Campaña continuada de intimidación, hostigamiento y persecución contra defensores de los derechos humanos - 2011

Front Line manifiesta su profunda preocupación ante información recibida sobre una campaña continuada de intimidación, hostigamiento y persecución contra un grupo de defensores de los derechos humanos, orquestada por actores estatales y no estatales, la cual no estaría siendo adecuadamente investigada por las autoridades colombianas. A pesar de la intensificación de la campaña de presión de grupos paramilitares en los últimos meses, las autoridades no han logrado llevar ante la justicia a los responsables de tales actos. Recientemente, Front Line ha recibido información sobre planes de asesinato y amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos de la región de Valle del Cauca, Colombia.

El 24 de agosto de 2011, se hizo público que dos guardias de la prisión de Tramacúa en Valledupar, Departamento del Cesar, habían proporcionado un puñal a un prisionero para que atacara a Iván Cepeda Castro, congresista y miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), mientras éste último efectuaba una visita a la prisión, el 22 de mayo de 2011. El recluso en cuestión, rehusó llevar a cabo el ataque y en su lugar, redactó una carta explicando detalladamente los planes para asesinar a Iván Cepeda Castro y se la entregó durante otra visita a la prisión el 13 de junio de 2011. Dicha carta fue también enviada al director de la prisión, al Ministro del Interior y al Fiscal General. Se cree que la carta incluye los nombres de los guardias implicados. A pesar de existir cámaras de vigilancia en el establecimiento penitenciario, las grabaciones de las fechas relevantes han sido borradas. El recluso ha sido trasladado a otra prisión.

Según la información recibida, en los últimos meses se han realizado numerosos llamamientos solicitando el cierre de la prisión de Tramacúa, a raíz de denuncias por abusos y trato denigrante de los reclusos por parte de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Iván Cepeda Castro ha jugado un papel crucial en las demandas de cierre de la prisión de Tramacúa en razón de dichas denuncias y de información que indicaría que las condiciones en la prisión son particularmente precarias.

El 23 de agosto de 2011, aproximadamente a las 9:30 pm, los defensores de derechos humanos Walter Agredo Muñoz, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), y Martha Giraldo, Secretaria de MOVICE – Capítulo Valle del Cauca, recibieron sendos mensajes de texto en los que se leía: “morirán los comunistas disimulados de FARC Nomadesc, CUT, Ecate, Sintraunicol, PCN, Indios perros, MOVICE, presos politicos. Águilas negras nueva generación tres días en alianza para exterminarlos”. El número desde el que fue enviada esta amenaza ha sido puesto en conocimiento de Front Line.

Estas amenazas son consideradas somo parte de la campaña en curso contra defensores de los derechos humanos orquestada por grupos paramilitares, concretamente las Águilas Negras, en la región del Valle del Cauca. La Policía Nacional, el Seccional de Policía Judicial e Investigación (SIJIN), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), así como el Fiscal General y otros órganos de seguridad han sido informados debidamente de estos hechos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido imputación alguna por las violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos.

El 22 de agosto de 2011, el ex Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez acusó a la periodista colombiana Claudia Julieta Duque y al corresponsal para la región Andina del Washington Post, Juan Forero, de ser simpatizantes de terroristas y cómplices de las guerrillas izquierdistas. Dichas acusaciones infundadas, vinieron precedidas de la publicación el 21 de agosto de 2001 de un artículo en el Washington Post en el que relataba la presunta implicación del entonces Presidente Uribe en acciones ilegales ejecutadas mediante el DAS y con la colaboración de los Estados Unidos.

En este sentido, desde 2010, Front Line ha publicado numerosos llamamientos urgentes en relación a violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, los responsables de tales actos no han sido llevados ante la justicia. A continuación presentamos de forma sucinta los mencionados llamamientos:

Llamamiento de 29 de agosto de 2011: Príncipe Gabriel González Arango, estudiante activista y Coordinador Regional del CSPP, fue arrestado el 18 de agosto de 2011 en la ciudad de Pamplona y se encuentra actualmente detenido en la prisión de la misma ciudad, condenado a siete años de prisión bajo cargos fabricados de rebelión y asociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Llamamiento de 23 de agosto 2011: José Alexander Fandiño Romero, Director General de la sección de derechos humanos de la Fundación Misionera Corazones de Jesús, María y José (FMCJMJ), beneficiario de medidas de protección inadecuadas.

Llamamiento de 18 de julio de 2011: En los últimos meses, varios defensores de derechos humanos que trabajan en el departamento de Arauca, así como miembros de la organización indígena de los pueblos U'wa y la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de Arauca (ASCATIDAR), se han convertido en objeto de una investigación penal, iniciada por la Interpol, por sus presuntos vínculos con el grupo de oposición armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Llamamiento de 6 de julio de 2011: El defensor de derechos humanos y periodista Gonzalo Guillén ha sido falsamente acusado por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar vinculado a las FARC. Gonzalo Guillén es un periodista independiente, antiguo corresponsal de El Nuevo Herald de Miami y en la actualidad, consejero del periódico El Universo de Guayaquil (Ecuador) y presidente del Instituto Prensa y Sociedad – Colombia. Gonzalo Guillén ha participado durante años en la investigación y documentación de crímenes presuntamente cometidos por miembros del ejército colombiano y a consecuencia de las amenazas recibidas, ha tenido que abandonar el país en varias ocasiones durante largos periodos de tiempo.

Llamamiento de 9 de junio de 2011: Los defensores de derechos humanos, Jenny Torres, Martha Giraldo y Julio Cesar Rosero, recibieron amenazas de muerte el 7 y el 2 de junio de 2011. Jenny Torres y Martha Giraldo son miembros del Capítulo Valle del Cauca del MOVICE, y Julio Cesar Rosero es el representante jurídico de Jenny Torres en el proceso judicial en curso contra varios funcionarios militares por el asesinato en el 2007 del marido de esta, Edinson Yimel Villanueva.

Llamamiento de 30 de mayo de 2011: El periodista Nelson Orrego, quien trabaja para Periferia Prensa Alternativa desde 2009 y que ha llevado a cabo investigaciones y publicado varios artículos sobre víctimas de crímenes cometidos por paramilitares y grupos de narcotraficantes, recibió una amenaza de muerte por correo electrónico en su puesto de trabajo el 21 de mayo de 2011.

Llamamiento de 24 de mayo de 2011: Candelaria Barrios Acosta miembro del MOVICE – Capítulo Sucre y hermana de Jesús Barrios Acosta, quién fue asesinado por estructuras paramilitares el 15 de noviembre de 2006, así como Ingrid Vergara Chavéz, vocera del MOVICE – Capítulo Sucre, Pedro Geney, también miembro del MOVICE y Franklin Torres, miembro del MOVICE y de la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos del Departamento de Sucre (ASOTRACDES), reciben amenazas de muerte.

Llamamiento de 20 de mayo de 2011: El 13 de mayo de 2011 la vivienda del defensor de derechos humanos Danilo Rueda en Bogotá fue allanada y se robaron varias tarjetas de memoria conteniendo información sensible y confidencial relativa a violaciones de derechos humanos y a su trabajo de protección de los derechos humanos. Danilo Rueda es el Coordinador Nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), una organización de derechos humanos conformada por creyentes de diferentes confesiones religiosas cristianas que trabaja en la denuncia de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y paramilitares en zonas de conflicto en Colombia. Varios miembros de la organización, incluido Danilo Rueda, han sido en el pasado víctimas de amenazas de muerte y otros actos de intimidación como resultado de su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Llamamiento de 20 de abril de 2011: El domicilio de la defensora de derechos humanos y activista de derechos a la tierra, Zoraida Hernández Pedraza, fue objeto de un intento de ingreso forzado, perpetrado por dos hombres no identificados en momentos en que ella se encontraba en compañía de su familia. Zoraida Hernández Pedraza es la Presidenta de la Corporación Sembrar, una organización dedicada a trabajar por la defensa de territorios y de restitución de tierras en Colombia y es vocera de varias organizaciones de derechos a la tierra. Es además vocera del MOVICE.

Llamamiento de 21 de febrero de 2011: Un correo electrónico conteniendo amenazas de muerte fue enviado a varios periodistas y defensores de derechos humanos, incluyendo a Claudia Duque, Eduardo Márquez, Hollman Morris, Daniel Coronell, Marcos Perales Mendoza y a numerosas organizaciones de derechos humanos, entre las que figuraban el MOVICE y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).

Llamamiento de 17 de diciembre de 2010: Martha Lucia Giraldo (Secretaria del MOVICE), Cristina Castro (CSPP – Valle de Cauca), Berenice Celeyta (Directora de la Asociación Para la Investigación y Acción Social – Asociación NOMADESC) y Aída Quilcué (ex Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC), recibieron numerosas amenazas de muerte después de un acto publico celebrado en el Valle de Cauca por conmemorar el 61° aniversario del Día Internacional de los Derecho Humanos el 10 de diciembre de 2010.

Llamamiento de 17 de noviembre de 2010: Carolina Rubio Esguerra, jefa de Seccional Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y miembro de MOVICE, fue detenida por agentes de la SIJIN en la ciudad de Bucaramanga el 16 de noviembre de 2010.

Llamamiento de 21 de septiembre de 2010: Planes de asesinar a un abogado de los derechos humanos quién trabaja con la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR).

Llamamiento de 17 de septiembre de 2010: Detención de David Rabelo Crespo, Secretario de la Junta Directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) y miembro del MOVICE.

Llamamiento de 10 de agosto de 2010: Judith Maldonado Mojica, Directora de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), fue objeto de una violenta agresión durante la cual fue amenazada de muerte y se le sustrajeron su bolso junto con materiales relacionados a su trabajado.

Llamamiento de 30 de julio de 2010: Marta Díaz, presidenta y fundadora de la Asociación de Familiares Unidos por un Solo Dolor (AFUSODO) y miembro del MOVICE fue objeto de amenazas de muerte e intimidación, a través de una carta y un correo electrónico recibidos el 24 de julio de 2010.

Llamamiento de 1 de junio de 2010: Berenice Celeyta, Luz Marina Palacios, John Freddy Poso y miembros del CSPP, amenazados de muerte.

Llamamiento de 26 de mayo de 2010: Asesinato del defensor de los derechos humanos Rogelio Martínez, miembro del Capítulo Sucre del MOVICE el 18 de mayo de 2010 en San Onofre, Sucre.

Llamamiento de 22 de abril de 2010: Más de 60 organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos individuales que operan en varias regiones del país y entre los que se encuentran MOVICE, Fundación Desarrollo y Paz (FUNDEPAZ) y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, reciben amenazas de muerte firmadas por el grupo paramilitar Los Rastrojos.

Llamamiento de 30 de marzo de 2010: Clodomiro Castilla Ospina, editor y redactor de la revista local El Pulso del Tiempo y reportero del Bloque Informativo en la radio Voz de Montería fue asesinado a tiros en Montería, norte de Colombia, el 19 de marzo de 2010.

Llamamiento de 17 de febrero de 2010: Bayron Ricardo Góngora Arango y otros trabajadores de la Corporación Jurídica Libertad objeto de un incremento en el nivel de amenazas, intimidación y persecución judicial.

Llamamiento de 9 de febrero de 2010: Ingrid Vergara y Juan David Díaz Chamorro, portavoz y miembro del MOVICE respectivamente, víctimas de repetidas amenazas y Ingrid Vergara sufre un intento de asesinado el 5 de febrero de 2010.

Llamamiento de 8 de febrero de 2010: Miembros de la Corporación Sisma Mujer amenazados por un grupo paramilitar colombiano.

Front Line considera que los arriba mencionados defensores de los derechos humanos han sido victimizados únicamente como consecuencia de su legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos. Altos cargos del gobierno, incluido el Presidente, continúan realizando declaraciones públicas sugiriendo vínculos entre defensores de los derechos humanos y grupos guerrilleros, en lo que puede interpretarse como un intento de desacreditar el rol y el trabajo legítimo y pacífico de los defensores de los derechos humanos. Este tipo de declaraciones incrementan el riesgo enfrentado por los defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo, los defensores de los derechos humanos en Colombia continúan siendo amenazados por los mismos grupos guerrilleros y por estructuras paramilitares. Front Line manifiesta su profunda preocupación ante el alto nivel de impunidad existente en Colombia, particularmente en relación a crímenes perpetrados contra defensores de derechos humanos. Éstos últimos son a menudo doblemente victimizados, por actores estatales y no estatales, y en consecuencia operan bajo circunstancias de alto riesgo.

Front Line urge a las autoridades en Colombia a que:

1. Lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas de todos las violaciones cometidas contra defensores de los derechos humanos en Colombia, con el fin de hacer públicos los resultados de dicha investigación y llevar a los responsables, directos e intelectuales, ante la justicia de conformidad con los estándares legales internacionales;

2. Garantices que todos los agentes públicos se abstengan de realizar acusaciones infundadas en relación a presuntos vínculos con organizaciones ilegales, contra los defensores de los derechos humanos en Colombia;

3. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de todos los defensores de derechos humanos que trabajan en Colombia;

4. Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores de los derechos humanos en Colombia puedan desarrollar sus actividades legítimas en el ámbito de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de toda restricción, incluido el hostigamiento judicial.

La defensora de derechos humanos Candelaria Barrios Acosta recibió una amenaza de muerte el 20 de mayo de 2011. Candelaria Barrios Acosta es miembro del Capítulo Sucre del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y hermana de Jesús Barrios Acosta, quién fue asesinado por estructuras paramilitares el 15 de noviembre de 2006. El día anterior, Ingrid Vergara Chavéz, vocera del MOVICE Capítulo Sucre, Pedro Geney, miembro del MOVICE Capítulo Sucre y Franklin Torres, miembro del MOVICE Capítulo Sucre y de la junta directiva de la Asociación de Trabajadores Agropecuarios y Campesinos del Departamento de Sucre (ASOTRACDES) también recibieron amenazas de muerte.

El 20 de mayo de 2011, aproximadamente a las cinco de la tarde, Candelaria Barrios Acosta recibió el siguiente mensaje en su celular: “Le aviso escuche un plan para matar a los que hablan TU Y TU SOBRINO HAY 20 MILLONES PARA HACER LA VUELTA VAYANSE”. El día 19 de mayo de 2011, Ingrid Vergara Chavéz, Pedro Geney y Franklin Torres recibieron un correo electrónico firmado por un grupo autodenominado Fuerza Anti Guerrilla que contenía amenazas de muerte. Previamente, el 17 de mayo de 2011, habían presentado ante la Alcaldía de Ovejas un requerimiento judicial en nombre del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, MOVICE Capítulo Sucre y los campesinos de la finca La Europa, a favor de estos últimos, pidiendo a las autoridades locales que desalojaran al personal de la empresa Arepas Don Juancho que había invadido la finca en 2008 y se había quedado allí desde entonces.

El 20 de marzo de 2011, Candelaria Barrios Acosta, su sobrino, Franklin Torres e Ingrid Vergara Chavéz, asistieron a una reunión de concertación en la Alcaldía de Ovejas. En dicha reunión también estaban presentes campesinos de la finca La Europa, la Policía Nacional, autoridades locales y miembros de la Seccional de Policía Judicial e Investigación (SIJIN). Durante el trascurso de la reunión miembros de la SIJIN empezaron a sacar fotos de los asistentes. Los miembros del MOVICE expresaron sus objeciones ante el modo en que les estaban fotografiando en lo que parecía ser un intento camuflado de ficharles. Ante esta queja, el Alcalde de Ovejas alegó que las cosas habían cambiado y que su intención no era la de fichar a los participantes y prosiguió acusando a algunos miembros de la organización MOVICE de tener conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel, miembro del MOVICE, fue asesinado por paramilitares. El 17 de mayo de 2011 alguien que conocía a uno de los presuntos asesinos de Eder Verbel dijo a un conocido de las familia de éste, que le iban a envenenar. El 16 de mayo de 2011, Jakeline Moguea y Adolfo Verbel, ambos miembros del MOVICE Capítulo Sucre y beneficiarios de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fueron advertidos por un miembro de la Infantería de Marina de que no era conveniente que salieran de su casa ya que se había recibido información indicando que alguien que habían recibido amenazas en el pasado iba a ser asesinado en los próximos días. El día 17 de mayo de 2011, miembros de la familia Verbel, varios de los cuales son parte del MOVICE, encontraron al perro de la familia envenenado en su casa en la municipalidad de San Onofre.

Front Line considera que las amenazas de muerte y los actos de intimidación dirigidas a miembros del MOVICE están directamente relacionadas con su trabajo en defensa de los derechos humanos y en particular con el trabajo del MOVICE en favor de las víctimas de crímenes de Estado. Front Line considera que estas amenazas forman parte de un patrón de difamación, amenazas, hostigamiento y ataques continuados contra MOVICE y manifiesta su grave preocupación por la seguridad de los miembros del movimiento.

Front Line insta a las autoridades en Colombia a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte contra los defensores de derechos humanos Candelaria Barrios Acosta, Ingrid Vergara Chavéz, Pedro Geney y Franklin Torres con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

Inmediatamente adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los mencionados defensores de derechos humanos así como de todos los miembros del MOVICE;

Aseguren que en toda circunstancia todos/todas los/las defensores/as de los derechos humanos en Colombia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción.