Detención arbitraria, ataque y criminalización de Tommy Morales

El 8 de septiembre de 2017, las personas defensoras de derechos humanos Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales fueron agredidas por agentes de policía y arbitrariamente detenidas mientras prestaban apoyo a estudiantes detenidos/as en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Honduras - UNAH, en Tegucigalpa.

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Hedme Castro es la Coordinadora General de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa). Ariel Díaz es Coordinador General de la Juventud por la Defensa de los Derechos Humanos. Carlos del Cid es miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos. Tommy Morales es periodista y integrante de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos – ASOPODEHU.

El 8 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, la policía ejecutó una orden de desalojo en la UNAH, donde un grupo de estudiantes ocupaba pacíficamente varios edificios. Más de 500 agentes de policía llevaron a cabo un bloqueo del campus universitario. Varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos acudieron a la UNAH para tratar de mediar la situación y mostrar su apoyo a los/as estudiantes. Después de negociar con las autoridades, Hedme Castro, Ariel Díaz y un estudiante pudieron entrar en el recinto universitario en una minivan, junto con integrantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), para monitorear la situación.

Carlos del Cid y Tommy Morales, que ya se encontraban en la Universidad, se unieron a Hedme Castro, Ariel Díaz, y a los/as integrantes de CONADEH. Cuando el grupo estaba a punto de salir de la universidad, trataron de ayudar a un grupo de siete estudiantes que estaban atrapados en un edificio bloqueado y habían sido privados/as de agua y comida durante varias horas. Después de un intento fallido por parte de los/as defensores/as de derechos humanos de mediar por la liberación de los/as estudiantes, el grupo de estudiantes decidió saltar por la ventana y entrar en la minivan. La policía rodeó la minivan e impidió que sus integrantes saliesen y, a las 15:00, abrió por la fuerza las ventanas del vehículo y roció spray de pimienta en su interior. Las personas fueron arrastradas fuera de la minivan, golpeadas y rociadas con spray de pimienta a sus caras por la policía. Los/as integrantes de CONADEH fueron posteriormente escoltados/as por la policía. Las personas defensoras de derechos humanos y ocho estudiantes fueron llevados/as a la policía en Colonia Kennedy, pero posteriormente fueron puestos/as en libertad. Hedme Castro fue liberada sin cargos, mientras que Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales enfrentan acusaciones de encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado, y los/as ocho estudiantes enfrentan acusaciones de usurpación por detención. Las personas defensoras de derechos humanos y los/as estudiantes que enfrentan a cargos tienen una audiencia ante un juez el 21 de septiembre.

Desde el año 2014, cuando la UNAH aprobó varios cambios en sus reglamentos internos, el movimiento estudiantil ha participado en protestas pacíficas generalizadas contra las restricciones al derecho a la educación. Estas han recibido una respuesta violenta de las autoridades gubernamentales y universitarias, entre ellas el uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, criminalización y campañas de difamación contra estudiantes y sus partidarios/as.

En repetidas ocasiones Front Line Defenders ha informado sobre el contexto violento en el que trabajan los/as estudiantes defensores/as de derechos humanos en Honduras. El 23 de junio de 2017, Roberto Antonio Gómez fue asesinado. Él era el padre del estudiante y defensor de derechos humanos Andy Johan Gómez Jerónimo, y en las semanas anteriores a su muerte había estado activo en la denuncia de la represión a los/as estudiantes de la UNAH por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El 20 de julio de 2016, en el contexto de una ola de protestas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR) medió un acuerdo por medio del cual las autoridades acordaron poner fin a los procedimientos penales contra estudiantes, pero dicho acuerdo no ha sido respetado. La Oficina de la ONU en Honduras emitió una declaración enfatizando “su grave preocupación por el fallo condenatorio emitido por el delito de usurpación, considerando que (...) la utilización de este tipo penal en contextos de criminalización de la protesta social presenta graves problemas a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos”.

Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con un comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el Relator Interamericano sobre Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez, el Gobierno de Honduras "debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”. Front Line Defenders reportó que al menos 33 defensores/as de derechos humanos fueron asesinados/as en 2016. En una visita oficial al país el 28 de julio de 2017, Andrew Gilmour, Secretario General Adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, enfatizó "la necesidad primordial de aumentar la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras".

Front Line Defenders condena la detención ilegal, el ataque y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales, así como otros/as estudiantes universitarios/as en Honduras, ya que cree que las acciones contra ellos/as están directamente relacionadas con su trabajo en favor de los derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Honduras a:

1. Retirar inmediatamente todas las acusaciones contra Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales, así como contra todos/as los/as demás estudiantes universitarios en Honduras, ya que se cree que se originan únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;
2. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques contra Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales, así como otros/as estudiantes universitarios/as en Honduras, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;
3. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos del Cid y Tommy Morales, así como de otros/as estudiantes universitarios/as en Honduras;
4. Abstenerse de hacer un uso indebido del sistema judicial para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos;
5. Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera.