el estado de Puebla. Ambos son miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT) en el municipio de Zacatepec de Hidalgo, en el estado de Morelos. Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle informaron que la policía no respondió a tiempo a la solicitud del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que había sugerido que una patrulla vigilara la casa después del primer allanamiento el 5 de abril de 2022.
Miryam Vargas Teutle es una comunicadora indígena Nahua y defensora de los derechos de las mujeres de la región Choluteca que, como integrante del FPDATMPT, trabaja en la defensa del territorio en contra del megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Varias personas integrantes del FPDATMPT se han enfrentado a distintas violaciones de derechos humanos, como acoso judicial, encarcelamiento, tortura, amenazas de muerte y asesinatos. En 2019, el defensor de derechos humanos y miembro de FPDATMPT, Zamir Flores Soberanes, fue asesinado como consecuencia de su labor de defensa pacífica del territorio de su comunidad.
El 14 de abril de 2022, personas desconocidas allanaron por tercera vez este mes el domicilio de los defensores ambientales de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle en la comunidad de Santa María Zacatepec del municipio de Juan C Bonilla, en el estado de Puebla. Ambos son miembros del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT) en el municipio de Zacatepec de Hidalgo, en el estado de Morelos. Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle informaron que la policía no respondió a tiempo a la solicitud del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que había sugerido que una patrulla vigilara la casa después del primer allanamiento el 5 de abril de 2022.
Juan Carlos Flores Solís es un defensor de derechos humanos que como parte del FPDATMPT trabaja como abogado con más de una docena de comunidades nahuas afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM) y construcciones a gran escala propuestos para la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Miryam Vargas Teutle es una comunicadora indígena Nahua y defensora de los derechos de las mujeres de la región Choluteca que, como integrante del FPDATMPT, trabaja en la defensa del territorio en contra del megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Varias personas integrantes del FPDATMPT se han enfrentado a distintas violaciones de derechos humanos, como acoso judicial, encarcelamiento, tortura, amenazas de muerte y asesinatos. En 2019, el defensor de derechos humanos y miembro de FPDATMPT, Zamir Flores Soberanes, fue asesinado como consecuencia de su labor de defensa pacífica del territorio de su comunidad.
Quienes llevaron a cabo el último allanamiento el 14 de abril de 2022, se llevaron papeles de una estantería de una habitación, una mochila con varias pertenencias y distintivos de eventos políticos, y salieron de la casa revueltos.
En 9 de abril de 2022, personas desconocidas allanaron por segunda vez el domicilio de Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle a través de la ventana de la habitación principal. En esta ocasión, tomaron el cuchillo que habían dejado sobre la cama en el anterior allanamiento del 5 de abril de 2022 pero, sin embargo, esta vez dejaron abierto el armario de Juan Carlos Flores Solís y robaron la bomba de agua de la cisterna, así como un tanque de gas del jardín.
El 5 de abril de 2022, la defensora ambiental de derechos humanos Miryam Vargas Teutle encontró la puerta de su casa abierta, la reja y el candado de la puerta rotos y señales de que habían cortado un árbol del jardín. Durante el allanamiento, dejaron un cuchillo sobre la cama donde duermen ambos defensores ambientales y robaron objetos personales como una pantalla de televisión, documentos importantes del FPDATMPT y una impresora y dejaron otros objetos de valor a la vista.
Los continuos allanamientos y la amenaza de muerte contra los defensores ambientales tuvieron lugar después de una reciente reunión entre el presidente de la República y el líder de la Asociación de Regantes del Río Cuautla (ASURCO), para finalizar la imposición del PIM y acabar con la oposición legal y social al proyecto en la región. Preocupa seriamente que estos actos de intimidación puedan extenderse a otras comunidades de defensores y defensoras de derechos humanos de la región, particularmente en el contexto del desarrollo de la campaña "Caravana por el Agua y la Vida", que tiene como objetivo denunciar el despojo y saqueo de recursos naturales que sufren las comunidades de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro. El saqueo del agua ha sido denunciado específicamente por miembros de la comunidad del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, donde crece la resistencia social contra el robo de pozos y acuíferos por parte de la embotelladora Bonafont.
Las nuevas agresiones se suman a otros hechos violentos reportados a Front Line Defenders por el FPDATMPT, tales como la intimidación a defensores y defensoras de derechos humanos por parte de la policía estatal de Puebla durante una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec el 10 de junio de 2021.
Front Line Defenders expresa su preocupación por la falta de protección por parte de las autoridades a los defensores y defensoras ambientales, así como por su seguridad y la de otros miembros del FPDATMPT y de quienes defienden pacíficamente el territorio de la comunidad. Considera que la intimidación de estas personas pretende obstaculizar su valiosa labor en defensa de los derechos ambientales y territoriales en México, y representa un patrón de violencia contra las comunidades que se oponen pacíficamente a la explotación de sus territorios.
