Ricardo Baltodano se encuentra detenido bajo régimen de incomunicación
El 11 de junio de 2019, 56 personas defensoras de derechos humanos y presas políticas fueron liberadas tras la detención injusta por el régimen de Ortega en Nicaragua. Medardo Mairena, Irlanda Jerez, Ricardo Baltodano y Amaya Eva Coppens, entre otros, recibieron "amnistías" por la aplicación de una polémica Ley Amnistía adoptada el 8 de junio de 2019.
Ricardo Baltodano fue detenido arbitrariamente en la tarde del 15 de septiembre por la policía nicaragüense. De acuerdo con la información disponible, no había ninguna orden de captura emitida por la autoridad judicial competente y se encuentra actualmente bajo regimen de incomunicación.
Ricardo Baltodano es defensor de derechos humanos y activista sindical nicaragüense. Actualmente es el Secretario General del Sindicato de Docentes de UPOLI (Universidad Politécnica de Nicaragua). Ha estado involucrado activamente en la Articulación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil, un grupo formado por activistas y organizaciones de la sociedad civil, que surgió en respuesta a la crisis política que estalló en abril de este año. Tanto Ricardo Baltodano como integrantes de su familia tienen una solicitud medidas cautelares pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a amenazas y acoso recientes. En junio de este año, dispararon contra su casa.
El 11 de junio de 2019, 56 personas defensoras de derechos humanos y presas políticas fueron liberadas tras la detención injusta por el régimen de Ortega en Nicaragua. Medardo Mairena, Irlanda Jerez, Ricardo Baltodano y Amaya Eva Coppens, entre otros, recibieron "amnistías" por la aplicación de una polémica Ley Amnistía adoptada el 8 de junio de 2019.
Las personas defensoras de derechos humanos habían sido detenidas arbitrariamente y seguían en prisión preventiva después de participar en una ola de manifestaciones políticas contra violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, la cual tuvo inicio el 18 de abril de 2018 y se convirtió en una crisis política nacional. Las fuerzas de seguridad del gobierno reprimieron desproporcionadamente a las protestas, lo que dejó 325 muertos y 2.000 heridos. Personas defensoras de derechos humanos se convirtieron en prisioneras políticas y fueron recluidas en celdas de máxima seguridad, donde enfrentaron torturas y malos tratos por parte de la policía.
El 11 de junio de 2019, 56 de estos presos políticos, incluyendo varios defensores de derechos humanos, fueron liberados de las cárceles de Nicaragua bajo la aplicación de una Ley de Amnistía aprobada el 8 de junio de 2019, por medio de un proceso expedito que duró 24 horas. El principal resultado de la ley es eliminar la responsabilidad y dar "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha", incluidos los agentes estatales acusados de violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales, comom crímenes de lesa humanidad. Hasta este momento, 86 personas permanecen detenidas arbitrariamente, y se espera que sean liberadas en las próximas semanas bajo la misma ley.
De acuerdo con la Ley de Amnistía, se suspendieron los procesos de criminalización iniciados contra 760 personas defensoras de derechos humanos y activistas por su participación en manifestaciones. No obstante, el artículo 3 de la ley establece “garantías de no repetición”, en una clara amenaza para personas defensoras y activistas, ya que cualquier actividad que pueda interpretarse como protesta política reanudará sus procesos de criminalización, incluidos nuevos cargos. Las amenazas contra personas defensoras contenidas en el artículo 3 fueron apoyadas por el presidente del Parlamento, que elogió públicamente la existencia de este artículo como una "advertencia" para cualquier persona que tratara de ejercer su libertad de expresión o reunión en manifestaciones públicas.
Como parte del Observatorio Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, Front Line Defenders ha denunciado la violenta represión contra personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Front Line Defenders ha destacado que más de un año después del comienzo de la crisis, la situación de los que siguen retenidos como presos políticos ha empeorado gravemente, debido a la falta de atención médica, los niveles de violencia, tortura y la falta de condiciones dignas.
Front Line Defenders acoge con satisfacción la decisión de liberar a los y las 56 activistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo en que sigue preocupada por la aprobación y aplicación de una Ley de Amnistía general que abarca a agentes estatales que han sido denunciados como responsables por violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad. Front Line Defenders resalta la necesidad de que las autoridades nicaragüenses liberen incondicionalmente y desestimen todos los casos contra defensores de derechos humanos en el país, les otorguen una reparación total por las violaciones que sufrieron y persigan justicia ante las partes responsables. Además, Front Line Defenders condena la aplicación de una amnistía general que incluya agentes estatales sobre los cuales penden acusaciones de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
Ricardo Baltodano fue detenido arbitrariamente en la tarde del 15 de septiembre por la policía nicaragüense. De acuerdo con la información disponible, no había ninguna orden de captura emitida por la autoridad judicial competente y se encuentra actualmente bajo regimen de incomunicación.
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El defensor de los derechos humanos acababa de regresar de una protesta contra el gobierno nicaragüense, cuando aproximadamente 30 agentes de la Policía Nacional llegaron a su casa en la colonia San Antonio para arrestarlo. Primero logró escapar, pero luego fue detenido en la casa de un vecino.
Su detención se produce en un contexto de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el país, en particular hacia quienes han participado de manera activa en las protestas desde que comenzó la crisis. En la tarde del 10 de septiembre, la defensora de los derechos humanos, Amaya Eva Coppens, fue detenida arbitrariamente por fuerzas paramilitares del gobierno en la ciudad de León. Actualmente se encuentra detenida bajo régimen de incomunicación junto con otros líderes y activistas estudiantiles nicaragüenses: Edwin Carcache Dávila, Yubrank Suazo, Byron Estrada, Luis Quiroz, Nahiroby Olivas, Juan Pablo Alvarado, Levis Rugama, Yaritza Mairena y Victoria Obando. Varios de ellos y ellas han sido objeto de acoso y amenazas previas a su detención.
Front Line Defenders expresa profunda preocupación por la detención arbitraria de Ricardo Baltodano y de las y los demás líderes y activistas estudiantiles. Además, condena el patrón de hostigamiento y las amenazas seguidas por detenciones arbitrarias, dirigidas a quienes se han pronunciado de manera abierta y han participado activamente con respecto al contexto de violaciones de derechos humanos y represión en Nicaragua.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a que:
Liberen de forma inmediata e incondicional a Ricardo Baltdonado, y demás personas defensoras de derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos, y que retiren todos los cargos en su contra.
Llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de Ricardo Baltodano, así como la de su familia y otras personas defensoras de derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos;
Tomar todas la medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de Amaya Eva Coppens, y demás personas defensoras de derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos, consultado a los beneficiarios;
Tomar medidas para garantizar que los funcionarios públicos se abstengan de publicar comunicados o declaraciones que estigmaticen la legítima labor de las personas defensoras de derechos humanos;
Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
