Nuevas amenazas contra defensores de derechos ambientales en Tolima
El 14 de mayo de 2019, defensores de derechos humanos de COSAJUCA, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Conciencia Campesina y la UCAT, así como el Presidente del Consejo Municipal de Cajamarca, recibieron amenazas de muerte en línea. Las amenazas se relacionaban con sus actividades de derechos humanos en la promoción de una Consulta Pública con la comunidad de Cajamarca, en relación a la implementación de un proyecto minero en el área. Esta no es la primera vez que personas involucradas en la Consulta Pública han sido amenazadas.
Los colectivos y organizaciones Comité Ambiental en Defensa de la Vida - CADV (Comité Ambiental en Defensa de la Vida), Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca - COSAJUCA, la Conciencia Campesina, integrantes de la Universidad Católica de Colombia - UCAT y del Consejo Municipal de Cajamarca, se han posicionado activamente en los últimos años por la justicia ambiental y los derechos campesinos en la región de Tolima. Su movilización se da a favor de la defensa del agua y del acceso a la tierra, además de las denuncias que han hecho por las violaciones de derechos humanos resultantes de la implementación de proyectos extractivos.
El 14 de mayo de 2019, defensores de derechos humanos de COSAJUCA, el Comité Ambiental en Defensa de la Vida, la Conciencia Campesina y la UCAT, así como el Presidente del Consejo Municipal de Cajamarca, recibieron amenazas de muerte en línea. Las amenazas se relacionaban con sus actividades de derechos humanos en la promoción de una Consulta Pública con la comunidad de Cajamarca, en relación a la implementación de un proyecto minero en el área. Esta no es la primera vez que personas involucradas en la Consulta Pública han sido amenazadas.
Los colectivos y organizaciones Comité Ambiental en Defensa de la Vida - CADV (Comité Ambiental en Defensa de la Vida), Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca - COSAJUCA, la Conciencia Campesina, integrantes de la Universidad Católica de Colombia - UCAT y del Consejo Municipal de Cajamarca, se han posicionado activamente en los últimos años por la justicia ambiental y los derechos campesinos en la región de Tolima. Su movilización se da a favor de la defensa del agua y del acceso a la tierra, además de las denuncias que han hecho por las violaciones de derechos humanos resultantes de la implementación de proyectos extractivos.
El 14 de mayo de 2019, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de las organizaciones de derechos ambientales COSAJUCA, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Conciencia Campesina y UCAT, así como el Presidente del Consejo Municipal de Cajamarca, fueron objeto de amenazas de muerte en línea. A las 9:50 de la mañana, recibieron un correo electrónico con acusaciones de lucrar de manera ilegal por sus actividades de derechos humanos y de bloquear el desarrollo en Cajamarca. El mensaje contenía amenazas de muerte tales como "acabaremos uno a uno con estos […] guerrilleros" y "muerte a todos los [...] ambientalistas". Las personas defensoras de derechos humanos que promovieron la Consulta Pública también enfrentan campañas de difamación por parte de terratenientes locales, oficiales del gobierno y empresas privadas, que buscan retratarlas como activistas ilegítimas que se oponen al progreso.
El nivel de riesgo para las personas defensoras de derechos ambientales e integrantes de organizaciones de derechos humanos en Tolima ha aumentado desde el 26 de marzo de 2017, cuando tuvo lugar en Cajamarca una Consulta Pública por ellas promovida. El referéndum se refirió a la implementación del proyecto de extracción de oro La Colosa, diseñado para ser la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina. Más del 98% de las 6.000 personas consultadas votaron en contra del proyecto, hecho que efectivamente logró detener su implementación. La fuerte oposición a La Colosa se debió a la historia de los impactos destructivos de proyectos extractivos llevados a cabo en el municipio sin la previa consulta o consentimiento de sus residentes tradicionales.
El municipio de Cajamarca es parte del departamento de Tolima, que ha sido una región clave para el desarrollo de proyectos de minería en Colombia. Personas defensoras de derechos humanos y residentes de Cajamarca han exigido que el gobierno respete los resultados del referéndum y bloquee a la empresa minera para que no emprenda nuevos proyectos en el municipio. De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Nacional 136 de 1994, el gobierno nacional debe buscar la aprobación del Consejo del municipio relevante para implementar proyectos extractivos que podrían afectar significativamente el uso de la tierra en el área.
Personas defensoras de derechos humanos y organizaciones que denunciaron violaciones resultantes de negociaciones sobre la implementación de La Colosa han sido amenazadas en varias ocasiones. El 30 de marzo de 2017, un periodista local recibió amenazas de muerte a través de una llamada anónima. Las amenazas se vincularon a su trabajo reportando el caso ambiental contra La Colosa y ocurrieron mientras trabajaba en el proceso de Consulta Pública en Cajamarca. El 25 de marzo de 2017, integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y otras personas defensoras locales fueron amenazadas a través de un mensaje de texto que les ordenaba dejar de trabajar en contra del "proceso de desarrollo" llevado a cabo en la región por proyectos mineros.
El 15 de mayo de 2019, las organizaciones de derechos ambientales COSAJUCA, Conciencia Campesina, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, FUNMATI (Fundación para la Defensa de la Madre Tierra), y Unión Campesina, publicaron una declaración pública exigiendo el reconocimiento de la legalidad y la legitimidad de la Consulta Pública.
Personas defensoras de derechos humanos en Colombia han visto un aumento en la violencia direccionada en su contra, que a menudo resulta en asesinatos. El país tuvo más asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que cualquier otro del mundo en 2018, como se indica en el Informe de Análisis Global de Front Line Defenders.
Front Line Defenders condena las amenazas contra personas defensoras de derechos ambientales de Tolima y expresa su preocupación por el aumento de riesgo de violencia que enfrentan. Front Line Defenders también sigue preocupada por la falta de reconocimiento oficial del carácter sistemático de los delitos contra personas defensoras de derechos humanos, que a menudo ocurren con la participación, autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, lo que refuerza los altos niveles de impunidad con relación a violaciones contra defensoras y defensores.
